La disputa legal que sostienen los residentes del barrio Pío XII, de la localidad de Kennedy, con la Secretaría de Educación por la construcción de un colegio en esta zona desembocó la mañana de este lunes en intensos enfrentamientos entre miembros del Esmad y cerca de 80 personas que rechazan este proyecto.
De acuerdo con lo que ha manifestado la entidad, el predio donde ya empezaron los trabajos para levantar el centro educativo, que beneficiará a 550 estudiantes, es de propiedad del Distrito. Por su parte, los vecinos aducen que se trata de la única zona verde con la que cuenta este sector.
En la Secretaría de Educación (SED) explicaron que desde el 23 de junio del 2014 el Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público les entregó el predio para construir el colegio Ciudad de Techo, que tendrá una inversión de 10.472 millones de pesos.
“Al revisar el déficit educativo, en el 2018 la UPZ Castilla presentó un faltante de 746 cupos para satisfacer la demanda en jornadas diurnas (mañana, tarde y única)”, argumentaron en la entidad y agregaron que allí se dictarán clases en los niveles preescolar, primaria, secundaria y media. Esta construcción ya fue adjudicada a la firma Consorcio LB Construcciones y la interventoría, a Inplayco S.A.S.
Nosotros pusimos una acción popular hace cuatro años, solicitamos que no nos construyan el colegio no porque no estemos de acuerdo, sino porque nos están quitando la zona verde
No obstante, para los habitantes del sector el proyecto tiene un impedimento.
“Nosotros pusimos una acción popular hace cuatro años, solicitamos que no nos construyan el colegio no porque no estemos de acuerdo, sino porque nos están quitando la zona verde, el único bosque que tenemos en el sector”, señaló Diana García, administradora del conjunto Rincón de Techo 2 y 3.
El 25 de abril de 2018, el juez a cargo de resolver esta acción popular profirió una medida cautelar que ordenó a la Secretaría de Educación interrumpir cualquier proceso administrativo o contractual tendiente a la construcción del colegio.
Ante esta determinación, la defensa de la entidad presentó ante el Tribunal Superior de Cundinamarca un recurso de apelación que, el 4 de febrero pasado, revocó esa medida cautelar.
Amparada en esta decisión, la Secretaría de Educación envió ayer a algunos de sus funcionarios, en compañía de la Policía, para ingresar al predio la maquinaria y continuar con las obras. Este hecho despertó la indignación de la comunidad, que trató de impedirlo.
“Hemos seguido los procedimientos de ley, aún no se ha resuelto la acción popular ni a favor ni en contra del Distrito. Ellos de manera arbitraria han hecho el cerramiento del parque. Estamos esperando para apelar en caso de que perdamos, lo que queda claro es que no han tenido en cuenta a la comunidad”, denunció Luis Alberto Tafur, presidente de asuntos ambientales y urbanísticos de la veeduría ciudadana de este barrio. Pero para la SED, todas sus actuaciones han estado ajustadas a la ley, y en este caso, aseveran, prima el derecho a la educación.
Así lo manifestó Adriana González, subsecretaria de esta entidad. “Siempre hemos tenido un diálogo con la comunidad pero ellos nos han insultado, acá el derecho de los niños es prevalente”, afirmó la funcionaria y agregó que en los últimos años se han realizado 12 reuniones para socializar el proyecto.
Mientras el juzgado que tiene a su cargo la acción popular toma una decisión, las obras de la edificación, que ocupará unos 4.800 metros cuadrados, ya empezaron. Una de las preocupaciones de la comunidad es la suerte de los árboles que se encuentran en este predio. Según explicaron desde la Administración Distrital, 48 serán talados; sin embargo, después de una concertación con el Jardín Botánico, serán compensados con la siembra de 192 nuevos, en un lugar que todavía no se ha definido.
BOGOTÁ
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