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Bogotá

Choque político ayudó a hundir el proyecto de valorización de Bogotá

El presidente de la comisión de Hacienda, Julio César Acosta, a su izquierda, de camisa amarilla, Nelson Castro, del Polo. Atrás los concejales Juan Carlos Flórez y Roberto Hinestrosa.

El presidente de la comisión de Hacienda, Julio César Acosta, a su izquierda, de camisa amarilla, Nelson Castro, del Polo. Atrás los concejales Juan Carlos Flórez y Roberto Hinestrosa.

Foto:Hugo Parra / EL TIEMPO

Este es el primer revés que recibe la administración del alcalde Enrique Peñalosa.

En medio de una jornada llena de sobresaltos, en la noche de este jueves la Comisión de Hacienda del Concejo de Bogotá decidió hundir el cobro de valorización por beneficio local que buscaba recursos por 1,3 billones de pesos para hacer obras en cuatro ejes.
La discusión se puso al rojo vivo a eso de las 8 de la noche, cuando, tras un receso, el partido Cambio Radical (CR) le reviró al concejal Hosman Martínez (Alianza Verde) por señalarlos de marrulleros. Y la voz del presidente del cabildo, Horacio Serpa (Liberal), no ayudó en nada porque calificó la sesión de 'show', lo que terminó por echarle más gasolina al incendio.
Esto calentó los ánimos y propició el desenlace: Julio César Acosta, de Cambio Radical y presidente de la comisión, levantó la sesión.
Durante la jornada se escucharon argumentos tanto a favor como en contra de la iniciativa. Sin embargo, el ambiente estuvo salpicado por intentos para romper el 'quorum', reuniones de última hora, recesos declarados a la carrera y, en general, toda suerte de movimientos para tratar o de salvar o hundir el proyecto.
Las apuestas estaban así: seis por el 'no', siete por el 'sí' y dos concejales a quienes la administración trataba de convencer desde temprano para que inclinaran la balanza a favor: los concejales David Ballén Hernández (‘la U’) y Germán García Maya (Liberal), quienes se cerraron a la banda y pusieron contra las cuerdas a la Administración.
Así estaban las cosas cuando el CR dijo que en su equipo no había consenso y propició el desenlace final.
La decisión se alargó luego de dos días de sesiones, en las cuales parecía que el proyecto estaba montado en una montaña rusa: por momentos estaba hundido, pero luego, después de consultas, reuniones, llamadas, mensajes y mucho cabildeo, el proyecto volvía a revivir. Luego, otra vez aparecía hundido. La temperatura se veía en el rostro de los funcionarios de la administración: sonreían si las cosas iban por buen camino y cuando no, se desencajaban y todo se reiniciaba.
Desde que comenzó el debate, los que dijeron no fueron Gloria Stella Díaz Ortiz (Mira), Celio Nieves y Nelson Castro (Polo), Roger Carrillo (Conservador) y los dos del Centro Democrático, Ángela Garzón y Daniel Palacios. Por el sí estaban jugados los verdes Jorge Torres y Martínez.
Ayer jueves era el último día de plazo para votar el proyecto en primer debate, de acuerdo con los tiempos que establece el reglamento.

Campaña política

Más allá de la decisión de esta jornada, de por medio está el pulso político entre los diferentes sectores, teniendo en cuenta que ya comenzó la campaña presidencial.
El primer golpe lo dio el grupo del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien junto con los seis miembros de la bancada del Centro Democrático tomaron la decisión de no apoyar este proyecto por el impacto en el bolsillo de los ciudadanos, según informaron.
Luego apareció en el escenario el precandidato presidencial y líder de Cambio Radical (CR), Germán Vargas Lleras. Su equipo, que es mayoría en el Concejo de Bogotá, buscó tener un liderazgo en este tema, pero no se contó con que CR estaba dividido: cinco apoyaban la valorización con condiciones, mientras que cuatro estaban en contra de la iniciativa.
Entre estos el más radical opositor a este cobro dentro del CR fue, paradójicamente, José David Castellanos, la mano derecha en el cabildo del senador Carlos Fernando Galán, quien a su vez es el escudero y defensor número uno de la gestión del alcalde Enrique Peñalosa.
Desde el inicio, Castellanos se mostró en contra de aprobar esta iniciativa por considerar que antes que la ciudad está la ciudadanía y, a su juicio, esta no resiste más el bolsillo para pagar impuestos, y menos una valorización teniendo en cuenta la falta de confianza de un desprestigiado mecanismo, dijo.
EL TIEMPO habló con las diferentes bancadas en choque, que coinciden en que sin duda, de por medio está la campaña política: nadie quiere dar papaya para que después, en los discursos y los debates, se les señale de ‘alcabaleros’.
Sin embargo, la cereza que le faltaba al pastel fue que los concejales, de parte y parte, sintieron que las manos de los jefes políticos de los partidos se metieron en las decisiones del Concejo, en este caso de la valorización, lo que puso en la cuerda floja la posibilidad de alcanzar esos 1,3 billones para obras.
De ahí que la decisión final de inclinar la balanza hubiese estado en manos de Ballén Hernández y García Maya. En todo caso fue una jornada que le exigió un esfuerzo máximo a la Administración distrital y en la cual el secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, tuvo que empeñarse a fondo para intentar sacar adelante el proyecto.
Al margen de las movidas políticas, concejales como Juan Carlos Flórez señalaron que pese a que la valorización es un instrumento valioso, en los últimos tiempos se ha desprestigiado porque no se han hecho a tiempo las obras o se han robado la plata.
Flórez consideró que en esta ocasión, la Administración distrital le cargó una serie de lujos en medio de las restricciones económicas que vive el país. Esto, en referencia a un edificio de 80.000 millones de pesos para una torre para la cultura de 10 pisos con piscina y terraza con restaurante en una de las zonas más exclusivas de la ciudad: “Desvirtúa el instrumento y profundiza el aislamiento de la Administración con la ciudad”, dijo el concejal de la Alianza Social Independiente.
La concejal del Mira, Díaz Ortiz, dijo que el pasado 15 de marzo radicó un proyecto de acuerdo para que el cobro de valorización se haga después de las obras. La Administración hizo lo propio con el cobro. A su juicio, estas dos iniciativas debieron ser acumuladas en una sola.
La directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Yaneth Rocío Mantilla Barón, dijo que presentará la iniciativa las veces que sea necesario.

Los recursos para el acueducto

Aunque todavía falta el paso por la plenaria, para la Administración significó un logro que la comisión de Hacienda autorizara un cupo de deuda de $ 3,1 billones para el programa de renovación de redes de alcantarillado de Bogotá, para el plan de corredores ambientales y para el fortalecimiento de la red de suministro de agua. La iniciativa tuvo tres votos negativos, pero en general tuvo menos resistencia que el cobro de valorización.
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