El robo de tres millonarios lotes ubicados en zonas exclusivas del norte de Bogotá dejó al descubierto un problema que se creía propio de sectores marginados o periféricos: la apropiación de predios a través de la violencia, el engaño o el soborno.
Mucho se ha escuchado de ‘los Tierreros’ –delincuentes que llegan a lotes, ‘supuestamente’ carentes de dueño, para apropiarse de ellos y luego venderlos por partes. Sin embargo, los casos que inspiran este informe no estarán relacionados con esos grupos delictivos, pero sí con una (o más) red criminal especializada en arrebatar, legalizar y vender de ‘buena fe’ propiedades que fueron quitadas a sus dueños en zonas exclusivas como La Colina y Lagos de Córdoba, en la localidad de Suba, y La Carolina, en Usaquén. ¿Serán los nuevos ‘Tierreros’ del norte?
Tres víctimas de esta modalidad se unieron para buscar justicia y tratar de evidenciar la supuesta estructura que, según denuncian, podría incluir una nómina judicial corrupta que ayuda con el proceso judicial de los predios que han sido hurtados.
Miguel Ángel Ruiz, Fidel Espitia y la familia Giraldo decidieron relatar sus casos para alertar a las autoridades y presionar las investigaciones que se adelantan en diferentes unidades de la Fiscalía y en juzgados (lea las notas anexas). Todos ellos denuncian la manera cómo a través de “dilaciones intencionales” los procesos judiciales se han aplazado, y han tenido que esperar años para recuperar sus terrenos.
Por ahora, el caso de La Colina cuenta con una sentencia por parte del juzgado 21 penal, en la que condenaron a tres personas por los delitos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado y fraude; y a una más por el último delito. En Lagos de Córdoba, la Fiscalía 223 ya ha llamado a entrevista a la víctima del robo y al vendedor del terreno para resolver el proceso. En La Carolina el caso sigue en manos del ente investigador.
Mientras las autoridades esclarecen las irregularidades, algunas víctimas –que incluso poseen medidas de protección tras amenazas recibidas por los despojadores– se declararon en quiebra.
Miguel Ángel Ruiz compró en el 2008 un lote ubicado en la avenida Suba con calle 116: pagó 1.000 millones de pesos. Su intención era ubicar allí una sede de su concesionario. Tiempo después de cerrar el negocio se enteró de que allí no podía construir ni poner al servicio un negocio, porque el predio estaba en la ronda del humedal Córdoba, que es reserva distrital. El vendedor no advirtió a su comprador de este ‘detalle’.
De este lote, aledaño al humedal Córdoba, en la avenida Suba con calle 116, Miguel Ángel Ruiz, quien representa a otras víctimas, fue despojado en el año 2013.
Ante la situación, el hombre decidió abrir un parqueadero allí y tener a dos personas para cuidar. Sin embargo, un día del 2013, Miguel recibió la llamada de uno de sus clientes del parqueadero para decirle que no le dejaban entrar el carro.
“Al llegar me encontré a unos tipos armados que me dijeron: ¿usted quién es? Si digo que soy yo, me matan. Me tocó decir que era el dueño de una ambulancia. Me advirtieron: ‘Tiene hasta mañana para sacarla porque esto cambió de dueño’”, relató el empresario, propietario del lugar del que lo estaban sacando.
Lo que pasó, y que está siendo investigado por la Fiscalía, es que quienes estaban a cargo de la seguridad del predio –con papeles viciados y, aparentemente sobornados (o amenazados)– vendieron ese lote en 12 millones de pesos.
“Llamé a las autoridades, a mi familia y fuimos al terreno; los tipos que estaban ahí alegaban, con una carpeta debajo del brazo, que el lote era de ellos”, denunció Miguel, quien ante el robo interpuso un proceso policivo por perturbación a la posesión, en la inspección de Policía 11C (Suba).
Miguel dice que quienes le robaron el predio hacen parte de una red criminal que está investigando la Fiscalía. De hecho, este diario conoció una orden de inspección en que la Fiscalía 223 local insta al CTI a realizar las pesquisas necesarias.
Para la víctima, quienes lo robaron conforman una estructura que tiene como finalidad legalizar predios, como el suyo, que tras ser comprados por precios irrisorios, como 12’000.000 de pesos, o ser robados con engaños, o a través de la violencia, son vendidos por sumas millonarias.
Llamé a las autoridades, a mi familia y fuimos al terreno; los tipos que estaban ahí alegaban, con una carpeta debajo del brazo, que el lote era de ellos
En el año 1987, 250 familias de estrato medio de Bogotá decidieron unir esfuerzos para cumplir un sueño: tener una vivienda propia. Cada núcleo invirtió $ 300.000 para la adquisición de un predio donde se desarrollaría un complejo residencial en la calle 163 con carrera 73, en el barrio La Colina.
En 1987 más de 250 familias compraron un lote de un poco más de una hectárea en el barrio La Colina, localidad de Suba.
Con la plata reunida se compró un lote que costó más de 30 millones de pesos en esa época. Hoy, según Fidel Espitia, representante de estas víctimas (y también afectado), la propiedad se valorizó y podría costar alrededor de 30.000 millones de pesos; sin embargo, ya no les pertenece. Se la robaron.
En 1994, con la tierra dónde construir y la asociación creada, inconvenientes en los trámites frenaron el proyecto. Para desenredarlo, apareció el abogado Eliécer Doria Ferrer, quien sugirió crear una nueva organización sin ánimo de lucro llamada Corporación para la Vivienda Fénix, y pasaron allí a los integrantes de la anterior.
“Hicieron unos pagarés, que les dieron a unas 100 personas, por un valor de entre $ 2 millones y $ 5 millones, y nombraron una junta directiva de 10 personas, cinco principales y cinco suplentes”, explicó Fidel. En definitiva, el lote, que era de 250 personas, pasó a ser de cinco.
La junta directiva de la nueva corporación trasladó el lote a la fiduciaria Cáceres y Ferro para desarrollar el plan de vivienda. Pero esta fiduciaria entró en liquidación y fue intervenida por el Estado. Así, a través del Fogafín, se designó a la abogada Clemencia Rodríguez Alvira como liquidadora.
Los miembros de la junta directiva de Fénix vendieron la propiedad por $ 5.200 millones a una empresa, sin que los propietarios originales supieran. De acuerdo con la versión de Fidel, de ese monto los directivos de Fénix se apropiaron de $ 2.500 millones de pesos y la fiduciaria intervenida se quedó con el resto. “Alguien se dio cuenta y se montó una demanda penal por estafa y por concierto para delinquir”, señaló.
Hoy, sobre el abogado Doria Ferrer recae un proceso penal en el juzgado 18 de Bogotá, y aunque hay condenas en este caso (contra cuatro principales de la junta de Fénix),
En el año 2005, Jaime Giraldo salió del lote donde vivía, en el barrio La Carolina (norte de Bogotá), para hacer una diligencia. Cuando volvió encontró a un grupo de personas en su propiedad.
La familia Giraldo denuncia que esos terrenos, que fueron trabajados por su padre años atrás, no tienen nada que ver con el narcotráfico y que han sido amenazados por recuperar sus tierras.
Jaime, Luz Stella y Marina, los hijos de Giraldo, dicen que, a raíz de las amenazas que recibió, su padre tuvo que abandonar el lote, y aunque la familia inició un proceso para recuperarlo, lo que sería una nómina judicial corrupta –según ellos– trabajó a favor de los despojadores. Hoy no hay claridad de quiénes son dueños del terreno.
“La salud de mi papá se estropeó por los pleitos y en el 2007 murió de pena moral. Antes de fallecer, nos contó que estos sujetos se identificaban como parte del clan Herrera –narcotraficantes de Cali– y que le decían que si no abandonaba su lote correría peligro”, sostuvo Marina.
No era la primera vez que el apellido Herrera les traía problemas. Marina se había casado, años atrás, con José Manuel Herrera, hermano del hoy fallecido narco ‘Pacho’ Herrera. Desde 1981 hasta la primera década del 2000, la pareja residió entre Estados Unidos y Colombia.
La salud de mi papá se estropeó por los pleitos con los lotes y en el 2007 murió de pena moral
Por cuenta de los procesos de extinción de dominio, varias de las propiedades que tenía en Cali y Bogotá Jaime Giraldo (padre) se mezclaron con las de Herrera, y el Estado las incautó. “Quizás por mi relación sentimental, pero mi papá nada tenía que ver con negocios por fuera de la Ley”, agregó la hija.
Por ejemplo, aunque el lote de La Carolina tiene 60 por ciento de incautación y 40 por ciento está libre de esta figura jurídica, este sigue en poder de hombres del clan Herrera. Esto último lo aseguró Miguel Ángel Ruiz, representante de las víctimas y quien también fue despojado de su lote junto al humedal Córdoba, en Suba.
Ruiz ha manifestado que “hay funcionarios que han pedido dinero a cambio de agilizar los procesos y de ayudar a ganar los pleitos”.
Por otro lado, según denunciaron los Giraldo ante la Fiscalía el 1.° de agosto de este año, “los abogados de William Herrera falsearon documentos y escrituras de los predios para robarlas, y lograron corromper autoridades y funcionarios públicos, como notarios”.
ÓSCAR MURILLO - CAROLINA PAVA - SONIA CANO - PABLO ARCINIEGAS
REDACCIÓN BOGOTÁ Y EQUIPO EL TIEMPO ZONA