Recompensas, ¿la estrategia correcta contra la delincuencia en Bogotá?

Dentro de la estrategia que la alcaldesa Claudia López y organismos de seguridad vienen adelantando para combatir la inseguridad en la ciudad, este martes se sumó una más: el pago de recompensas para dar con el paradero de peligrosos criminales en todas las localidades, incluyendo a posibles terroristas.

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Según la mandataria, los montos de dichos pagos estarán distribuidos de la siguiente manera: se entregarán hasta 50 millones de pesos por denuncias de terroristas; 20 millones por cada delincuente que haya participado en un hurto violento, otros 20 millones para quienes denuncien a sujetos de conductas delictivas recurrentes y, finalmente, un botín de 10 millones para quienes ayuden a encontrar a quienes hayan incurrido en algún homicidio en la ciudad.

Según la alcaldesa, “esta estrategia ayudará a reducir los índices delictivos que desde agosto del año pasado ya han venido mejorando, como es el caso del homicidio, el hurto a celulares, residencias, bicicletas y comercio, al igual que la extorsión”.

El general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, considera que esta nueva estrategia es un aporte a las investigaciones de inteligencia que realizan las autoridades. “La información será sometida a un comité de verificación que junto con los datos recolectados por los investigadores determinará si es verídica o no. Los pagos se hacen de acuerdo a resultados”.

El anuncio coincidió con la más reciente encuesta sobre percepción y victimización de Bogotá, hecha entre septiembre y octubre del 2021 por la Cámara de Comercio. Según el estudio, el 88 por ciento de los bogotanos percibe que la ciudad es insegura, apenas el 30 cree que el barrio es seguro y la victimización pasó de 15 a 20 por ciento entre 2019 y 2021. Llama la atención que entre los encuestados el 46 por ciento manifestó haber sido testigo, sin ser víctima, de un delito, 16 puntos más que en 2019. 

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Todos estos indicadores y el reclamo permanente de las autoridades ante la falta de una justicia eficaz que evite que muchos delincuentes vuelvan a la calle, es lo que ha llevado a las autoridades a emplear todos los métodos posibles para combatir el crimen. Y aunque el tema de las recompensas no es nuevo –en la última administración de Mockus se le conocía como la ‘ventanilla siniestra’ a una estrategia similar que empezó a implementar el gobierno nacional de entonces y que el alcalde rechazó–, hay voces que advierten sobre los riesgos de una medida de este tipo.

Para Yenifer Suarez, penalista experta en seguridad de la universidad Manuela Beltrán, “los sistemas de recompensa pueden ser útiles e incentivar sobre todo a personas que estén en medio de la criminalidad organizada. Sin embargo, se presentan como una medida de respuesta rápida ante un problema estructural como lo es la seguridad, pero realmente no hay un sustento que permita ver su utilidad y lo que podría impulsar es una cultura de la desconfianza y el miedo en la que todo ciudadano puede ser enemigo”.

En contraste, Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios para la Paz, dijo que la política de recompensas no es nueva en el país ni en el mundo. Por esa razón, considera que “no hay una cultura del sapeo porque estamos hablando de un tema histórico en la lucha contra el crimen organizado que siempre ha estado presente. El Ejército de Colombia siempre lo ha utilizado”.

Otras voces llevan la discusión más allá y analizan implicaciones profundas como una posible deslegitimización del deber ciudadano de la denuncia. “Este ofrecimiento desvirtúa el artículo del procedimiento penal que dice que toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de los que tenga conocimiento en forma obligatoria (...) estaríamos regresando a la ley del viejo oeste donde el ciudadano solo denuncia a cambio de dinero”, señaló Juan Trujillo, experto en seguridad de la Manuela Beltrán.

Para otros analistas, que prefirieron reservar su identidad, estamos ante el riesgo de que las recompensas se presten para fenómenos de corrupción y vendettas entre organizaciones criminales. Y tampoco ven con buenos ojos elevarla como norma para atacar la inseguridad. “Vamos a convertir al ciudadano en un instrumento y no en un ser responsable que debe denunciar y apoyar las instituciones. ¿Ahora su deber se lo vamos a pagar?”, preguntó uno de ellos.

La aplicación de la estrategia ha generado interrogantes como ¿qué tan seguro es para la gente denunciar en una ciudad como Bogotá?

Juan Sebastián Jimenez, docente de la Universidad Javeriana y experto en seguridad, dijo que “no veremos una ola de crímenes de revancha o ajuste de cuentas para quienes denuncien, pero a lo que sí hay que prestar atención es al aumento de falsas denuncias que podrían colapsar el sistema y terminar por entorpecer la acción de las autoridades”.

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Finalmente, Luis Felipe Vega, doctor en ciencia Política de la Universidad de Leipzig, Alemania, dice que se trata de un esfuerzo por recopilar información importante, sin embargo, es una medida que se implementa sobre la marcha y puede generar una distorsión de la reacción institucional de la Policía, impulsada por la diferencia en las tarifas ofrecidas para cada delito.

Recordó que este esquema no es nuevo y que fue usado en el pasado por el Gobierno Nacional bajo el nombre de ‘jueves de recompensa’. “En ese entonces este mecanismo llevó a un cúmulo de falsas denuncias, persecución a cierto tipo de personas, se usó el mecanismo para resolver conflicto barriales y enemistades particulares. Entonces la pregunta es ¿cómo se hace la valoración de la información y si las autoridades tienen la capacidad para procesarla?”.

Para el experto, esta medida es un golpe mediático que busca contrarrestar la percepción de inseguridad en los bogotanos haciéndolos parte de la estrategia de seguridad y pone de manifiesto que no hay una política integral de seguridad.

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La última medición de la Encuesta de Percepción y Victimización de Bogotá (EPV), realizada por la Cámara de Comercio entre 6.500 ciudadanos, reveló que el 88 por ciento de estos consideran que la capital ahora es un lugar más inseguro.

La medición indica que el 20 por ciento de los encuestados fueron víctimas de algún delito en la ciudad durante 2021. Esta cifra está 3 puntos porcentuales por encima de la media registrada en otros años, que fue del 17 por ciento, y la convierte en la más alta de los últimos seis años.

Sin embargo, aunque más personas han sido víctimas de algún delito, el porcentaje de denuncia también creció y se ubicó en 49 por ciento. La modalidad de hurto a personas es la que más preocupó a los bogotanos durante el año pasado. La incidencia fue del 27 por ciento en el caso de atraco; 24 por ciento en el de quienes fueron robados sin darse cuenta; 20 por ciento, a quienes les raparon sus objetos personales; 12 por ciento en estafa; 8 por ciento en ‘paseo millonario’ y 6 por ciento en fleteos.

Y aunque este delito es el que más inquieta, llama la atención que aumentó la preocupación por el vandalismo –subió de 5 por ciento en 2020 a 9 por ciento en 2021– y la venta de drogas –pasó del 4 por ciento en 2020 a 7 por ciento en 2021–.

Según los resultados de la encuesta, solo el 15 por ciento de los encuestados dijeron que están satisfechos con la labor de la Policía en Bogotá. Sin embargo, entre los encuestados que han acudido al servicio de policía, el nivel de satisfacción llegó al 30 por ciento.

Aunque en el 2021 se registró un aumento en el porcentaje de ciudadanos que manifestaron haber llamado a la línea 123, pasando de 19 por ciento en 2019 a 22 por ciento en 2021, lo cierto es que 65 por ciento de los encuestados dijeron que la atención en dicha línea es muy mala, mala o dudosa.

Por otro lado, la encuesta mostró que solo dos de cada 10 ciudadanos saben a qué cuadrante pertenece su hogar.

EL TIEMPO