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Bogotá

‘Restringir consumo de drogas, medida significativa pero transitoria’

La Corte estableció que aunque una persona sea señalada por la comunidad como expendedora de drogas, esa prueba no sirve si se trata de testigos anónimos.

La Corte estableció que aunque una persona sea señalada por la comunidad como expendedora de drogas, esa prueba no sirve si se trata de testigos anónimos.

Foto:Andrés Cristaldo / EFE

Según la Fundación Ideas para la Paz, estas iniciativas no solucionan de fondo la problemática.

Óscar Murillo
Once meses después de que entrara a regir el Decreto 1884 del 2018, con el que el Gobierno Nacional facultó a la Policía para que decomise la dosis mínima en el espacio público, la Secretaría de Seguridad de Bogotá publicó un borrador del decreto con el que restringirá el consumo de drogas y alcohol en parques, entornos escolares y plazoletas de la ciudad.
Sin duda, estas medidas responden a un reclamo ciudadano que culpa al microtráfico de ser una de las principales actividades que deteriora la percepción de seguridad. Así se desprende, por ejemplo, de la más reciente encuesta de victimización y percepción de seguridad de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB), que ubica la venta de drogas como el segundo delito que más preocupa a la ciudadanía, incluso más que el homicidio.
“El propósito de esta medida es garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes disfruten el espacio público. Al año recibimos 330.000 llamadas ciudadanas al 123 para que actuemos sobre los parques, para garantizar que el consumo no afecte la tranquilidad de estos espacios”, le dijo a EL TIEMPO Jairo García, secretario de Seguridad.
Pero, ¿son estas medidas las que se necesitan para alejar a los menores de las garras de las drogas, mejorar la percepción de seguridad y garantizar la convivencia ciudadana en el espacio público? Y, además, ¿están preparadas las autoridades de seguridad para hacerlas cumplir?
Esas y otras preguntas se hizo la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un estudio que publicará en los próximos días y en el que aborda, entre otras, los impactos que ha generado en las dinámicas del microtráfico la puesta en marcha del decreto nacional para el decomiso de la dosis mínima.
“El impacto es significativo pero transitorio. Si usted pone policías en los espacios escolares y parques para que no haya consumo, eso puede mostrar resultados por algunas semanas; se despeja de estas actividades al espacio público. El tema es que para que eso sea sostenible se debería tener a la policía dedicada a eso exclusivamente”, explicó sobre uno de los aspectos evaluados Juan Carlos Garzón, director de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz de la FIP.

El propósito de esta medida es garantizar que nuestros niños, niñas y adolescentes disfruten el espacio público

Analizar este aspecto es importante si se tiene en cuenta que en Bogotá el pie de fuerza es escaso. Según datos de la Policía Metropolitana, en este momento hay 17.912 uniformados, 651 menos que en el 2017, cuando eran 18.563. Hugo Acero, experto en seguridad, afirmó en una columna publicada en este diario que tal y como está planteado el decreto distrital, hacerlo cumplir es una “misión imposible”.
“Con base en los datos que aporta el propio proyecto, la Policía tendrá que controlar el consumo de alcohol y drogas, las 24 horas del día, en más de 5.000 parques de distintas dimensiones que van desde el Simón Bolívar hasta los de barrio, entornos de 2.425 centros educativos, de 113 instituciones de educación superior, además de plazas y plazoletas”, advirtió Acero.
Como la norma dice que la restricción aplicaría en un radio de 200 metros alrededor de estos sitios, significa que la prohibición regirá en el 97 por ciento del territorio de la capital del país.
“La única institución perjudicada, si se expide este decreto como está redactado, va a ser la Policía, que no va a dar abasto con los requerimientos ciudadanos”, agregó Acero.

Expendios ocultos

Por otro lado, para evaluar el impacto en el consumo y la comercialización de estupefacientes desde que entró en vigor el decreto 1884, la FIP realizó 159 entrevistas, 63 a policías y 96 a ciudadanos que frecuentan parques o están cerca de centros educativos, en 63 puntos de Bogotá ubicados en todas las localidades.
Además, con el apoyo de funcionarios de la Secretaría de Seguridad que recorren constantemente la ciudad, detectaron que hay por lo menos 217 puntos donde se expenden alucinógenos. “No solo preguntamos por el expendio abierto, sino por el oculto; y el 50 por ciento de los identificados son expendios ocultos: edificios, casas y bares que funcionan como expendios y se reconocen como tal”, comentó Garzón.
Una de las conclusiones del estudio es que la medida del Gobierno Nacional –y muy seguramente ocurrirá igual con el decreto de Bogotá– obliga a los consumidores recreativos, al no poder fumar en parques y zonas públicas ni tampoco en sus casas, a trasladarse a sitios como caños, humedales, potreros, etc., donde tienen contacto con consumidores problemáticos, como habitantes de calle, aumentando su nivel de riesgo.
El estudio de la FIP también aclara que la droga que más se consume en la capital del país es la marihuana, seguida del bazuco y, finalmente, la cocaína. Sin embargo, niega que haya un fenómeno desbordado de consumo, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos con los opiácidos.
“Aquí sí ha aumentado el consumo de drogas, pero quienes tienen un consumo problemático son una minoría de la minoría, es un problema concentrado. Se concentra en algunas poblaciones, en algunas drogas y geográficamente también uno puede encontrar concentraciones”, señala Garzón.
La sanción será de 220.838 pesos, que podrá conmutarse con un curso pedagógico o un programa comunitario.

La sanción será de 220.838 pesos, que podrá conmutarse con un curso pedagógico o un programa comunitario.

Foto:Raúl arboleda / AFP

Otro de los hallazgos del estudio tiene que ver con que los comparendos del Código de Policía que se están imponiendo a quienes consumen drogas y alcohol en el espacio público, incluso a quien los porte, no arroja la información suficiente para determinar qué tipo de sustancia es la que se está incautando.
“Nos encontramos con la sorpresa que cuando usted va a la base de datos de la Policía, solo en dos de cada 10 casos es posible saber cuál es la sustancia que se está incautando. Usted entra a la base de datos, pone la sustancia y no se puede diferenciar si fue una lata de cerveza o marihuana; en el 80 % de los casos la información no registra eso”, advirtió Garzón.
Solo para el caso de Bogotá, de los 841.414 comparendos impuestos por el Código de Policía entre el 1.º de agosto del 2017 y 31 de julio del 2019, 162.159, el segundo más sancionado, fue por “consumir bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas o prohibidas” en el espacio público. Según estimaciones de la FIP, en dos de cada ocho se sabe por qué tipo de sustancia se impuso el comparendo.
Finalmente, el secretario de Seguridad propuso tomar el nuevo decreto, que puede empezar a regir en Bogotá a partir de esta semana, como un mensaje para convivir mejor y como una acción complementaria a lo que se está haciendo en términos de prevención. “ El decreto invita a entender que lo podemos hacer mejor, sin afectar la vida en comunidad”, concluyó.

Fenalco plantea dudas al decreto

Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá, señaló que el parágrafo del borrador de decreto de la Secretaría de Seguridad en el que dice “en todo caso, no podrá consumirse bebidas embriagantes ni sustancias psicoactivas ilícitas en todos aquellos espacios públicos a cielo abierto o cerrado, y espacios privados que trasciendan a lo público” afecta de manera directa a establecimientos comerciales como tiendas, bares o negocios que vendan licores, pues son espacios privados que trascienden a lo público. Por esta razón solicitó precisión en este punto. Hasta el martes se podrán hacer sugerencias al proyecto en www.scj.gov.co.
ÓSCAR MURILLO MOJICA
EL TIEMPO
Óscar Murillo
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