El subsecretario de Integración Social de Bogotá, Richard Romero Raad, aparece mencionado en la investigación dentro del presunto cartel que existía para fijar los precios en el sector de los tubos de cemento.
Raad afirmó que aún no ha sido notificado del pliego de cargos que abrió el martes la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y mediante comunicado a la opinión pública, el funcionario de la actual administración distrital, dijo que “no puede referirse al expediente ya que desconoce su contenido”.
Aunque reiteró que está a disposición de las autoridades para colaborar con la investigación, también aclaró que los supuestos hechos datan de fechas en las cuales no hacía parte de la Secretaría de Integración Social.
“Es claro que la investigación en curso es por una supuesta cartelización empresarial y por presuntas violaciones a la libre competencia. Hechos no comprobados”, dijo en su comunicado.
El subsecretario indicó que respetando el debido proceso solamente se pronunciará cuando se conozcan públicamente los resultados de la investigación que adelantan las autoridades pertinentes.
Como lo informó EL TIEMPO, la SIC formuló los pliegos de cargos contra los implicados por presuntamente haber colaborado, facilitado, autorizado y ejecutado conductas de control de precios.
Richard Romero Raad, Subsecretario de Despacho
http://www.integracionsocial.gov.co
Entre los investigados están Fernando Bossio Molano y Luz Mila Forero Moreno, de Manufacturas de cemento Titán; José Antonio Camargo Bermúdez, Juan Pablo Betancourt Escovar e Hipólito Suárez, de American Pipe; y Álvaro Celis Herrera y el hoy subsecretario de Integración, Romero Raad de Tubox quienes podrían ser sancionados con 10.328 millones de pesos.
Los hechos se habrían presentado entre el 2004 y el 2014, tiempo en el que se habrían cometido las conductas anticompetitivas, las empresas, que vendieron en el mercado local 250.000 millones de pesos, se exponen a una multa total de 221.315 millones de pesos.
Lo que en concreto se investiga es si coordinaron y concertaron la venta a compradores de tubería de concreto para alcantarillado en varios proyectos de infraestructura en Bogotá y municipios cercanos.
Dentro de las pruebas que tiene la SIC hay declaraciones, correos electrónicos, citaciones a reuniones y archivos digitales que darían cuenta de la forma como se ejecutó el presunto cartel empresarial, los lugares (clubes sociales) en donde se hacían reuniones de estructuración, seguimiento y ejecución del acuerdo anticompetitivo y la forma en que los altos ejecutivos habrían pactado eliminar el rastro de su conducta dejando de usar los correos electrónicos institucionales y usando servicios de mensajería instantánea.
La entidad sostuvo que firmó con una de las empresas investigadas, un Convenio de Beneficios por Colaboración, pues una de ellas delató la existencia del cartel y aportó las pruebas que tenía en su poder con las que se acreditaría la participación en el presunto acuerdo anticompetitivo, y la actuación de las demás compañías. Sin embargo, la razón social solo será revelada al público al momento en que se rinda el informe motivado.
Por su lado, Manufacturas de Cemento dijo que no ha sido notificada de la investigación y que es una empresa con un robusto gobierno corporativo sobre el cual están soportadas sus actuaciones.
“Entre tanto, Manufacturas de Cemento sigue concentrada en sus actividades y prioridades estratégicas del negocio y atendiendo a todos sus grupos de interés, siempre con el propósito de aportar desarrollo y crecimiento en las zonas en donde opera”, agregó.
BOGOTÁ Y ECONOMÍA
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