Con la reactivación de sectores económicos y más personas autorizadas para salir a la calle, también empezaron a activarse las organizaciones delincuenciales, las cuales no han cesado totalmente, pero con la cuarentena, causada por la pandemia, sí mermaron sus acciones.
Ahora, en una ciudad con más movimiento, han empezado a presentarse una serie de hechos que preocupan no solo a los bogotanos, sino también a las autoridades civiles y policiales, quienes en la tarde de este jueves, en un consejo de seguridad, evaluaron los últimos hechos ocurridos en la capital.
La alcaldesa anunció que los dos delitos que no han dado tregua en la ciudad es el robo a bicicletas y la violencia contra la mujer.
Así mismo dijo que en el Consejo se tomaron cinco decisiones que se pondrán en marcha para mejorar la seguridad en Bogotá.
1. Centralizar los canales de denuncias, reportes e informes de incidentes de seguridad. "Vamos a prepararnos para que el 123 se vuelva un centro de despacho, de reacción mucho más eficaz", dijo.
La mandataria explicó que uno de los cuellos de botella es la cantidad de líneas habilitadas para reportar casos de inseguridad, aseguró que esto impide hacer seguimiento a cada denuncia y que centralizar todo en el 123 permitirá más eficacia.
2. Cambiará el modelo de vigilancia por cuadrantes fijos territoriales a un modelo de vigilancia por cuadrantes móviles. "Esto nos permite lograr que la operación de las autoridades sea más flexible y más ágil", enfatizó.
3. Habrá Policía comunitaria enfocada en temas de convivencia ciudadana.
4. Priorización de siete localidades y 52 barrios. San Cristobal, Rafael Uribe Uribe, Bosa, Kennedy, Suba, Martires y Ciudad Bolívar son los sectores con más problemas de inseguridad en la ciudad, por esta razón serán priorizadas en la atención.
5. López aseguró que debido a las medidas de aislamiento la ciudad no va a poder cumplir con el cronograma para adquirir más pie de fuerza. "Lo que no vamos a tener en pie de fuerza de vigilancia, lo vamos a tener en equipos de apoyo de investigación criminal e inteligencia", mencionó la mandataria.
Estos equipos serán los encargados de acelerar la judicialización y de permitir la desarticulación de bandas dedicadas al hurto.
Además, puntualizó en que "no le vamos a regalar a la delincuencia la juventud bogotana, la juventud bogotana va a estudiar", esto, luego de advertir que en medio de la situación actual hay riesgo de que los jóvenes caigan en manos de bandas delincuenciales.
El caso más reciente es el asesinato en la tarde de este jueves, a la entrada de un conjunto residencial del barrio Centenario, en la localidad de Fontibón, de dos ciudadanos venezolanos que se dedicaban al cambio de divisas. Los sicarios lograron huir.
En la noche del martes, tres hombres atracaron con armas de fuego a los pasajeros de un bus del SITP en Usme. Los atracadores dispararon contra el conductor, quien no detuvo el vehículo. Ese mismo día se presentó el asalto a una joyería del centro comercial Gran Estación, una zona del occidente con fuerte presencia de organismos del Estado, como los tribunales Superior y Administrativo de Cundinamarca, el búnker de la Fiscalía, la Policía Nacional y el Centro Administrativo Nacional (CAN). En este caso, los cuatro delincuentes huyeron en dos motos y un taxi.
Y una semana atrás se presentó un atraco en tres apartamentos de un edificio en Santa Bárbara Occidental, en Usaquén, en el cual aún se desconocen los móviles. Solo ha trascendido que los delincuentes lograron burlar la seguridad con la fachada de un domiciliario, mientras por el parqueadero ingresaban otros en dos lujosos vehículos buscando una fuerte suma de dinero.
Estos hechos fueron precedidos por una serie de atracos a ciudadanos en el exclusivo sector de Cedritos, también en Usaquén, y de los sonados asesinatos del joven domiciliario Juan Carlos Gálvez, en su primer día de trabajo, en el barrio Ciudad Jardín, por robarle el morral y el celular; y de la enfermera Jenny Cerquera, a quien sus victimarios le hurtaron la bicicleta. Tampoco hay que olvidar el caso del cantautor vallenato Jorge Celedón, que perdió su bici, avaluada en unos 20 millones de pesos.
La alcaldesa Claudia López aseguró esta semana en Twitter: “Incremento de atracos en Bogotá es inaceptable. Hoy 10% @PoliciaBogotá está en vacaciones/licencias y 20% en cuarentena por covid”.
Y el secretario de Seguridad, Hugo Acero, dijo en su momento que ya tiene su atención sobre los delincuentes disfrazados de domiciliarios y que la policía está investigando los casos.
Agregó que la intención es dar con el paradero de los delincuentes lo más pronto posible. De hecho, por el homicidio del domiciliario fueron capturadas tres personas tras una persecución de cerca de 20 minutos en el Restrepo, y un hombre, por la muerte de la trabajadora de la salud.
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Qué dicen los expertosPero estos hechos son solo los que han trascendido en redes sociales y en los medios de comunicación, porque los reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá dan cuenta de muchos más. Con corte al 23 de junio, el acumulado de delitos de impacto muestra que el homicidio sigue en los niveles del mismo semestre del año pasado y el hurto de bicicletas continúa creciendo.
Si bien el reporte de la Policía revela reducciones sensibles, estas se han dado –de acuerdo con los expertos– a causa de la cuarentena obligatoria, en la cual la gran mayoría de los ciudadanos debieron permanecer confinados en sus lugares de residencia y, por lo tanto, no es correcto hacer comparaciones.
También registran incremento los feminicidios en los últimos tres meses, con 8,6 % más que en el mismo periodo de 2019, según la Secretaría de la Mujer.
Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, recuerda que desde el último trimestre del año pasado venía dándose “un deterioro del fenómeno de inseguridad” con excepción de los homicidios, que presentaba una reducción. El experto señala que, en efecto, las decisiones frente a la pandemia contribuyeron a reducir los delitos y que desde mayo, con la reactivación de la ciudad, empezaron a subir, y cita, por ejemplo, que los hurtos venían aumentando en el último trimestre del 2019.
“La pregunta es si van a subir para estabilizarse a niveles del año pasado o si van a subir más. Pareciera que el que va a seguir subiendo es el hurto de bicicleta”, afirma Ávila. Sin embargo, también señala que es muy temprano para proyectar el comportamiento de los delitos.
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La misma opinión tiene Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana de la Universidad Central de Bogotá, quien dice que lo que está pasando es una “normalización” de la tendencia que venía desde el año pasado y que así lo venían advirtiendo desde hace dos meses.
Nieto asegura que detrás de los delitos que están afectando a los bogotanos se encuentran verdaderas empresas delincuenciales, con roles específicos y diarios de campo, que al principio de la cuarentena estuvieron confinadas y que ya empezaron a reactivar sus economías ilícitas.
“Se habla de estructuras que se especializan, se capacitan y además alimentan otras economías ilícitas como las de autopartes hurtadas, motocicletas, celulares y bicicletas, que dejan ganancias sumamente rentables”, asegura el experto en seguridad ciudadana.
En enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios y casi 200 familias que habían invadido un lote en Ciudadela Sucre, en el municipio de Soacha, terminó un desalojo.
Tras haber agotado todas las líneas y límites del diálogo con la población, las autoridades y la comunidad se enfrentaron, incluso un equipo periodístico del canal Citytv quedó atrapado en medio de los disturbios.
En el lugar, desde el pasado martes 23 de junio, las personas habían empezado de forma coordinada a parcelar con cintas, palos y ladrillos el terreno, y utilizando tejas, latas y plásticos construyeron sus campamentos.
Aunque varias familias se retiraron voluntariamente de la zona, algunos se empezaron a dispersar por los más de 16.000 metros cuadrados que tiene la montaña.
En medio de lo que parecía un diálogo pacífico con los invasores, algunas personas empezaron a lanzar piedras e, incluso, se escucharon disparos, supuestamente contra los funcionarias de la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria y varios vehículos.
El secretario de Gobierno municipal, Danny Caicedo, indicó que “hay una ‘mafia’ que se dedica a invadir terrenos públicos y privados, para luego comercializarlos ilegalmente, estafando a familias pobres, a las que ilusionan diciéndoles que es la forma más fácil de lograr una vivienda gratuita”.
Guillermo Reinoso.
Editor - Redacción Bogotá
EL TIEMPO @guirei24
