Tribunal confirmó suspensión de decreto sobre humedales

Tribunal confirmó suspensión de decreto sobre humedales

La medida judicial dice que la Alcaldía expidió la norma sin la participación real de la comunidad.

Render Acueducto

Este ‘render’ es de la obra que el Acueducto adelanta en el humedal Juan Amarillo con el puente elevado que comunicará a Engativá con Suba.

Foto:

Acueducto de Bogotá

Por: BOGOTÁ
12 de junio 2019 , 11:04 a.m.

El caso está relacionado con la expedición del decreto 565 en octubre del 2017, mediante el cual la Alcaldía eliminó la prohibición que estableció el decreto 624 del 2007 para que las obras de recuperación de los humedales “no incluyan el desarrollo de obras urbanísticas duras, tales como ciclorrutas, senderos para bicicletas, alamedas, plazoletas, luminarias y adoquinados”.

Según la Administración, el Plan de Ordenamiento Territorial –POT- (decreto 190 del 2004) no establecía esa prohibición y por eso había un error en la política de humedales de la ciudad. Entonces, las señoras Gladys Cifuentes y Sandra Patricia Bohórquez, demandaron el decreto y solicitaron que se decretara una medida cautelar de suspensión del decreto 565 del 20 de octubre del 2017.

El juez cuarto administrativo de Bogotá ordenó la suspensión de la norma el 18 de diciembre del 2018, dentro del estudio de la demanda de nulidad.

Ante la apelación de la Alcaldía, el tribunal acaba de ratificar la decisión del juez, y decidió mantener la orden de suspensión de la norma, con el argumento de fondo de que la Alcaldía no garantizó la participación real de la comunidad para tomar esa medida, específicamente que no convocó el consejo Consultivo de Ambiente.

El Tribunal le advierte a la alcaldía que “si bien el decreto distrital 565 del 2017 modificó la política ambiental con fundamento en que el POT no contemplaba la prohibición de realización de obras duras” en los humedales, “tal circunstancia no autorizaba al Distrito para omitir el deber de información a la comunidad del alcance del proyecto”.

Y aunque la Alcaldía argumentó que había publicado el proyecto de decreto en su página electrónica, y que de todas maneas ese consejo es solo consultivo, el Tribunal le recordó que es deber de la administración “instrumentar y posibilitar la participación de la ciudadanía en la adopción de decisiones sobre la materia, máxime cuando los humedales son ecosistemas de protección especial y la política pública de protección ha sido construida con la participación ciudadana y del Estado”.

El Acueducto se pronunció sobre la decisión del Tribunal y aseguró que no esta no afecta los proyectos en marcha. "No afecta las intervenciones de la EAAB, pues estas no se soportan en el decreto 565 sino en el los usos establecidos en el POT que es de mayor jerarquía normativa y en los PMA de los humedales", dijo la EAAB. 

EL TIEMPO también se comunicó con el subsecretario de Ambiente, Óscar López, quien aseguró que al estar las obras fundamentadas en el POT, la decisión del tribunal no afecta los permisos otorgados por la Secretaría de Ambiente.

La decisión del Tribunal le aclara a la alcaldía que el juez que lleva la demanda de nulidad “no señaló que el Distrito incurrió en una violación de la política ambiental de los humedales” al expedir el decreto 565 del 2017, “sino que con la expedición de este se vulneró el derecho a la información y participación de la ciudadanía frente a las decisiones que afectan el derecho a un ambiente sano”.

Ni juez ni tribunal se pronunciaron sobre obras en los humedales

Hay que recordar que en el auto que acaba de confirmar el Tribunal, el juez del caso había señalado sobre los trabajos que ya se adelantan en el humedal Juan Amarillo que en este aspecto no tiene facultades para suspender obras y por eso se abstuvo de referirse a la petición de las demandantes de que ordenara frenar el contrato que ya se ejecuta.

“El despacho –dice el juez– deberá decir que tal circunstancia desborda el estudio de legalidad del Decreto 565, por lo que no es posible emitir medida cautelar sobre el particular”, no obstante dice que “la situación denunciada entraña una eventual vulneración de los derechos colectivos” y dice que las demandantes pueden acudir a la acción popular. Sobre este tema el Tribunal no se pronunció.

REDACCIÓN BOGOTÁ

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