Tribunal ratifica la suspensión de decreto 565 sobre humedales

Tribunal ratifica la suspensión de decreto 565 sobre humedales

Ambiente y Acueducto dicen que no afecta obras en esos ecosistemas porque se amparan en el POT.

humedal Juan Amarillo

Una de las intervenciones más criticadas es la del humedal Juan Amarillo, que propone un sendero elevado.

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EAAB

Por: Bogotá
12 de junio 2019 , 10:22 p.m.

Ante la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de confirmar la orden del juez que suspendió la vigencia del Decreto 565 de octubre del 2017, por medio del cual se modificó la política de humedales de la ciudad, la Alcaldía tendrá que esperar un fallo de fondo sobre la legalidad de la norma

El Tribunal aseguró que la Administración expidió el 565 sin garantizar la participación de la comunidad y, por tanto, coincidió con el juez en la orden de suspender la vigencia del decreto mientras hay un fallo de fondo.

Con este decreto, la Alcaldía eliminó la prohibición del decreto 624 del 2007, que ordenó que la recuperación de los humedales “no incluyan el desarrollo de obras urbanísticas duras, tales como ciclorrutas, senderos para bicicletas, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquinados”. Para la Administración, el Plan de Ordenamiento Territorial –POT– (Decreto 190 del 2004) no establecía esa prohibición y por eso había un error en la política de humedales.

Entonces, las ciudadanas Gladys Cifuentes y Sandra Patricia Bohórquez demandaron el decreto 565 y solicitaron que se decretara una medida cautelar de suspensión. El juez cuarto administrativo de Bogotá ordenó la suspensión el 18 de diciembre del 2018, dentro del estudio de la demanda de nulidad.

La Administración apeló la suspensión, pero el Tribunal acaba de ratificar la decisión del juez, con el argumento de fondo de que la Alcaldía no garantizó la participación real de la comunidad para tomar esa medida, que no convocó el Consejo Consultivo de Ambiente.

El Tribunal le advierte a la Alcaldía que “si bien el Decreto distrital 565 del 2017 modificó la política ambiental con fundamento en que el POT, no contemplaba la prohibición de realización de obras duras” en los humedales, “tal circunstancia no autorizaba al Distrito para omitir el deber de información a la comunidad del alcance del proyecto”.

Si bien el Decreto distrital 565 del 2017 modificó la política ambiental con fundamento en que el POT, no contemplaba la prohibición de realización de obras duras

Y aunque el Distrito argumentó que había publicado el proyecto de decreto en su página electrónica y que de todas maneras ese consejo es solo consultivo, el Tribunal le recordó que es deber de la administración “instrumentar y posibilitar la participación de la ciudadanía en la adopción de decisiones sobre la materia, máxime cuando los humedales son ecosistemas de protección especial y la política pública de protección ha sido construida con la participación ciudadana y del Estado”.

La decisión judicial señala que el juez que lleva la demanda de nulidad “no señaló que el Distrito incurrió en una violación de la política ambiental de los humedales” al expedir el Decreto 565 del 2017, “sino que con la expedición de este se vulneró el derecho a la información y participación de la ciudadanía frente a las decisiones que afectan el derecho a un ambiente sano”.

Hay que recordar que en el auto que acaba de confirmar el Tribunal, el juez del caso había señalado sobre los trabajos que ya se adelantan en el humedal Juan Amarillo que en este aspecto no tiene facultades para suspender obras y por eso se abstuvo de referirse a la petición de ordenar frenar el contrato.

“El despacho –dice el juez– deberá decir que tal circunstancia desborda el estudio de legalidad del decreto 565, por lo que no es posible emitir medida cautelar sobre el particular”, no obstante, advierte que “la situación denunciada entraña una eventual vulneración de los derechos colectivos” y las demandantes pueden acudir a la acción popular. Sobre este tema el Tribunal no se pronunció.

El Acueducto aseguró que la decisión del Tribunal no afecta sus intervenciones, “pues estas no se soportan en dicho decreto sino en los usos establecidos en el POT, que es de mayor jerarquía normativa, y en los PMA de los humedales”.

Por su parte, la Secretaría de Ambiente afirmó que esto “no implica la suspensión de las obras que se vienen realizando en estos espacios de la ciudad”. Y agregó que esperará el fallo en primera instancia del juzgado para, a su vez, proceder con las acciones judiciales necesarias.

REDACCIÓN BOGOTÁ
@BogotaET
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