Seis años después de que la Contraloría General inició un proceso para establecer la responsabilidad fiscal del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno, y varios exfuncionarios y excontratistas en el desfalco por el ‘carrusel’ de contratos en Bogotá, ese organismo los condenó ayer a pagar 174.996 millones de pesos que deben reintegrar al erario.
La Contraloría consideró que el exalcalde es responsable de los sobrecostos que se generaron en el contrato 137 del 2007 con el que se dio paso a las obras para construir la fase III de TransMilenio por la calle 26. El órgano acusador encontró que el valor del contrato, que fue cedido por el Grupo Nule a Conalvías, se incrementó de manera injustificada. Así, el negocio que costaba 315.580 millones de pesos, al pasar a Conalvías terminó costando $ 467.893 millones.
El órgano de control fiscal también encontró que la Alcaldía pagó por costos administrativos y de mano de obra que no debía asumir, y en la ejecución del contrato se dejaron de hacer obras que estaban pactadas en el negocio inicial.
Con Moreno tendrán que pagar de manera solidaria por el fallo fiscal los exdirectores del IDU Néstor Eugenio Ramírez y Liliana Pardo –prófuga de la justicia en el proceso penal que se lleva en su contra por este caso–, los integrantes del Grupo Nule, y el exsubdirector del IDU, Inocencio Meléndez.
Para la Contraloría es claro que desde que el Grupo Nule tenía el contrato comenzó a presentar retrasos que llevaron a que las obras no fueran entregadas en las fechas pactadas. Pero al menos nueve sanciones que les habían sido impuestas a la empresa de los Nule (Unión Temporal Transvial) fueron revocadas por el IDU en dos resoluciones (la 1034 y 1035 de abril del 2010) una vez el negocio fue cedido a Conalvías, “por lo que no existían fundamentos jurídicos ni fácticos que permitieran mantener la multa impuesta”.
Por eso en este proceso también tendrá que responder Conalvías cuyo presidente, Andrés Jaramillo, fue citado por tercera vez por la Fiscalía General para imputarle cargos por el ‘carrusel’ de contratos, audiencia que se desarrollará el 7 de diciembre.
Según la Contraloría, el Grupo Empresarial Vías de Bogotá S.A.S., (Conalvías), junto con César Jaramillo y CIA, Édgar Jaramillo, Patria S. A., Infraestructura Concesionada, Agremezclas, Ingenieros Constructores e Interventores modificaron el valor global del contrato con tres adiciones y excluyeron obras, lo que ocasionó un millonario detrimento en los dineros públicos.
El fallo dice que “las pruebas recaudadas demuestran que el IDU pese a los continuos incumplimientos de su contratista, no hizo efectivo el mecanismo contractual conminatorio de multas, ni continuó con el procedimiento de caducidad, contando con precisas y expresas facultades para ello, todo lo cual quedó amparado en la decisión de cesión del contrato, figura jurídica que resultó determinante para superar las múltiples y evidentes irregularidades que se venían presentando durante la ejecución del contrato”. Según la sentencia, en esa etapa “la deficiente actuación del Distrito y la inoportuna gestión del interventor permitieron que el contratista deliberadamente incumpliera el contrato”.
La Contraloría dice que es evidente la responsabilidad de Conalvías en el daño al erario, pues el detrimento vino de la “concertación entre los funcionarios del IDU y Conalvías” para que por medio de otrosíes y adiciones al valor total del contrato “cambiaron las reglas de juego plasmadas en los términos de la licitación y el contrato cedido, que fueron determinantes para que se generara el daño que está obligado a reparar”.
BOGOTÁ
