¿Qué pasará con los capturados de las protestas?

¿Qué pasará con los capturados de las protestas?

Por atentar contra edificios y monumentos en el centro de Bogotá, 13 personas serán judicializadas.

Plaza de Bolívar

Así se registra la primera limpieza y reparación de las fachadas.

Foto:

César Melgarejo / EL TIEMPO

Por: Bogotá
27 de abril 2019 , 01:54 p.m.

El fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, confirmó que se judicializará a 13 capturados en Bogotá por actos de vandalismo en el centro, durante el paro nacional, bajo los cargos de violencia en servidor público, daño en cosa ajena y porte ilegal de armas.

El propio presidente Iván Duque condenó los actos de violencia y solicitó a las autoridades avanzar rápidamente en el procesamiento de los capturados.

Agredir a un policía, según el Código Penal, podría costarle al imputado entre cuatro y ocho años de cárcel. En cuanto a daño en bien ajeno, podría incurrir entre 16 y 90 meses de prisión, además de una multa de entre 6,66 a 37,5 salarios mínimos (siempre y cuando dicha conducta no constituya delito sancionado con pena mayor). Y el porte ilegal de armas contempla una pena de entre 9 y 12 años que podría duplicarse cuando se oponga resistencia de forma violenta a las autoridades o se empleen máscaras para ocultar la identidad.

Según el balance general del Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC), más de 150 millones de pesos y un mes de trabajo costará la reparación de los daños producidos a cinco edificios y dos monumentos, tras las marchas del paro nacional.

Más de 325 metros cuadrados de espacio público fueron vandalizados con rayones de latas de aerosol, quemas y golpes. Entre las fachadas se encuentran la catedral Primada de Colombia, la Capilla del Sagrario, el Palacio de Justicia, el Palacio Cardenalicio y el Palacio Liévano. También, la estatua de Simón Bolívar y el Monumento a José de San Martín, este último ubicado en la calle 32 con carrera Séptima.

Hugo Acero, experto en seguridad, llama la atención sobre el hecho de que quienes incurren en este tipo de actos son una minoría, frente al colectivo que sí hace buen uso del derecho a la protesta. Ahora, en cuanto a un balance de gestión de seguridad en manifestaciones, Acero indica que “hay que hacer trabajos de investigación criminal. Es fácil en algunos casos poder detectar a los violentos a través de labores de inteligencia y seguimientos”, afirmó.

Reconoce que para judicializarlos hay que tener pruebas suficientes para establecer su identidad y su relación con los hechos. De lo contrario, pueden quedar libres. “Si no hay suficientes pruebas que demuestren con videos y con fotos, y aun con testimonios, que esta es la persona que agredió de manera violenta a un policía o cometió daños en bien público y en bien ajeno, no se puede hacer mucho”, explica.

Andrés Preciado,  asesor de seguridad, opina que los actos de vandalismo en las marchas, más que un asunto de seguridad, es un aspecto que está ligado a la cultura de los bogotanos.

“Yo haría un llamado a la acción a la cultura ciudadana. El sentido de controlar una manifestación no puede ser con un policía al lado. Claro que es un tema muy complejo de manejar logísticamente, pero la presencia de la policía genera hechos delictivos. La plata que se gasta en cada marcha debe llevarse a la reflexión pública para que la gente entienda que esa plata la termina pagando alguien”.

En cuanto a las posibles consecuencias de los capturados, Preciado plantea que en la judicialización, quizá,  no reciban más allá de una nota en el expediente judicial (hecho que depende de los expedientes de cada persona). “Jurídicamente las autoridades no tienen muchas herramientas sobre el daño a bien ajeno. La experiencia nos ha demostrado que la mayoría de las penas son excarcelables”.

Además, reitera que el registro que utilizarán en la investigación para imputar los cargos difícilmente permitirá identificar a cada capturado y reprocha la idea de que “es increíble que los encapuchados deban acudir a ocultar su identidad para expresar una idea, esto solo perjudica a la ciudadanía”.

Adicionalmente, hubo otras 16 personas movilizadas a Centros de Traslado por Protección que permanecieron recluidas 12 horas
, con posibilidad de ser recogidas por familiares. Aunque este grupo no recibirá comparendos, sí se les aplicó esta medida por estar en un estado de alteración que comprende un riesgo para su propia seguridad y la de otros ciudadanos.

BOGOTÁ

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