Sigue la tortura para la taquillera de TransMilenio que terminó esposada tras reclamarle a un policía por permitir el ingreso sin pagar de por lo menos diez personas, en la tarde del 9 de enero, en la estación Avenida Jiménez, en Bogotá.
Fuentes cercanas a la trabajadora de Recaudo Bogotá le confirmaron a EL TIEMPO que la mujer ha sido doblemente victimizada al descubrir que ese mismo día se le impusieron dos comparendos sin ningún tipo de notificación previa.
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En el Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC), este diario constató que la mujer tiene un comparendo de $234.000 pesos por un supuesto porte de armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes, o sustancias peligrosas, en áreas comunes o lugares abiertos al público, amparado en el artículo 27, numeral seis, del Código de Policía. Y otro por $936.000 pesos por impedir, dificultar, obstaculizar o resistirse a procedimiento de identificación o individualización, por parte de las autoridades de policía, contemplado en el artículo 35, numeral 3.
Las dos amonestaciones suman 1’170.000 pesos, que se pueden hacer efectivos si esas decisiones policiales no son revocadas.
Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)
Sistema de Registro Nacional de Medidas Correctivas (RNMC)
En días pasados, en diálogo con este diario, el secretario de Seguridad, Hugo Acero, aseguró que la mujer se encontraba cumpliendo con sus funciones y confirmó que la alcaldesa Claudia López “censuró y rechazó la actuación del policía y exigió que se investigue el hecho y se sancione de manera ejemplar”.
Desde el punto de vista del abogado John Jairo Morales Alzate, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Manuela Beltrán, de confirmarse la denuncia por parte de la trabajadora, se manifestaría una grave vulneración de dos derechos fundamentales de la ciudadana: la libertad y el debido proceso, los cuales están amparados constitucionalmente.
“De lo anterior se desprenden presuntas responsabilidades de orden penal y disciplinaria. La primera consiste en una presunta tipificación de un concurso heterogéneo de delitos: abuso de autoridad por una captura ilegal y prevaricato por acción por la imposición de multas, y la disciplinaria, una presunta falta gravísima a la luz del artículo 34, numeral 1, de la Ley 1015 de 2016: privar ilegalmente de la libertad a una persona”, dijo el analista.
Agregó que, independiente de la dimensión penal del caso, es importante analizar la responsabilidad derivada de la vulneración del deber funcional que está en cabeza de los integrantes de la fuerza policiva por conductas de acción u omisión en su actuar.
Ya está un poco más tranquila gracias al apoyo del sindicato y de la empresa, pero asombrada al enterarse de los comparendos
Viviana Acosta, miembro de la junta directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia (SNTT), confirmó que le han hecho acompañamiento al caso y que este se encuentra en proceso de apelación para demostrar que se trata de acusaciones falsas.
“Recién fueron los hechos, la compañera estaba muy triste por haber sido humillada. Ya está un poco más tranquila gracias al apoyo del sindicato y de la empresa, pero asombrada al enterarse de los comparendos”, cuenta Acosta.
La empleada afectada, quien tuvo una incapacidad de dos días por las lesiones sufridas en una de sus muñecas, ya puso el hecho en conocimiento de la Fiscalía. En este caso, la Procuraduría Primera Distrital inició de oficio una investigación disciplinaria contra el uniformado.
No es la primera vez que estos trabajadores de Recaudo se ven afectados por maltratos o abusos en sus labores. De hecho, el pasado 15 de enero se cumplieron tres años de la muerte de Leonardo Licht, quien fue asesinado al tratar de impedir que un hombre entrara al sistema sin pagar pasaje.
(En video: Así capturaron al hombre sindicado por asesinar a empleado de Recaudo Bogotá)
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