Recompensa de $ 20 millones para capturar a quienes quemaron bus del SITP

En disturbios terminó un proceso de desalojo en el humedal Tibabuyes en la localidad de Suba. 

Sobre las 4 de la tarde, TransMilenio informó de la quema de un bus zonal a gas con tecnología Euro VI que se había estrenado apenas este fin de semana. Según la empresa de transporte público, civiles encapuchados atacaron el bus frente al humedal Juan Amarillo, en el sector de Tibabuyes, mientras la fuerza pública retiraba el campamento instalado.

Con el registro del incidente se notificó a las autoridades para afrontar la alteración de orden público. Pese a que el bus llevaba a pasajeros, ni ellos ni el conductor resultaron lesionados.

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Por la situación de orden público, se cancelaron las rutas alimentadoras 5-1 Suba Rincón y 5-2 Avenida Carrera 91 y las rutas zonales que salen de Bilbao y pasan por la zona aledaña al humedal.

El Ministerio de Defensa informó que hay una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que lleve a la captura de los responsables.

La alcaldesa Claudia López también hizo un fuerte llamado para judicializar a los responsables. "Quemar un bus de TransMilenio que iba con pasajeros no es protesta social y mucho menos ambiental, es delito", dijo en Twitter.

López agregó que la Policía Metropolitana de Bogotá está revisando los videos del sector y varias pruebas para encontrar a los delincuentes. 

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A su vez, en horas de la noche, los disturbios persistían en Suba. Según la Personería de Bogotá, fue necesario el acompañamiento con grupo de Derechos Humanos para mediar los enfrentamientos entre el ESMAD y manifestantes. Por el momento, no se ha reportado una cifra oficial de heridos o si hubo fallecidos. 

Antes de los disturbios, distintos sectores políticos y de derechos humanos advirtieron que en el humedal Tibabuyes se estaba adelantando un desalojo, al parecer, a personas que habían estado acampando en alrededores a este ecosistema que, desde 2018, ha estado en el centro de una discusión ambientalista. 

Ese año, la Empresa de Acueducto de Bogotá (EAAB) inició una serie de obras de adecuación que, entre otras cosas, incluían un puente elevado de 1,2 kilómetros para comunicar las localidades de Suba y Engativá. Esta y otras intervenciones han sido demandadas por ambientalistas, que han pedido que la obra se detenga. 

Precisamente, una de las más recientes manifestaciones en contra de las obras correspondería  a este campamento que, según confirmó la misma EAAB, llevaba instalado allí desde noviembre de 2020. 

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Sin embargo, la gerente de la EAAB, Cristina Arango, aseguró que "el campamento ha generado distintas situaciones que afectan el humedal, situaciones de inseguridad, violencia de género, hurto a diferentes insumos de obra y afectación ambiental por hogueras". Esto habría llevado a que la Empresa solicitara el desalojo del campamento: diligencia que se ejecutó este lunes. 

Pero, a la par del desalojo, también se llevó a cabo una audiencia pública a puerta cerrada para resolver una querella interpuesta por el Acueducto, contra el campamento ‘SOS Humedal Tibabuyes’. Situación que generó aún más molestia entre algunos sectores. 

Mientras todo esto ocurría, organizaciones defensoras de derechos humanos dieron avisos tempranos en redes sociales sobre la orden de desalojo del campamento instalado y sus integrantes. Luego, durante la intervención, alertaron del uso de lacrimógenos en inmediaciones al ecosistema, poniendo en riesgo no solo a la comunidad, sino a las especies que allí habitan. 

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“En dicha audiencia se ordenó el desalojo del campamento, sin embargo, esta no cumplió con los requisitos constitucionales para su validez, violando los derechos fundamentales al debido proceso”, afirmó el Comité Local de Derechos Humanos de Suba, vía Twitter.

EL TIEMPO