Terrorismo urbano: Del Nogal a la Escuela General Santander

Terrorismo urbano: Del Nogal a la Escuela General Santander

Hay que evaluar el estado de seguridad de las instalaciones estratégicas de la ciudad. Opinión.

Atentado en Escuela General Santander

El atentado tuvo lugar este jueves en la Escuela de Policía General Santander.

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Efe

Por: Hugo Acero
07 de febrero 2019 , 11:59 a.m.

El 7 de febrero se cumplen 16 años del atentado de las Farc al Club el Nogal que dejó 36 muertos y más de 180 heridos, atentado que se dio en medio de una oleada de hechos de terrorismo, ejecutados por este grupo a comienzos de este siglo y que son hoy recordados tras el atentado a la Escuela General Santander por parte del Eln, el pasado 17 de enero, con un saldo trágico de 21 estudiantes muertos y 68 heridos.

Dos de los hechos de terrorismo más violentos que han protagonizado las guerrillas en Bogotá. Terrorismo urbano que hoy tiene que servir a las autoridades y a los ciudadanos en general, para realizar acciones que eviten una nueva oleada de atentados, como la que se vivió entre el 2001 y 2003, en medio de la agonía y ruptura de los diálogos de paz en El Caguán, durante el gobierno de Andrés Pastrana y el primer año gobierno de Álvaro Uribe.

El objetivo estratégico era Bogotá

Las acciones terroristas de las Farc a comienzos de este siglo en Bogotá se dan en el marco de uno de los objetivos estratégicos del plan de guerra de esta organización, que era crecer y fortalecerse en Cundinamarca y en los municipios circunvecinos de Bogotá y poco a poco ir avanzando hasta lograr el objetivo final de tomarse la ciudad por asalto.

A finales de los noventa y comienzos de este siglo, lograron una presencia significativa en el Departamento con los frentes rurales 22, 25, 42, 51, 52, 53, 54, 55, 31, la columna 'Che Guevara', conformada por miembros de varios frentes y tres columnas móviles, la Manuela Beltrán, Policarpa Salavarrieta y Abelardo Romero. En Bogotá́ hacían presencia los Comandos Urbanos, las Uniones Solidarias Clandestinas y el frente Antonio Nariño. Todos actuaban con el objetivo de rodear, bloquear y realizar atentados terroristas y secuestros en Bogotá y la región.

Frente a esta situación, el Gobierno Nacional y la Alcaldía, que venían trabajando en equipo desde 1998 con la presencia permanente del consejero presidencial de seguridad en el Consejo Distrital de Seguridad, a través de la XIII Brigada, tomaron la decisión, a comienzos de 2001, de instalar y poner en funcionamiento, con 1.000 hombres, el primer Batallón de Alta Montaña en Sumapaz para sacar a las Farc de ese territorio que había ocupado por más de 40 años y cerrar ese corredor estratégico que llegaba a varias regiones de Cundinamarca, Meta y Caquetá, hasta la zona de distención del Caguán a donde llevaban los secuestrados

Con esta acción se inició el plan de defensa de Bogotá y la región, yendo más allá del 'Plan Candado' que protegía la ciudad en sus entradas y salidas se optó por combatir a las Farc en los territorios de Cundinamarca donde tenían presencia y operaban.

Estas acciones fueron comandadas por general Reynaldo Castellanos comandante de la XIII Brigada, quien logró el objetivo de recuperar Sumapaz y dos años después lideró la operación 'Libertad Uno' que con 15 mil soldados de la Brigada XIII, de las Brigadas Móviles 1, 2 y 3, de la Fuerza de Despliegue Rápido (Fudra) y la Móvil 8, logró romperle el espinazo a la estrategia implementada por las Farc para acercarse a Bogotá y tomarse el poder.

Adicional a esta acción militar y tras la capacitación de varios funcionarios nacionales y distritales de seguridad y justicia en manejo de riesgos y terrorismo, por parte del Departamento de Estado de los EE UU y por Scotland Yard, se conformó el Comité Interagencial de Inteligencia e Investigación Criminal para atender los riesgos de terrorismo en la ciudad, que se incrementaron con el rompimiento de los diálogos de paz del Caguán, en febrero de 2002.

Este Comité, que comenzó a operar a comienzos de 2002, se reunía todos los jueves y funcionó hasta diciembre de 2003. Estaba integrado por dos fiscales antiterroristas que dirigían, asignaban tareas de inteligencia e investigación criminal y exigían resultados a los funcionarios de la Policía, el DAS, la XIII Brigada y la Fiscalía, que hacían parte del comité, además de un funcionario de la alcaldía que garantizaba el apoyo logístico.

Un trabajo en equipo que evitó muchos atentados terroristas con las labores seguimiento, detención y judicialización de más de quinientos miembros de las Farc, que ingresaba a la ciudad con el objetivo de cometer actos terroristas, decomiso de más de cien toneladas de explosivos, desactivación de varios carros bomba, incautación de armas y distinto material de guerra.

Para el logro de estos resultados, fue muy importante la participación de los ciudadanos que se involucraron a través del llamado a la resistencia civil en contra del terrorismo que promovió el alcalde Antanas Mockus y que los invitaba a respaldar a las autoridades, a repudiar los actos violentos, vinieren de donde vinieren y asumir con mayor responsabilidad, las labores cotidianas estando alerta y denunciando hechos sospechosos e irregulares.

Adicional a estos esfuerzos, después de los atentados de las Farc en contra de Chingaza, en febrero de 2002, y de la voladura de torres de energía por parte del ELN que puso en riesgo el sistema eléctrico de la región central del país, se diseñó y puso en ejecución un plan para proteger las instalaciones estratégicas de la ciudad, como el suministro de energía, agua, gas, combustibles, vías, transporte aéreo y terrestre, telecomunicaciones, ingresos y salidas de la ciudad, suministro y almacenamiento de alimentos, etc.

A pesar de los esfuerzos, del trabajo en equipo entre las autoridades de seguridad y justicia nacionales y distritales y de los buenos resultados que se obtuvieron al evitar muchos atentados terroristas y teniendo en cuenta que algunos de estos hechos no se pueden predecir o anticipar, la ciudad sufrió varios con alto nivel de letalidad. En 2002, en enero, la 'bicicleta bomba' en el barrio Fátima, en febrero, los dos atentados a Chingaza, en mayo, el puente peatonal de la 53, en la Universidad Nacional, en agosto, los morteros el día de la posesión del presidente Uribe y en octubre el atentado en un parqueadero cerca a la Estación de la Policía Metropolitana. En 2003, en febrero el atentado en el Nogal y durante ese año varios atentados en contra de Transmilenio.

Acciones terroristas, difíciles de detectar y desactivar por la forma compartimentada que utilizaron las Farc para organizar y ejecutar los atentados, donde uno era el conseguía los explosivos, otro el que los transportaba, uno más el que los acondicionaba, otro distinto el que ejecutaba el acto y en muchos casos no se conocían entre ellos. Por otro lado, casi no utilizaban las estructuras presentes y activas en la ciudad, sino que lo hacían con personal, especialmente de la Columna Móvil Teófilo Forero, que ingresaba a la ciudad, realizaba el acto y salía rápidamente de ella.

ELN distinto, pero terrorismo casi igual.

Si bien el Eln no puede ser equiparar con las Farc en términos de organización, estructura, número de miembros y forma de actuar, hay que reconocer que desde hace más de cuarenta años tiene presencia en Bogotá a través de variados grupos, especialmente en universidades públicas y su accionar ha sido muy irregular. Entre los años 90 y comienzos de este siglo realizó en la ciudad una serie de atentados pequeños, especialmente con petardos y bombas incendiarias. A nivel rural, se destacan los atentados contra la infraestructura eléctrica de la ciudad, que en algunos momentos puso en jaque el suministro de energía.

En los últimos años, entre el 2015 y el 2016, se destacan los atentados contra sedes bancarias, empresas de salud y contra los policías que custodiaban la Central Eléctrica de Torca; 2017, los atentados de la Macarena y del Centro Comercial Andino y en 2019 el reciente de la Escuela General Santander. Este último el de mayor impacto.

Tanto el atentado del Eln en la Escuela, como el de la Estación de Policía en Barranquilla en 27 de enero de 2018, muestran unas características de organización muy parecidas a los atentados realizados por las Farc a comienzos de siglo en Bogotá, que se hicieron con personal de la organización que ingreso a las ciudades para ejecutar los atentados terroristas.

Seguramente hoy el Eln esta recogiendo esa experiencia en el marco del nuevo Frente de Guerra Urbano Nacional. En esta línea, también se podría pensar que esta organización, en su estrategia de crecimiento implementada tras la desmovilización de las Farc, hayan reclutado parte de sus miembros, algunos con conocimientos en atentados terroristas.

Hay que anotar que el Eln no son las Farc en términos de presencia y control territorial en el centro del país, pero como lo plantea Sergio Guarín de la Fundación Ideas para la Paz en una entrevista con El Tiempo “la presencia del grupo subversivo en la capital es más fuerte de lo que se cree, hacen presencia a través de células clandestinas que tienen a cargo la ejecución de acciones políticas y militares de bajo y alto impacto. Más allá de su capacidad armada en Bogotá y otras ciudades, lo que impacta del Eln es su presencia en una vasta red de organizaciones políticas y sociales”. También su forma de actuar en pequeños grupos que se mezclan fácilmente en las comunidades.

Estas características hacen que sea una organización más dispuesta a realizar actos de terrorismo, acciones que seguramente se incrementarán tras la ruptura de los diálogos de paz y en este sentido, parte de las estrategias implementadas en contra del terrorismo de las Farc a comienzos de este siglo pueden servir para evitar nuevos atentados en la ciudad e inclusive en otras ciudades del país.

El Eln no es una organización criminal que el Estado pueda acabar con bombardeos o en enfrentamientos directos, son más afectivas las labores de inteligencia e investigación criminal y es este sentido, se puede poner en funcionamiento un comité como el que funcionó entre 2001 y 2003. Igualmente, hay que trabajar en el fortalecimiento y organización de las comunidades tal y como se hizo en ese momento, cuando se llegó en Bogotá a más de seis mil frentes locales de seguridad, se trabajó con juntas de acción comunal, asociaciones de padres de familia en los colegios y organizaciones sociales y comunitarias.

Finalmente, hay que evaluar el estado de seguridad de las instalaciones estratégicas de la ciudad y darle la seguridad requerida para que su normal funcionamiento no se vea afectado por atentados terroristas.

En el objetivo de diezmar esta organización y evitar atentados terroristas, ayudaría mucho que Venezuela no siguiera siendo la guarida de los lideres y de algunos frentes de esta organización.

Finalmente hay que preguntar: ¿están las autoridades de seguridad y justicia nacionales y locales preparadas y trabajando en equipo de manera permanente para garantizar la seguridad en Bogotá y otras ciudades capitales? ¿están coordinadas las agencias de inteligencia e investigación criminal de la Policía, FF MM y Fiscalía? y ¿los ciudadanos estamos preparados y dispuestas a denunciar y apoyar nuestras autoridades?

HUGO ACERO VELÁSQUEZ
Consultor Internacional

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