Brutalidad policial generó ola de protestas; hay 5 muertos en Bogotá

La muerte del abogado de 44 años Javier Ordóñez, la madrugada de este miércoles, tras ser agredido por dos uniformados de la Policía de Bogotá con una táser, hace recordar al grafitero Diego Felipe Becerra, asesinado el 19 de agosto del 2011, y a Dilan Cruz, quien murió el 25 de noviembre del año pasado en medio de una protesta. Los tres perdieron la vida durante procedimientos de miembros de la institución.

Este año se han registrado en la capital otros hechos que ponen en duda los protocolos que usan los uniformados para atender distintas situaciones. El 3 de julio, el joven Kevin Ávila, de 23 años, murió después de recibir un disparo de un agente, en medio de una requisa en el barrio El Amparo, de Kennedy. Esto es materia de investigación.

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También fue víctima del uso excesivo de la fuerza un vendedor ambulante de la tercera edad, el 20 de mayo. Y varias mujeres trans denunciaron que en la madrugada del 20 de junio, en la calle 22 con Caracas, agentes las golpearon y les dispararon con balines.

La alcaldesa Claudia López habló fuerte sobre el tema, al manifestar que el caso de Javier “no es un hecho aislado; hay una conducta, no diría sistemática pero sí recurrente, de casos de violencia y abuso policial”. La mandataria señaló que la Alcaldía tiene conocimiento de 137 denuncias de hechos de este tipo ocurridos en lo corrido del año, de los cuales la Metropolitana afirma tener conocimiento de apenas 38.

“Quisiera proponer que trabajemos en conjunto la reforma legal que sea necesaria para abordar el problema estructural de casos recurrentes de abuso policial”, dijo López, quien agregó que uno de los aspectos que deberían cambiar es que la institución se vigila a sí misma. Y también habría que mejorar los procesos de incorporación, inducción y entrenamiento, opinó.

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La indignación que generó la muerte de Ordóñez llevó a cientos de personas a manifestarse ayer en Bogotá, Cali y Medellín. En la capital se presentaron disturbios graves, sobre todo en las localidades de Bosa, Suba, Kennedy y Engativá. Fuentes de la Policía le confirmaron a EL TIEMPO que, hasta las 10 p. m., 27 CAI fueron vandalizados y otros 12 incendiados.

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Además, 21 uniformados resultaron con lesiones de consideración, mientras que un vehículo y un bus de TransMilenio fueron incinerados. Desde un Puesto de Mando Unificado liderado por el presidente Duque y el ministro de Defensa, la alcaldesa Claudia López hizo un llamado a la ciudadanía a “mantener la serenidad y no usar violencia. Igualmente a la Policía a ceñirse al ejercicio legítimo de sus funciones”.

Uno de los CAI vandalizados fue el del barrio Villa Luz, hasta donde llevaron a Javier Ordóñez después de la agresión. De ese lugar, según testigos, el abogado salió en pésimas condiciones al hospital Santa María del Lago, donde falleció.

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Según Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas Para la Paz (FIP), estas agresiones de la Policía son un comportamiento constante desde hace tiempo. Y culpa de eso, entre otras razones, a que la institución tiene una gran concentración de poder y a que se vigila a sí misma. “Tenemos una Policía Nacional que es de vigilancia, judicial, de inteligencia, ella sola tiene las tres ramas; es policía antinarcóticos. La Policía está en todas partes. Esa estructura hay que cuestionarla, es exceso de poder en una institución”, argumentó .

El presidente Iván Duque rechazó lo ocurrido durante un conversatorio a propósito del Día Nacional de los Derechos Humanos, que se celebró este miércoles. “Todos como sociedad debemos exigir cero tolerancia con abusos de los derechos humanos por parte de miembros de la Fuerza Pública”, expresó.

Por su parte, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recordó que “todo uso excesivo de la fuerza que desconozca los principios internacionales de legalidad, necesidad, razonabilidad y proporcionalidad debe ser investigado, juzgado y sancionado de manera oportuna e independiente”.

Para Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, uno de los factores que generan estos abusos es la falta de capacitación. “La resolución 2903 del 2017 habla de una de una reinducción, de un constante proceso de capacitación para el uso de la fuerza y no solo en usar un dispositivo como la táser, sino en cuáles son los límites y consecuencias civiles que existen para esas acciones”, señaló.

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Añadió que es importante analizar las condiciones en las que están trabajando los policías, y explicó que cada día ocho resultan heridos en medio de su jornada laboral en el país, y que la sobrecarga de trabajo, especialmente durante la pandemia, pasa su cuenta.

La Policía Metropolitana se pronunció a través del coronel Necton Lincon Borja, el comandante operativo, quien enumeró las acciones frente a este hecho: “Suspender de la actividad operativa y pasar a administrativo a los policiales inmersos en los hechos, colaboración con la Fiscalía, que asume la investigación, y acompañamiento a la familia”. El oficial añadió que se garantiza la total transparencia y se deja que la Fiscalía y las unidades de investigación adelanten las pesquisas.

REDACCIÓN BOGOTÁ
EL TIEMPO