Aunque con enfoques distintos, expertos en seguridad y en el tratamiento de adictos a los estupefacientes que consultó EL TIEMPO llegan a las mismas conclusiones: mantener la oferta de atención social y continuar con los controles policiales para solucionar el problema que generan los habitantes de la calle, quienes han sitiado barrios enteros en el centro de Bogotá desde que cayó el ‘Bronx’.
Esto se debe a que el Distrito tiene el desafío de lograr que voluntariamente los habitantes de la calle se rehabiliten, reto que es una de las metas de la Secretaría de Integración Social para este cuatrienio: conseguir que un 10 por ciento de esta de población termine con éxito sus tratamientos.
Sin embargo, en 2015 la Secretaría de Integración Social del Distrito atendió a 15.310 adictos, de los cuales solo 95 dejaron la calle.
Por otro lado, está el impedimento jurídico que impuso la sentencia T-043 de 2015 que no permite que a los habitantes de calle se les obligue a rehabilitarse. Jairo Libreros, experto en temas de seguridad y profesor de la Universidad Externado de Colombia, señala que hay que continuar con la oferta distrital a los habitantes de la calle. “Estamos en una sin salida que no se resolverá en el corto plazo, pero es mejor así porque si no, nos encaminaríamos a un estado paternalista que toma decisiones por el bienestar nuestro, algo más grave que la situación actual, por eso la alcaldía debe mantener la oferta social”.
En eso viene trabajando el Distrito, ofertando los programas de atención a los adictos como pasar la noche en hogares de paso y albergues, donde les invitan a iniciar su rehabilitación.
“Nuestro deber como Estado es darles a ellos la protección necesaria para que no los manipulen y puedan tener un proceso de recuperación”, explicó la secretaria de Integración Social, María Consuelo Araujo.
Sin embargo, cuando las mafias de microtráfico instrumentalizan a estas personas, no solo para que no se vayan del centro, sino para que extorsionen comerciantes o induzcan a menores a consumir drogas, hay un conflicto entre sus derechos y los de las comunidades a las que afectan, por lo que el Distrito pide que la Corte Constitucional module los alcances de la sentencia T-043, y lo está trabajando a través de la secretaria Jurídica del Distrito, Dalila Hernández: “Buscamos que nos permitan ejecutar políticas públicas en las que el Estado pueda, aun sin el previo consentimiento de esas personas, intervenir para que se proteja la salud de los habitantes de calle y también la vida de quienes afectan”.
Sin embargo, mientras esto sucede, Jairo Libreros sugiere seguir con los operativos policiales: “Esa es la única salida cuando hay afectaciones a la sociedad civil y por eso se debe reforzar la presencia de la Policía en los espacios en que hay habitantes de la calle”.
En esa misma vía ve la situación Hugo Acero, quien fue subsecretario de Seguridad en la primera alcaldía de Peñalosa: “En esta primera etapa es importante considerar la posibilidad de atender a los habitantes de calle cerca de los sitios donde están, desarrollar programas de consumo no conflictivo, para que desescalen el uso de psicoactivos de alta dependencia, y se debe involucrar a las comunidades en la solución”.
Sin embargo, el otro problema ocurre con el hecho de que esta población tenía morada en las mismas ‘ollas’, como sucedía en el ‘Bronx’, por eso se debería pensar en establecer residencias especiales para los adictos que viven en calle.
“Hay que pensar en propuestas alternativas de intervención, porque estas personas no quieren dejar las drogas, así que habría permitirles que las usen, pero con un menor riesgo y daño, y en zonas de consumo supervisado, cuyos entornos tengan sitios de atención básica en salud y de habitabilidad”, explicó Julián Quintero, director de la ONG Acción Técnica Social que trabaja en la implementación de políticas públicas sobre psicoactivos. (Leer también: El asedio de los 'sayayines' continúa en el barrio La Estanzuela)
No obstante, un programa así requeriría de financiación pública. “Son estrategias de los países ricos: ¿quién les va a comprar la droga? ¿Pagaremos con nuestros impuestos para que hayan personas drogadictas? Eso no tiene sentido y más en un país con un sistema de salud quebrado”, cuestionó Augusto Pérez, de la Corporación Nuevos Rumbos, donde se investiga y previene sobre el consumo de psicoactivos en adolescentes. No obstante, Pérez afirmó que se debe insistir en la atención por parte del Estado.
Para Jaime Jaramillo, presidente de la fundación Niños de los Andes, los tratamientos tienen que generar que los adictos encuentren sentido a sus vidas: “Deben aprender a tener metas y a luchar por ellas”.
Según Integración Social, los adictos que se rehabilitaron lo lograron porque recibieron una atención integral en la que se les brindó oportunidades laborales, atención en salud, se reencontraron con sus familias, y tuvieron voluntad para superar la calle.
En cualquier caso, las estrategias tienen que protegerlos, porque siguen estando en vulnerabilidad, ya que según cifras de la Policía en lo corrido de 2016 asesinaron a 62 habitantes de calle, 2 menos que en el mismo periodo de 2015.
Era inevitable intervenir el ‘Bronx’: Distrito“Lo más fácil habría sido no hacer nada, pero era insostenible permitir la explotación de menores, el tráfico de drogas y armas y el control territorial”.
Con esa frase, el subsecretario de Seguridad de Bogotá, Daniel Mejía, ha explicado por qué era inevitable que se interviniera el ‘Bronx’, a pesar de la diáspora de habitantes de la calle que se concentraba en el lugar y que ahora está por toda la ciudad.
La intervención, que ha llegado hasta la demolición de algunos de los edificios donde funcionó este emporio del crimen en pleno centro de Bogotá, ha sacado a la luz secuestros, torturas, trata de personas, inducción de los niños y jóvenes al consumo de drogas y la manipulación de los habitantes de la calle para ponerlos al servicio de las mafias.
El día de la intervención fueron rescatados 136 menores, 16 menores de 14 años y el resto adolescentes entre 14 y 18. También 595 indigentes que las mafias tenían bajo su control.
“Lo que estaba pasando en el ‘Bronx’ era demasiado grave para dejarlo así. Los habitantes de calle sí son un problema difícil de enfrentar, pero uno no se puede rendir, hay que seguir convenciéndolos que se dejen ayudar”, advirtió Mejía.
Cinco trabas para actuar1. Un fallo que impide actuar
Una sentencia de tutela de la Corte Constitucional (T-043 del 2015) impide obligar a los habitantes de la calle a recibir ayuda en contra de su voluntad. “Cualquier tipo de reproche jurídico, sea en forma de sanciones o intervenciones terapéuticas forzadas, resulta inadmisible”, dice el fallo.
2. Las mafias y el tráfico
Aunque se han registrado capturas aisladas, las mafias que controlaban el ‘Bronx’ no se han desmantelado y hoy, a través de los ‘sayayines’, que les brindan seguridad a los ganchos de droga, manipulan a los habitantes de la calle a cambio de droga para que se mantengan en el centro y generen disturbios.
3. Adicción al bazuco es fuerte
La adicción a las drogas mantiene a estas personas en la calle. Según el último censo (2011), el 93,8 % de los habitantes de la calle consume drogas; y de ellos 72,91 % son adictos al bazuco. El 72 % son policonsumidores de entre tres y siete drogas (incluidos el alcohol y el cigarrillo). Un 29,93 % consume al menos dos, bazuco con alcohol o marihuana.
4. Corrupción de la Policía
La Policía y la Fiscalía tienen información del pago de sobornos de las mafias a integrantes de la Policía, o por permitir el tráfico de drogas o por información sobre operativos. Hay una investigación en curso contra el coronel Gerardo Rivera Gutiérrez, excomandante de Los Mártires.
5. Falta política integral
Falta una política integral distrital y nacional, para actuar en el frente represivo, de investigación y de captura de las mafias y de intervención social, de salud y de empleo para los habitantes de la calle. Si todos aceptaran la rehabilitación, hoy no hay cupo para todos.
BOGOTÁ
