La jueza primera de ejecución de penas, Raquel Aya Montero, que el año pasado concedió la libertad a Julio Alberto Reyes, le dijo a EL TIEMPO que para tomar esa decisión tuvo en cuenta que el condenado a 22 años de prisión había mantenido un buen comportamiento y que el Inpec había certificado que avanzaba positivamente en un proceso de resocialización.
Además, señaló que cuando le concedió la libertad condicional, Reyes ya estaba en casa por cárcel, beneficio que recibió en marzo del 2015 por cumplimiento de la mitad de la pena, y solo salía de su sitio de detención para atender problemas médicos por los cuales iba a ser sometido a un procedimiento para implantarle un marcapasos.
Reyes recibió una rebaja de pena por parte del juez trece penal de Bogotá, por haber aceptado los cargos imputados por un doble homicidio perpetrado en el 2005, y también fue beneficiario de una reducción de la sentencia de 48 meses y 14 días por cuenta de redención de pena por trabajo y estudio.
“Había cumplido más de las tres quintas partes de su pena, su conducta fue calificada como buena y siempre tenía actividad de trabajo y estudio para bajar su pena”, señaló la jueza Aya Montero.
La funcionaria judicial afirmó que la libertad no se le otorgó por padecer problemas psiquiátricos, pues durante todo el proceso quedó claro que ese argumento que su defensa intentó esgrimir para tumbar la sentencia no fue tenido en cuenta.
De hecho, el proceso llegó a la Corte Suprema de Justicia que consideró que el caso estuvo ajustado a la ley y rechazó la revisión pedida por la defensa de Reyes en la que señalaba que él era inimputable.