Con tutela buscan que aire de Bogotá sea declarado sujeto de derechos

Con tutela buscan que aire de Bogotá sea declarado sujeto de derechos

Los ponentes aseguran que la iniciativa no es un imposible jurídico.

Calidad del aire en Bogotá

La efectividad de las acciones para mejorar la calidad del aire es uno de los temas más polémicos entre Distrito y expertos.

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Mauricio Moreno - Archivo / EL TIEMPO

Por: William Moreno Hernández
12 de octubre 2018 , 12:02 p.m.

Este 4 de octubre fue admitida una acción de tutela con la cual se busca que el aire de Bogotá sea considerado sujeto de derechos y que, como consecuencia, el Estado garantice su protección y conservación. La acción judicial fue presentada por Juan Diego Medina y Rosa Montero, miembros del colectivo Neopolitanos, un grupo de jóvenes activistas en temas ambientales, ante el juzgado 47 penal municipal de control de garantías de Bogotá.

Los ponentes presentan esta acción judicial para que se amparen sus "derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, salud y al saneamiento ambiental", pues estos, aseguran en el documento, "están siendo amenazados como consecuencia de la vulneración del derecho a gozar de un ambiente sano".

La acción de tutela fue interpuesta después de que Medina y Montero empezaran a presentar afectaciones en su salud provocadas, dicen, por la calidad del aire en Bogotá. "Estamos pidiendo el amparo de nuestro derechos fundamentales, pues empezamos a tener afectaciones respiratorias y otros problemas de salud. Todo está relacionado con la mala calidad del aire y eso está médica y científicamente comprobado", explica Juan Diego Medina, abogado y miembro del colectivo Neopolitanos.

En el documento, los ponentes aseguran que esta situación es responsabilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá por "no adoptar medidas urgentes para reducir los impactos negativos que ocasionan en nosotros, y en millones de bogotanos, la emisión de gases y materiales contaminantes producto de la combustión del diésel en los motores de los buses del servicio público de transporte".

Por eso, con esta acción judicial estos dos jóvenes buscan que la Alcaldía adopte, en un plazo máximo de 3 meses, las medidas necesarias para eliminar o reducir los impactos negativos provocados por el diésel y que, además, se implemente un sistema de monitoreo para medir en tiempo real la contaminación en las zonas donde se concentra el humo. Esto permitirá, según los ponentes, alertar a los ciudadanos para que tomen medidas de protección.

Esta tutela se conoce días después de que EL TIEMPO tuviera acceso a un informe de la Contraloría General en el cual se raja la Política de Gestión Ambiental de Bogotá y Medellín porque, según este ente de control, “no ha resultado útil como guía para mejorar el medio ambiente en los centros urbanos del país”.

Las alertas del aire en esas dos ciudades, dice el informe, permiten ver que “no se aplican con el debido alcance medidas como la reducción de fuentes fijas y móviles de contaminación, uso de combustibles eficientes, y utilización de energías alternativas”.

En caso de que las pretensiones de esta tutela prosperen, no sería la primera vez que un tribunal define como entidad sujeta de derechos a un ecosistema de Colombia. En abril de este año la Corte Suprema de Justicia lo hizo con la Amazonia y en mayo del año pasado la Corte Constitucional hizo lo propio con el río Atrato.

Por esa razón Juan Diego Medina, uno de los ponentes, comenta que aunque algunos señalan que la vía para hacer efectiva esta iniciativa es la acción popular, él y su compañera Rosa Montero acudieron a la figura de la tutela porque en casos ambientales, asegura, "hay un precedente jurisprudencial" y esto desestima el argumento sobre "un imposible jurídico".

En el caso de la Amazonia, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó a las autoridades nacionales y regionales adoptar un plan para contrarrestar la deforestación en ese ecosistema del sur del país. La decisión del alto tribunal respondió a una tutela interpuesta por Dejusticia para proteger los derechos a la vida, la salud y un ambiente sano de un grupo de 25 niños. En ese sentido, el fallo de la Corte indicó que debía construirse un 'Pacto Intergeneracional por la Vida del Amazonas Colombiano–PIVAC' con el objetivo de reducir a cero la deforestación y los gases efecto invernadero.

Entre tanto, en 2017, un fallo de tutela emitido por la Corte Constitucional dispuso reconocer al río Atrato - ubicado en el departamento de Chocó -, su cuenca y afluentes como ecosistema sujeto de derechos. La sentencia entendía al río como escenario fundamental en la vida de las comunidades que habitan esa zona del país, por lo que ordenó "garantizar su conservación y protección". 

A la espera de un fallo en los próximos días, la tutela presentada por los miembros del colectivo Neopolitanos también busca, por un lado, que se emprendan operativos permanentes para inmovilizar, o al menos multar, vehículos con certificado de revisión técnico mecánica vencida. Y por otra parte, que se adelanten estudios para medir el impacto real de la contaminación del aire en la salud de quienes viven en Bogotá, así como en las finanzas del Distrito.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
@williammoher
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