Vuelco en prestación y operación del servicio de ambulancias en Bogotá

“Las ambulancias piratas están jodidas”. Con esta frase, el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, anunció el miércoles la lucha frontal contra el servicio de ambulancias que prestan servicios ilegales, y propuso un vuelco total en la prestación y operación del servicio que incluye la transformación del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue).

La medida se toma tras el descalabro de la salud, un tema que tuvo en jaque a la ciudad durante varios años y por el cual se llegó a pagar, por ejemplo en servicios de ambulancia, más 240.000 millones de pesos de los bolsillos de los bogotanos, asunto que hoy está en investigación.

En una invitación para trabajar por la calidad del servicio, el miércoles Morales se reunió con los 95 empresarios privados legales y sus representantes que están debidamente registrados y que operan más de 500 ambulancias en Bogotá, con el fin de ponerle orden a la situación.

La idea de la propuesta es que para que se les pague el servicio deben certificar que lo prestaron pero con la autorización del Crue. “Esto es que si entra una llamada por un accidente, es el Crue el que autoriza la salida de las ambulancias hacia el sitio del evento”, dijo el Secretario. (Además: Estas son las localidades de Bogotá que más solicitan ambulancias)

Para esto, ya se identificaron los 160 puntos calientes de la ciudad donde se presenta el mayor número de emergencias y la mayor cantidad de llamadas. Para poder cumplir con la orden, la ambulancia no solo debe ser legal –estar registrada en la Secretaría de Salud–, sino que debe estar conectada con el radioperador del Crue y tener así mismo un geolocalizador satelital.

Solo en 2015 se presentaron en Bogotá 144.972 servicios, de los cuales en 36.319, es decir el 25,1, no se tiene información de la procedencia del sitio del paciente. Y cerca del 42 %, es decir 60.340 pacientes que se recogieron, pertenecen a entidades de salud privadas.

En otras palabras, esto significa que los más pobres pagaban los platos rotos de los servicios de las ambulancias solicitadas por los que tienen más recursos o por aquellos afiliados a EPS privadas.

De ahí que hoy en día la Secretaría de Salud no tenga el millonario contrato de ambulancias que fue calificado como leonino y que al año costaba más de $ 60.000 millones a los ciudadanos.

Otra de las propuestas que Morales tiene para el manejo de las ambulancias del Distrito, que son 111 y que operan en toda la ciudad para prestar el servicio a los más pobres, es que a través de un esquema mixto entren a ser manejadas por una empresa privada, pero con vigilancia pública.

Significa entonces que el Distrito estaría buscando a través de tercerización u otro mecanismo la entrega del Crue a los privados con el fin de poder tener más control de las operaciones y el despacho. Esta decisión fue criticada por diferentes concejales que consideran que se trata de la privatización del servicio, aunque hay otros sectores políticos que la respaldan porque consideran que lo que se busca es poner en orden la casa.

Como se recordará, el pasado 30 de marzo la Fiscalía apeló la condena de 18 años contra el exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, pues consideró que esta pudo ser mayor debido a que se trató de una organización de cuello blanco que se insertó en la administración distrital.

Por su parte, el Juzgado en su fallo advirtió “que se trató del trabajo ilícito de un club ignominioso el cual permitió la adjudicación de forma delictiva del contrato 1229 del 2009 de suministro de servicios de salud y ambulancias para Bogotá”.

En esta organización criminal participaron funcionarios, exconcejales y contratistas, como quiera que el ente acusador señala que “el exmandatario (Samuel Moreno) preparaba y efectuaba reuniones guiadas por sus invitaciones, con instrucciones precisas y la reafirmación del favorecimiento a los amigos contratistas de los exconcejales Andrés Camacho Casado e Hipólito Moreno”, dice la Fiscalía.

De ahí que la actual administración les proponga a todos los empresarios legales que trabajen de forma organizada y de cara a la ciudad para rescatar el buen nombre de las empresas serias y legales que operan en la capital. El miércoles, al cierre de esta edición, el grupo de empresarios que asistió a la reunión le anunció al Secretario de Salud que van a elegir a un grupo de representantes para trabajar con miras a solucionar el problema.

Además de las 500 ambulancias privadas que hay en Bogotá, el recurso público con el que cuenta la ciudad es el siguiente: en total son 111 ambulancias disponibles para los más vulnerables, las cuales son de propiedad del Distrito así: 68 son básicas, 20 medicalizadas, 7 para neonatales, 1 para casos de salud mental, hay una que opera como ambulancia comando, una para consulta por salud mental, tres motos, dos cuatrimotos y seis caballos para la zona del Sumapaz.

Para cerrar el círculo del caos generalizado en el servicio de las ambulancias, el Distrito estudia la posibilidad de adquirir 30 motocicletas con el fin de reaccionar en caso de un accidente. El equipo de la ambulancia se comunica con el Crue y solicita o descarta el servicio de ambulancia.

Este tema aún no está definido pero desde ya va a levantar polvareda porque como lo dicen algunos concejales, “aquí ya se están pisando callos”.

El presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Jaime Arias, celebró que la actual administración esté tomando el “tema por los cachos”. Es decir, que esté liderando la organización del sector y, por lo tanto, del servicio de ambulancias en Bogotá.

En principio respaldó la propuesta de la reforma al Crue con el fin de tener el control de las ambulancias.

También reconoció que sí hay ambulancias que parecen ‘vampiros’, pues le caen a los pacientes que están heridos o graves para llevarlos de forma direccionada a determinados hospitales, un tema que salpica de forma negativa a las empresas de ambulancias destacadas y reconocidas por su buen servicio.

“En la calle hay ambulancias prepagadas que son supremamente buenas, que tienen un servicio excelente y de las que no se ha hablado”, dijo.

Llamó la atención sobre los vehículos pequeños que prestan un servicio de médico domiciliario de las EPS, pues “prestan un servicio de calidad y sin abusos”. En Bogotá hay un poco más de 7 millones de afiliados a las EPS y cerca de 1’200.000 al régimen subsidiado.

La concejal de Alianza Verde Lucía Bastidas le hizo un llamado al alcalde Enrique Peñalosa Londoño para que le pida al nuevo fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, resultados frente al tema de los carteles de la salud que operan en Bogotá “porque el que pierde es el paciente”. Bastidas indicó que no es cierto que la ciudad tenga un déficit de ambulancias, respaldó la reingeniería que el alcalde Peñalosa está haciendo en la salud y les pidió a las empresas prestadoras de salud (EPS) que cumplan con sus obligaciones de brindar servicio a sus afiliados.

Entre tanto, la concejal del Partido Liberal María Victoria Vargas Silva solicitó claridad al Distrito sobre los presuntos intereses que hay de por medio para la operación del servicio de ambulancias, en especial con el manejo del Centro Regulador de Urgencias (Crue), el cual pasaría a manos privadas. En este mismo sentido se pronunció el concejal Jairo Cardozo Salazar, del movimiento Mira, al rechazar la creación de una entidad paralela para manejar el despacho de ambulancias. Frente a los 240.000 millones de pesos que se pagaron durante seis años por el servicio de ambulancias, precisó que “con eso hubiéramos comprado una flota de ambulancias”.

BOGOTÁ