Carmen Chacón ajusta más de 20 años desde que llegó a vivir al barrio Gavilanes, en Suba. Gracias a su trabajo logró construir una casa de tres pisos y adecuar tres apartamentos: uno para vivir y dos que arrienda. Con lo que le dejan las rentas cotiza cada mes para acceder a su pensión, pues nadie la emplea desde que se hizo mayor de 50 años.
En diciembre del 2017 se le apareció una inquietud que la tiene “pegada del techo”. La Caja de la Vivienda Popular le notificó que debía dirigirse a las oficinas de la entidad para cumplir con un proceso de reasentamiento. Lo mismo que les ha pasado a unos 706 propietarios en barrios como Bilbao, Berlín, San Pedro, Santa Rita, Villa Cindy y Santa Cecilia (de estrato 2), ubicados en la ronda hidráulica (los que están más cerca del cauce) o en la zona de preservación ambiental del río Bogotá.
El requerimiento tiene que ver con un proceso judicial que tuvo sentencia frente a una acción popular en el 2006, y en el que la magistrada Martha Lucía Rengifo, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ordenó que las viviendas emplazadas en esas áreas de influencia del vertiente tenían que reasentarse. Además, las autoridades debían ejecutar acciones de mitigación. Para aquel tiempo, los barrios eran legales, aunque se construyeron en décadas previas, de manera informal o ilegal, sobre terrenos prohibidos para urbanizar. Ambas condiciones, legalidad y a la vez ubicación sobre espacios prohibidos, permanecen así.
Vista aérea del sector de Gavilanes (Suba), donde se aprecia la cercanía de las casas con el río Bogotá.
Carlos Ortega y César Melgarejo / EL TIEMPO
Vista aérea del sector de Gavilanes (Suba), donde se aprecia la cercanía de las casas con el río Bogotá.
Carlos Ortega y César Melgarejo / EL TIEMPO
Vista aérea del sector de Gavilanes (Suba), donde se aprecia la cercanía de las casas con el río Bogotá.
Carlos Ortega y César Melgarejo / EL TIEMPO
Vista aérea del sector de Gavilanes (Suba), donde se aprecia la cercanía de las casas con el río Bogotá.
Carlos Ortega y César Melgarejo / EL TIEMPO
El reasentamiento no se ha efectuado hasta la fecha, entre otras razones porque los afectados interpusieron distintas acciones y lograron mantenerse en sus casas. Mientras tanto, la Corporación Autónoma de Cundinamarca (CAR) sí desarrolló las acciones de manejo del cauce y mitigación del riesgo, lo que generó un cambio en las condiciones de los terrenos en cuestión. Lo propio ha hecho la Secretaría de Hábitat con distintas acciones en la ronda del río.
“La mayoría de las casas son bien construidas y en ellas viven más de una familia. Pero en los últimos años han estado bajando el avalúo catastral y luego apareció la Caja de la Vivienda Popular a decir que debíamos venderle porque está siguiendo la orden judicial (y la resolución 306 de la Alcaldía Mayor, del 2006, emitida tras la sentencia)”, cuenta Harbinson Castellanos, líder comunitario. “Pero al que más le pagarían le darían 50 salarios mínimos mensuales por su casa (casi 40 millones de pesos); eso es muy poco dinero y no alcanza para nada”.
La oposición de la mayoría de los habitantes se relaciona con que han edificado sus casas y aseguran que entregarla a cambio de 50 salarios mensuales es imposible. “Yo por mi casa pido 300 millones de pesos porque me da para vivir y para conseguir un sueldo. Que me paguen lo que de verdad vale, eso es lo que exijo yo y lo que exige la comunidad”, expone Carmen.
En octubre del 2017, tras una solicitud de Hábitat, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (Idiger) emitió un concepto técnico sobre la amenaza de inundación en el sector. Al menos el 95 por ciento de la zona que en el 2006 presentaba alto riesgo quedó en riesgo bajo o medio tras el análisis de esa entidad de prevención.
Que me paguen lo que de verdad vale, eso es lo que exijo yo y lo que exige la comunidad
En este punto, la Caja de la Vivienda Popular (CVP) respondió y enfatizó que la orden del 2006 no fue proferida con ocasión del riesgo sino con motivo de la ubicación de las viviendas en las zonas hidráulicas y de preservación del río, lo cual es prohibido. Y que por eso, el concepto del Idiger no determina las acciones de la CVP.
En lo concerniente a los pagos por debajo de 40 millones por los inmuebles, que señalan los ciudadanos, la entidad contrastó: “Ese pago se ofrece solo de manera inicial, pues el propietario se puede negar a tomarlo, tras lo cual Catastro realizaría una evaluación técnica y comercial para otorgar un valor mayor al ofrecido en principio por la CVP. Ese avalúo puede ser entre 30 y 40 por ciento superior al que se realiza para el cobro predial”.
Ayer, un grupo de ciudadanos de siete barrios llevaron a cabo una protesta frente a la Alcaldía. Entre sus peticiones está que se revoque la resolución que determina el reasentamiento o que el Distrito les pague por sus viviendas lo que ellos consideran “justo, porque ni son ranchos ni se están cayendo, ni se han inundado por desbordamiento del río en los últimos 25 años”.
A la vez, instauraron una tutela para reclamar el derecho al debido proceso, pues consideran que la autoridad judicial debe revisar el concepto del Idiger para modificar la decisión, aun cuando la orden se emitió por estar ubicados en zona prohibida.
FELIPÉ MOTOA
BOGOTÁ
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