Uno de los casos que más han llamado la atención es el de ‘Cracolandia’, en São Paulo (Brasil). Con casi 20 millones de pobladores en el área urbana de la ciudad, unos 16.000 son considerados habitantes de la calle. En ese contexto, el barrio Luz había sido desde los años 90 una especie de tierra de nadie en la que el tráfico de drogas campeaba, así como el consumo y la prostitución, y unas 1.000 personas sin hogar pasaban los días en refugios improvisados.
El alcalde Fernando Haddad lanzó en el 2013 el plan Brazos Abiertos, que se enfocó en otorgar albergues donde los adictos podrían consumir sus drogas en la intimidad de sus habitaciones y cada día recibirían 6,5 dólares a cambio de cuatro horas de trabajo limpiando parques.
No obstante, cuando ellos iban a trabajar, las autoridades aprovechaban para limpiar las calles y refugios, así como para ir retomando estratégicamente puntos con puestos de asistencia social, sanitaria y presencia pasiva de policías que actuaban solo en caso de evidencia de tráfico, no de consumo.
Según cifras del gobierno local, en un año se logró reducir a unas 300 personas la cantidad de refugiados. De acuerdo con las autoridades, las facilidades otorgadas fueron haciendo obsoleta la necesidad de permanecer en la calle y usar la violencia para obtener dinero.
El programa ha sido una mezcla de autoridad en pequeñas dosis y planes de consumo controlado implementados en países como Canadá, Suiza, Holanda y España desde los años 80, que, ante lo abrumador de las cifras de consumo de drogas, intentaron atenuar el impacto con espacios de tolerancia con el uso de sustancias y apoyo médico para evitar sobredosis. Todo esto, acompañado de dotación de implementos como jeringas limpias –en el caso de adictos a la heroína– para combatir el contagio de VIH y otros virus entre adictos.
En Estados Unidos, en la ciudad de San Francisco, la apuesta por los albergues ha sido generalizada para los habitantes de la calle, así como la existencia de centros para el consumo controlado. Sin embargo, los cerca de 3.000 ‘sintecho’ que deambulan en la cuidad han puesto sobre la mesa la posibilidad de declarar el estado de emergencia en la cuidad para poder destinar recursos urgentes a la construcción de más estructuras para ellos. (Ver también: Con $ 35.000 millones será rehabilitado sector del 'Bronx' en Bogotá)
Sin salir de Norteamérica, quizá el caso de Vancouver (Canadá) es el más llamativo, con una política de atención integral apoyada por diversas ONG que atienden desde la estadía hasta el consumo de drogas. Incluso, en algunas de las bancas de sus parques han sido instalados techos desplegables en caso de que alguien llegue a necesitar una cama de emergencia para la noche.
Ciudad de México enfrenta hoy un desafío similar al de Bogotá. En 60 puntos de su zona urbana, hay casi 4.000 personas sin techo. Y ante las quejas de los vecinos de dichos puntos, el gobierno local estudia alternativas para atajar el problema. Los casos se canalizan a través de la Secretaría de Desarrollo Social y el desalojo de los habitantes de calle no se ve como una opción.
EL TIEMPO