Considerando que deben protegerse la salud, la vida y la salubridad pública de todos los colombianos, la Subsección B de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca decretó este martes una medida cautelar ordenando el aplazamiento de las manifestaciones de este 28 de abril y el primero de mayo.
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La decisión, proferida por la sección cuarta, dice que dicho aplazamiento se deberá cumplir hasta que se implemente un protocolo o exista inmunidad de rebaño. Cabe recordar que las autoridades sanitarias han indicado que esta inmunidad se logrará cuando el 70 por ciento de la población esté vacunada.
Esta semana hay manifestaciones programadas contra el proyecto de reforma tributaria, la reforma laboral y la reforma pensional y del Día del Trabajo.
El fallo de tutela garantiza los derechos a la salud, la vida y la salubridad pública de los tutelantes, manifestantes y de los derechos de los niños, de las personas de la tercera
edad, de sus familias y de los médicos que están exponiendo sus vidas en las UCI.
La providencia señala que con estas medidas no se está limitando ni restringiendo el derecho a la protesta, sino que “se está dando primacía a la salvaguarda que el juez constitucional de tutela debe dar a todos aquellos derechos fundamentales en peligro inminente de ser violados aun cuando por las manifestaciones y el ejercicio de otros derechos fundamentales”.
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Los accionantes del recurso son Valentina Arboleda y Diego Aejandro Huérfano. El fallo fue proferido por la magistrada Nelly Yolanda Villamizar.
El fallo le ordena al presidente Iván Duque, al ministro de Defensa y al director de la Policía proceder a la elaboración de un protocolo que, "a corto plazo, incluya medidas más urgentes que garanticen el derecho de los ciudadanos a manifestarse públicamente atendiendo a la programación y otorgamiento de los respectivos permisos que han de proferir los alcaldes locales para las manifestaciones públicas a realizarse en los próximos días y meses".
La decisión también ordena a alcaldes y gobernadores suspender los permisos otorgados para la realización de las manifestaciones. El fallo se refiere puntualmente a que deja sin efecto los permisos de la Alcaldía de Bogotá, donde se esperan se presenten las mayores concentraciones.
La decisión del Tribunal también dispone la continuidad de la conformación de la
mesa de trabajo "que de manera consensuada y coordinada deberá elaborar el correspondiente documento, mediante la toma de medidas a mediano y a largo plazo que permitan remediar las causas que originan los conflictos sociales y las protestas de los ciudadanos que resultan afectados como consecuencia de las mismas.
Desde muy temprano este martes, desde distintos sectores se había pedido a los organizadores de las marchas que las aplazaran, pero ellos insistieron en realizarlas.
William Velandia, presidente de Fecode, señaló, antes de que se conociera el fallo, que si bien se tendrá en cuenta el avance de la pandemia en cada región, el paro es inaplazable: “Si el Gobierno pone mensaje de urgencia para que se apruebe un proyecto de ley nefasto como la reforma tributaria, es nuestro deber rechazarlo, y hacerlo también con carácter de urgencia”, dijo.
El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, dijo que en cumplimiento del fallo, la alcaldía procedió "con la publicación del fallo en los distintos portales de la alcaldía y la comunicación a los convocantes de los 56 plantones y marchas en la ciudad el día de mañana".
El funcionario aclaró que la alcaldía no otorga permisos para la realización de protestas, pero que en cumplimiento del fallo "se negará la solicitud de instalar una tarima y sonido en la plaza de Bolívar". Agregó que de presentarse algún tipo de plantó o movilización o alteración del orden publico, se implementara el protocolo de diálogo y de la protesta social que tiene la ciudad.
La Corte Constitucional ha reiterado que las alcaldías no tienen facultad de autorizar o prohibir la protesta social.
— Luis Ernesto Gómez👟 (@LuisErnestoGL) April 28, 2021
Damos cumplimiento al fallo del Tribunal de Cundinamarca con su divulgación y negando solicitud de centrales obreras para instalar tarima en la Plaza de Bolívar https://t.co/Zu5jPnKAaB
En el marco de la mesa distrital para el seguimiento y garantía del derecho a la protesta en Bogotá, el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, se reunió este martes con los líderes de las 43 organizaciones sociales y centrales obreras del paro nacional que se llevará este miércoles, y les reiteró el ofrecimiento de la alcaldía para que puedan disponer del Canal Capital, las redes sociales del Distrito, vallas y pasacalles en espacios públicos y otros medios alternativos, para manifestarse sin generar aglomeraciones.
La capital actualmente se encuentra en emergencia sanitaria por causa del covid-19 y las manifestaciones en las calles que generan aglomeraciones podrían complicar más situación de salud en la ciudad. En las últimas 24 horas, en Bogotá se registraron 3.825 nuevos contagios y la ocupación de las camas por covid es del 91,2 por ciento.
La magistrada Villamizar explicó esta noche que el fallo pretende proteger derechos fundamentales como "el derecho a la vida, a la salud y a la salubridad pública y el interés general", más que el derecho de la protesta, y aclaró que el auto se fundamenta en la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
"El único objetivo del auto es proteger la vida de los médicos, más que la de nuestras familias. Los médicos están pidiendo que por favor guardemos todas las medidas de bioseguridad, porque no hay camas y las UCI está colapsadas".
Dice también que no se está invadiendo la competencia del congreso ni está limitando la protesta y manifestarse públicamente. "Ese está pidiendo que quienes vayan a marchar se sometan a los protocolos de bioseguridad y que puedan estar ojalá vacunados para que no se expanda más la pandemia", señaló.
También dijo que al gobierno se le está pidiendo que se continúe con la vacunación para alcanzar la inmunidad de rebaño o que se adopten protocolos de seguridad para que los manifestantes no causen disturbios que lleven a que la Policía tenga intervenir para defender los derechos a la vida de terceros.
REDACCIÓN BOGOTÁ
