En un hecho sin precedentes en el país, la Secretaría de Educación del Distrito (SED) decidió separar y alejar de los colegios públicos a los 91 docentes acusados de cometer abusos sexuales contra niños y adolescentes en los planteles de la ciudad.
La medida se tomó luego de la denuncia que hizo EL TIEMPO el pasado 13 de febrero, donde se informó sobre los procesos disciplinarios que adelanta la Oficina de Control Disciplinario contra 89 hombres y 2 mujeres, de los cuales 26 están en indagación preliminar, 49 en investigación disciplinaria, 7 en etapa de juicio y 9 con sanción de primera instancia.
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De la misma manera, la SED informó que trabajará en forma conjunta con la Fiscalía General de la Nación para agilizar los procesos disciplinarios y judiciales a que haya lugar, con el fin de tomar decisiones de manera oportuna.
Los casos se comenzaron a conocer luego de la captura del docente de matemáticas Néstor Osvaldo Ávila Novoa, sindicado por una madre de familia, quien puso la respectiva denuncia luego de que su hija le contó que su profesor la cogía, le subía la falda y le tocaba las partes íntimas. Ávila Novoa fue detenido por las autoridades segundos antes de ingresar a un plantel escolar en la localidad de Kennedy, donde dictaba clases en primaria.
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La sorpresa de todos los padres de familia y de la comunidad educativa fue mayor cuando se enteraron de que este presunto abusador de niñas tiene tres procesos más en la Fiscalía y dos investigaciones disciplinarias relacionadas con los mismos hechos, contra alumnas en edades de 10 a 12 años.
Salvaguardar integridadLa medida de sacar a los profesores investigados también se tomó en concordancia con el llamado y la indignación de los ciudadanos, los padres de familia y la comunidad académica en general, preocupados todos por la integridad de los niños, quienes en algunos casos estaban cerca de estas personas investigadas.
Según informó la entidad, los docentes pasaron a desempeñar cargos administrativos en la entidad mientras se produce una decisión de fondo.
Pese a que el marco normativo de los educadores señala que en “ningún caso podrá efectuarse cambio de funciones docentes a un educador activo por funciones de índole administrativo”, la SED manifestó que puso por encima de esta norma a los niños y decidió protegerlos.
En comunicado oficial, la entidad indicó que se hizo “en aras de salvaguardar la integridad, la seguridad y el bienestar de las niñas, niños y jóvenes que estudian en los colegios oficiales de Bogotá (...)”.
S. O. S. por los niñosLa Secretaría de Educación pidió el apoyo del Gobierno Nacional y de la Procuraduría General de la Nación para que esta decisión se blinde, con el fin de proteger la integridad de los niños. Esto significa evitar, por todos los medios legales, que los acusados vuelvan a dictar clase mientras no se decida su situación jurídica y disciplinaria.
De la misma manera, el Distrito pidió al Gobierno impulsar la modificación del Código Disciplinario Único, así “como las normas que regulan la actividad docente para que desde las secretarías de Educación pueda brindarse una actuación y respuesta más expedita ante situaciones que vulneren los derechos de la infancia y la juventud”.
Mientras esto avanza, el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño, anunció la puesta en marcha de un esquema de denuncia para que los niños sean protegidos de los ataques de los abusadores. El mandatario invitó a los ciudadanos a denunciar “cualquier hecho que ponga en riesgo la integridad de las niñas y niños de nuestra ciudad”.
Por otra parte, la ministra de Educación, Yaneth Giha, vía Twitter, aplaudió la decisión que tomó Bogotá al retirar de las aulas a esos docentes. En todo caso quedó pendiente el blindaje que pidió el Distrito para este tema.
Tal como se informó en la edición del pasado lunes, entre el 2012 y el 2017 se recibieron en total 171 quejas, de las cuales 80 ya finalizaron.
Entre tanto del 2015 al 2016 se registraron 32 procesos sancionatorios, “de los cuales 10 fueron con sanción de destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos, y 22, con sanción de suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos”, dijo la SED.
Llamado a defensores de familiaEn una carta dirigida al ICBF, la secretaria de Educación Distrital, María Victoria Angulo, solicitó, desde mayo del 2016, la designación de defensores de familia para poder adelantar “la práctica de pruebas que involucren a menores testigos y víctimas dentro de los procesos disciplinarios”.
La petición se hizo con base en la Ley 1098 del 2006, según la cual “las declaraciones de testigos menores solo pueden ser recepcionadas en presencia del defensor de familia”.
De acuerdo con el documento que conoció EL TIEMPO, en ese momento se contabilizaban 500 procesos disciplinarios, como maltrato, agresión, abuso y acoso.
Esta solicitud, según la carta, se viene haciendo desde el 2008.
Entre tanto, la directora del ICBF, Cristina Plazas, dijo que las entidades educativas deben seguir unos protocolos de prevención de abuso sexual, como tener cuidado con el personal que se contrata, la capacitación y, sobre todo, “tener protocolos de acción y de denuncia frente a estos casos”.
Respecto al tema de impunidad que ronda este tipo de delitos, la funcionaria les insistió a los jueces que los sentenciados por estos crímenes, los cuales considera atroces, paguen la totalidad de la pena en una cárcel.
24.255 niños, bajo protección del ICBF por violencia sexualLas cifras son alarmantes: en el país hay 24.255 niños y menores de edad bajo el cuidado y protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) por casos de violencia sexual. Son niños que han sufrido cualquiera de las formas de ataque contra su integridad, como abuso sexual (violación, tocamientos, acceso carnal), explotación sexual y uso en pornografía infantil. También hay varios casos de trata de personas con fines sexuales.
En Bogotá se adelantan 5.023 procesos, seguida por Valle del Cauca, con 2.149; Magdalena reporta 1.831 menores; Antioquia, 1.568 casos; Cundinamarca tiene 1.044 bajo su protección; Atlántico, 1.019; Cesar, 924, y Córdoba, 908.
Los centros zonales del ICBF en Bogotá con mayores casos de restablecimiento de sus derechos son Suba, 659; San Cristóbal, 657; Rafael Uribe, 569; Ciudad Bolívar, 444; Usme, 387 y Kennedy, 333, entre otros.
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HUGO PARRA
Redactor de EL TIEMPO
En Twitter @hugoparragomez
