El miércoles 25 de agosto de 1999, una mujer –a quien la Caja de la Vivienda Popular (CVP) tiene plenamente identificada– llegó a la Notaría 47 de Bogotá y, con planos topográficos expedidos por un ingeniero sin registro profesional, sin evidencias catastrales ni soportes legales, logró que una herencia de 1.200 metros cuadrados quedara registrada por 1.000 veces más terreno: 1’200.000 metros cuadrados.
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Esto es poco comparado con una jugada similar que en el 2001 hizo una firma de inversiones en la Notaría 24: pasó a ser propietaria ya no de los 2.874 metros cuadrados de terreno que le compró a la familia de la misma mujer, sino de 7’666.538 metros cuadrados de tierra: su terreno se multiplicó por 2.650.
Ellos son, por decirlo de alguna manera, los ‘virtuales’ dueños de terrenos de por lo menos cuatro barrios de Ciudad Bolívar: Santa Viviana, Caracolí, Santa Viviana-Vista Hermosa y La Unión Divino Niño. Allí habitan más de 10.000 familias de escasos recursos.
Muchos de esos barrios se consolidaron en terrenos que eran de propiedad del Distrito pero que luego de las maniobras irregulares, con la complicidad de servidores públicos, hoy aparecen en manos ajenas y privadas.
Esta es tan solo una de las múltiples modalidades que están en investigación por parte de las autoridades administrativas y judiciales de Bogotá, en lo que desde ya se denomina ‘cartel de los tierreros’, una operación sofisticada que se ha catalogado como sistemática y organizada para seguir sacándoles recursos a las personas más vulnerables.
Según fuentes consultadas por EL TIEMPO, cuando los barrios se legalizan, la mujer reaparece y va de casa en casa con las escrituras del terreno a su nombre y les exige a las familias cifras que van desde 2 millones de pesos hasta 24 millones de pesos, con el fin de ‘legalizar escrituras’.
Mientras se adelanta la investigación, la CVP solicitó al superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, el ‘bloqueo preventivo’ de esos terrenos y que contemple la cancelación de las matrículas inmobiliarias de los predios identificados con los números 50S-40192428, 40363517, 40363518, 50S-40273329, 40389476, porque lo que al parecer allí se esconde es la posible clonación de tierras que son propiedad de la Caja, pero que aparecen ‘camufladas’ o traslapadas a nombre de particulares.
Mediante escritura pública No. 7780 del 24 de noviembre de 1983, de la Notaría 9.ª de Bogotá, la Caja de Vivienda realizó la compra del lote Sierra Morena, con una extensión de 1’365.000 metros cuadrados aproximadamente. Quince años después, la Caja dividió el predio en dos lotes, donde nacieron los barrios Sierra Morena, por un lado, y los cuatro barrios en disputa territorial, por el otro.
Estas son solo dos de las 14 investigaciones que hoy adelanta la Superintendencia de Notariado y Registro. “Se están revisando las denuncias y estamos analizando los registros y los papeles de seguridad para establecer si hay falsedades y eliminar los registros, mientras avanza la denuncia penal. El objetivo es poder recuperar los terrenos”, dijo Vélez García.
Este diario pudo establecer que hay una investigación que es manejada bajo reserva, en la que hay por lo menos 100 personas en la mira. Entre ellas se cuentan servidores y exservidores públicos.
En Bogotá hay 51.000 predios sin título de propiedad, señala Hábitat. Catastro, por su parte, dice que 31.501 están construidos sobre predios ajenos. En esos terrenos se calcula que hay 20.606 ocupaciones ilegales distribuidas en 13 localidades, para un total de 3.600 hectáreas. Esto significa que hay más de 100.000 personas que no solo están viviendo en asentamientos ilegales y en alto riesgo, sino que también están a merced de los tierreros.
robo de tierras en bogota
Judicial
Entre el 2005 y 2016, las autoridades distritales expusieron ante la Fiscalía 70 casos de tierreros que operan principalmente en Usme, Ciudad Bolívar, Bosa, Kennedy, Rafael Uribe, Suba y Fontibón. Este año, la actual Administración denunció cuatro hechos relacionados con posibles procesos de enajenación ilegal en tres localidades, con evidencia de las promesas de venta de posesión de terrenos de Bosa (San Bernardino, El Ensueño en Ciudad Bolívar y Villa Anita en Usme).
Solo en estos tres casos estarían involucradas por lo menos 85 personas naturales y jurídicas, entre ellas una exfuncionaria de la CVP a quien señalan de ser, presuntamente, el enlace con esas organizaciones.
El poder de esas redes criminales es de tal magnitud que las autoridades judiciales y administrativas están en alerta máxima. De hecho, la Dirección Seccional de Fiscalías designó a dos fiscales destacados para manejar exclusivamente el tema de tierreros.
En los últimos días se han realizado al menos tres mesas de trabajo de alto nivel entre el ente acusador y las cabezas de las entidades distritales, con el fin de analizar el tema, recoger información, establecer los protocolos y así poder configurar la estructura de esas organizaciones y la forma sofisticada y sistemática como operan en la ciudad.
Pero la realidad es que ni el Distrito ni la Fiscalía han podido desenredar el nudo gordiano que arman estos criminales. Y, según fuentes del caso, esa misma estrategia la están multiplicando en varias ciudades y municipios del país.
‘Modus operandi’
A sangre y fuego, los tierreros se toman terrenos públicos y privados, lotean y venden con documentos falsos. También organizan invasiones en predios públicos o privados y para ello utilizan a personas en situación de vulnerabilidad y discapacidad.
Según los investigadores, cuando ya hay un predio identificado, se reúnen varias bandas, hacen una especie de ‘vaca’ y se lanzan a ocuparlos los sábados de puente festivo a partir de las 3 de la tarde. Cuando llega la Policía, sacan los escudos humanos: las personas más vulnerables.
Así sucedió en el cerro de Monserrate, donde ya había una especie de ciudadela en el corazón de Bogotá; y en la Cuchilla del Gavilán (parque Entre Nubes, al suroriente), cuando en agosto pasado más de 1.000 personas trataron de invadir la zona de reserva, lo cual terminó con 14 individuos detenidos, de los cuales tres fueron judicializados.
Las víctimas son los más pobres: desde Tocaimita en Usme, pasando por Montebello, la Chiguaza y Santa Rosa en San Cristóbal; Arborizadora o La Colmena en Ciudad Bolívar, hasta en Terminal Pesquera de Kennedy. En caso de que las familias quieran dejar los asentamientos o no tengan para pagar, los amenazan.
El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, dijo que se trabaja con la Policía y la Fiscalía en la identificación de 10 organizaciones criminales de tierreros que operan en 11 localidades. Como lo informó EL TIEMPO en la edición del pasado 17 de marzo, estos delincuentes están tratando de quedarse con 3.600 hectáreas de tierra ocupada ilegalmente, que equivalen a 14 veces el tamaño del parque metropolitano Simón Bolívar.
HUGO PARRA
Redactor de EL TIEMPO