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Rescate Social incluye 5.000 millones para Contraloría y Personería
Concejo de Bogotá

Concejo de Bogotá.

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Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

Rescate Social incluye 5.000 millones para Contraloría y Personería

Concejo de Bogotá.

¿Sí tenían razones los entes de control de Bogotá para estar ahí? Estos son sus argumentos. 

Este martes, el proyecto de Plan de Rescate Social y Económico, la estrategia con la que la Alcaldía de Bogotá busca reactivar la economía, entra a su fase decisiva. Este martes comienza su debate y la votación en plenaria del Concejo de Bogotá para poder convertirse el acuerdo.

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Pero, el proyecto no ha estado exento de polémicas. Hace un mes, la discusión se centró en el dinero que el acuerdo le inyectaría a TransMilenio, y, en medio de eso, se pasó por alto un cambio hecho a última hora en el debate final de Comisión de Hacienda: una adición presupuestal a la Personería y a la Contraloría.

EL TIEMPO revisó las distintas versiones del proyecto que se radicaron en el Concejo y comprobó que, en efecto, la adición presupuestal de 5.000 millones de pesos –2.000 para la Personería y 3.000 para la Contraloría– se hizo al final con la aprobación de una proposición sustitutiva.

En el artículo 3, del primer proyecto radicado por la alcaldesa Claudia López, el 11 de junio de 2021, no estaba la adición para las dos entidades.

Pero, luego, en proposición sustitutiva radicada el 30 de julio de 2021 en la Comisión por los concejales Rubén Torrado (Partido de la U) y Carolina Arbeláez (Cambio Radical) aparece, en el artículo 3, la orden de adicionar en el presupuesto anual de gastos e inversiones de Bogotá para la vigencia 2021 los 2.000 millones para la Personería (1.200 millones para funcionamiento y 800, para inversión) y 3.000 millones para inversiones en la Contraloría.

“Este es el inexplicable ‘mico’ de 5.000 millones de pesos que le metieron al Plan de Rescate Social. ¿Qué tiene de rescate social hacer esas adiciones a la Contraloría y la Personería?”, cuestionó la concejal Marisol Gómez, quien aseguró que presentará proposición supresiva a este punto.

Gómez asegura que esos 5.000 millones de pesos podrían reasignarse a otras áreas que sean, realmente, de rescate social. “Podrían servir, por ejemplo para invertir en los convenios de la Alta Consejería para las Víctimas con organizaciones internacionales para financiar iniciativas y emprendimientos de víctimas del conflicto que hoy están teniendo problemas”, anotó Gómez.

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¿Por qué lo pidieron?

EL TIEMPO consultó a la Personería y a la Contraloría (a través de sus oficinas de prensa) y a los concejales Torrado (a través de su jefe de prensa) y Arbeláez (directamente) para conocer por qué el proceso se hizo así y las razones de la adición.

Ante el requerimiento, la Contraloría respondió que “los recursos contemplados se destinarán al fortalecimiento de la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá, con el fin de continuar fortaleciendo los procesos de vigilancia y responsabilidad fiscal que son de su competencia”. La Contraloría hoy tendría menor presupuesto, pero cada vez más sujetos de control a quienes fiscalizar: eso habrá llevado a la solicitud.

Este es el inexplicable ‘mico’ de 5.000 millones de pesos que le metieron al Plan de Rescate Social. ¿Qué tiene de rescate social hacer esas adiciones a la Contraloría y la Personería?


Por el lado de la Personería, el ente de control dio varios argumentos. Uno de ellos tiene que ver con una “reducción significativa de presupuesto” en los últimos dos años. Según un gráfico enviado por la entidad, el presupuesto de inversión pasó de 21.205 millones en 2019, a ser de 8.212 millones en 2020 y de 6.076 millones en 2021. “Para hacer veeduría de los recursos entregados al Distrito, seguimiento a las medidas relacionadas al covid-19 y al acompañamiento de marchas y diferentes manifestaciones en garantía de derechos humanos, se solicita al Concejo el aumento en el presupuesto del Ministerio Público”, dice la respuesta oficial de la Personería a este diario. Agregan, específicamente, que se “vio la necesidad de contar con los recursos necesarios” en el Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos (GAEOVD), a fortalecer una meta de desarrollo y administración de servicios TICs, a fortalecer la “promoción y defensa de los DD. HH. y el DIH” y la “potestad disciplinaria” pues, dicen, la alta demanda de solicitudes ciudadanas muchas veces “exceden los niveles de evacuación óptimos”.

Lo que no es claro, sin embargo, es por qué se escogió el proyecto de acuerdo 265, el de Plan de Rescate Social, para solicitar estas adiciones presupuestales. Por el lado de los cabildantes no se explica si esta era la única forma de hacerlo o si era necesario solicitar la adición a través de otro proceso.

Al cierre de esta edición no había sido posible ponerse en contacto (ni por chat ni por teléfono) con los concejales que tramitaron esta proposición sustitutiva.

EL TIEMPO 

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