Las imágenes en las que se ve que miembros de la Policía golpean a un joven en el centro de atención especializada Ipsicol de Bogotá, más conocido como El Redentor, puso en evidencia la grave situación que se está presentando en este lugar y va más allá del rechazo de varias entidades y organizaciones que reprochan la agresión que ha desencadenado el retiro de siete uniformados que estarían involucrados en el hecho.
Según lo declarado por el general Ricardo Alarcón, comandante (e) de la Metropolitana de Bogotá, la situación se generó después de presentarse un intento de fuga en el que dos policías resultaron agredidos con arma blanca el pasado 28 de septiembre.
De hecho, en lo que va del año se han reportado 77 intentos de evasión de este centro de reclusión y 20 motines, según los registros de la Policía Metropolitana.
Este sitio es administrado por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) a través de la gestión de tres operadores, y aunque aún no se ha informado sobre la cantidad de jóvenes que se encuentran hoy recluidos, se sabe que el lugar cuenta con dos ‘pabellones’: uno para menores de edad con 400 cupos para hombres y 27 para mujeres y otro para mayores de edad (donde ocurrió la agresión) con una capacidad para 56 adultos.
Los operadores, en lo que va del 2018, han solicitado el apoyo de la Policía de Bogotá en 35 ocasiones por situaciones de riesgo inminente. Además, 177 jóvenes se han evadido de las instalaciones, 168 de los cuales han sido recapturados por las autoridades.
Ante este panorama, la directora del ICBF, Juliana Pungiluppi, señaló que se hace necesario evaluar el Código de Infancia y Adolescencia en relación a los adolescentes que cumplen la mayoría de edad en privación de la libertad.
“Se estudiará la posibilidad de brindar a estos jóvenes un tratamiento diferenciado. El principio restaurativo y pedagógico del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente no resulta suficiente para el tratamiento de los adultos que incurran en conductas sancionables”, expresó Pungiluppi, quien ayer en la mañana visitó el centro de reclusión.
De otro lado, los secretarios de Seguridad de las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena, en un reciente encuentro en la capital, hicieron un llamado al Gobierno Nacional para que se replantee la manera como operan estos centros. En definitiva, solicitaron que estos lugares pasen de manos del ICBF a los gobiernos locales.
Según Andrés Nieto, experto en seguridad de la Universidad Central, los problemas en estos centros de reclusión han sido advertidos por la Defensoría del Pueblo desde el año 2012.
“Para entender lo que viene pasando en El Redentor y otros centros de transición de jóvenes en conflicto con la ley, se debe primero reconocer que en promedio, estos centros superan hasta en 60 cupos lo que está autorizado para la atención integral. La Defensoría del Pueblo y otros organismos han emitido alertas sobre las condiciones limitantes que se han dejado de tener en cuenta en estos centros de atención: hay problemas de salud pública, hacinamiento y agresiones”, sostuvo Nieto.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Juliana Pungliluppi, visitó las instalaciones del centro de atención para conversar con los jóvenes que se encuentran en el lugar.
Después de su recorrido afirmó que dentro del Instituto se adelantará una investigación sobre lo ocurrido para establecer si los protocolos ejercidos por los operadores fueron los indicados; de resultar lo contrario, anunció que se interpondrán las sanciones respectivas. Y enfatizó en la necesidad de fortalecer los programas de aprovechamiento del tiempo libre y proyectos de alfabetización en el centro de atención especializada Ipsicol.
Además, aseguró que uno de los principales problemas de este centro se enmarca en las deficiencias de infraestructura: “Vamos a revisar la posibilidad de hacer mejoras locativas a esta Institución para garantizar los procesos de resocialización de los jóvenes”.
El ICBF está adelantando una reestructuración del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, ente encargado de vigilar la aplicación del Código de Infancia y Adolescencia en los casos que requieren privación de la libertad.
Pungiluppi afirmó que una medida a largo plazo es cerrar el centro de atención para implementar programas de resocialización más efectivos. También solicitó mayor presencia de la Policía Nacional y de la Secretaría de Seguridad en la periferia del Ipsicol.
ÓSCAR MURILLO MOJICA
BOGOTÁ