Entre el 2011 y el 2015, las autoridades ambientales de Bogotá incautaron 333,26 metros cúbicos de madera traficada de manera ilegal.
Esa cantidad equivale a 32 camiones llenos del recurso natural. Y hasta agosto de este año, se han decomisado 35,46.
Esas cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA) son el resultado de las acciones que han adelantado contra este delito.
Según Óscar López, director de control ambiental de la entidad, en la ciudad se concentra buena parte de la industria de transformación y comercialización de madera del país, por lo que ingresa materia prima extraída tanto por personas y empresas autorizadas como por ilegales.
“En Bogotá sí existe tráfico ilegal de madera. Ya hemos detectado los corredores por donde entra el recurso”, apunta el funcionario. Se trata de cuatro vías principales: la calle 13, la calle 80 y las autopistas Sur y Norte. También fueron identificados los sectores de comercialización: son los barrios Boyacá Real, en la localidad de Engativá; Gaitán, en Barrios Unidos, y La Estanzuela, en Los Mártires.
“Estos barrios concentran las bodegas, las comercializadoras de madera y las fábricas de muebles de Bogotá. Allí venden productos legales, pero detrás de esa actividad se esconden los que realizan el tráfico ilegal”, señala López.
De acuerdo con la Policía Ambiental, la materia prima proviene del Chocó y del sur del país, regiones con ecosistemas que los delincuentes aprovechan para extraer la madera.
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“Bogotá también es un lugar de paso para los camiones que transportan el recurso hacia otras partes del país”, explica la teniente Lady Alexandra Pinzón, jefe del grupo de protección ambiental de la institución.
López asegura que dar con las estructuras dedicadas a este delito es difícil, pues cualquier persona puede ir a un sitio boscoso con una motosierra, talar y luego vender la madera.
“Ellos identifican una especie por la que den buen dinero, la cortan, la trocean (parten en pedazos) y luego la suben a los camiones. A veces llegan a talar árboles sin ningún valor comercial, arrasando con los bosques”.
Son cuatro las especies más traficadas, según la SDA y la Policía: el cedro, el abarco, el sapán y el flormorado. Son árboles que crecen en bosques naturales. También la madera de eucalipto y pino, provenientes de plantaciones y reservas forestales, es comercializada de manera fraudulenta.
Las autoridades ambientales llevan a cabo operativos sorpresa en las principales vías, para combatir el delito. En ellos también participan la Sijín, la Dijín, la Corporación Regional de Cundinamarca (CAR) y los carabineros de la Policía. Este año se han realizado ocho en distintos puntos.
Los operativosEntre la medianoche y las 4 a. m., tiempo en el que el transporte de carga circula por la ciudad, la Policía Ambiental y la Secretaría instalan aleatoriamente un puesto de control en algunos de los principales corredores viales de la ciudad.
“A los conductores les pedimos el salvoconducto que los autoriza a llevar recursos maderables en sus camiones. El documento debe indicar, como mínimo, el lugar de donde se extrajo la madera, la especie, la cantidad que se transporta, el sitio de destino y la firma de una autoridad ambiental”, explica Pinzón.
Los ingenieros de la SDA proceden a verificar que los datos entregados correspondan a lo que se encuentra en el vehículo.
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Si existen inconsistencias, la madera debe ser decomisada y llevada al Centro de Recepción de Flora y Fauna Silvestre de la entidad. “Pero si el conductor no presenta la documentación requerida, es capturado por aprovechamiento de los recursos naturales no renovables”, señala la uniformada. A pesar de los controles estrictos que hacen las autoridades policiales, este año no se han presentado detenciones.
Otra medida adoptada por el Distrito es la implementación de un sistema de seguimiento a la industria de la madera en Bogotá. Por medio de la revisión a los libros de operaciones de carpinterías, fábricas, bodegas y demás negocios, la Secretaría conoce de dónde traen la materia prima estos establecimientos. Más de 2.800 empresas del sector se encuentran bajo vigilancia.
Los comerciantes que utilicen madera de procedencia ilegal se exponen a una pena de hasta nueve años de cárcel, una multa de 35.000 salarios mínimos legales vigentes y el decomiso de los productos y el cierre del negocio.
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