La historia tras la contratista encapuchada en Altos de la Estancia

La historia tras la contratista encapuchada en Altos de la Estancia

Las autoridades estudian el presunto rol de ella y otros funcionarios en ocupaciones ilegales.

Desalojos
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César Melgarejo / EL TIEMPO.

Por: Redacción Bogotá
08 de junio 2020 , 05:05 p. m.

Muchas dudas quedaron con el caso de la abogada Indira Caicedo Zuluaga, la contratista de la alcaldía local de Ciudad Bolívar que fue fotografiada el pasado 18 de mayo, cuando con su rostro cubierto y vestida de negro daba indicaciones en medio de un desalojo de un predio invadido en Altos de la Estancia.

La principal inquietud tiene que ver con que, tal y como lo confirmó la Secretaría de Gobierno, ese día “no se adelantó ningún operativo en Altos de la Estancia”.

Pese a un video en el que ella sale con el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, explicando que fue a la zona vestida de esa manera debido a supuestas amenazas que ha recibido por su labor, todavía no hay claridad sobre por qué estaba en ese sitio si no había una orden para continuar ese día el desalojo, el cual había iniciado el 2 de mayo.

La funcionaria lleva ocho años trabajando en la alcaldía local en temas relacionados con la recuperación del espacio público en predios de alto riesgo. Fue inspectora rural de Policía de Mochuelo desde el 2011 hasta el 2015 y, desde 2016, se encarga de los reasentamientos ilegales. Hoy está en el ojo del huracán porque estaría, según denuncias formales, facilitando las invasiones.

Ray Vanegas Herrera, exalcalde local encargado de Ciudad Bolívar, explicó que Caicedo era quien se encargaba de las ocupaciones ilegales y que a ella le remitía los documentos que llegaban de la Secretaría de Hábitat alertando invasiones, y manifestó: “No vi ningún comportamiento más allá del que estaba previsto dentro de sus obligaciones contractuales”.

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A través de la Secretaría de Gobierno, EL TIEMPO le envió unas preguntas a la contratista, además de las evidencias de algunos procesos que hay en su contra, pero ella respondió que no estaba enterada de lo que se le acusa, y que por tal motivo no iba a referirse al respecto.

Gómez dijo que la funcionaria fue retirada de todos los procesos asociados a recuperación de espacio público, que se inició también una investigación interna y “que hasta que no haya un fallo, hay que garantizar el debido proceso”.

“La Secretaría de Seguridad está acompañando la investigación. Esperamos prontos resultados. No tendremos ninguna contemplación con quienes abusen de su cargo para la corrupción”, concluyó Gómez.

Estas denuncias las tiene la Fiscalía 79 seccional. Fuentes del ente de control consultadas por este diario confirmaron que el caso está en indagación y que se han impartido varias órdenes de policía judicial para recopilar material probatorio, algunas ya se cumplieron y otras están programadas para realizarse.

El secretario de Seguridad, Hugo Acero, dijo que las investigaciones con la Fiscalía van avanzadas. “Las instituciones de seguridad y justicia tienen varias líneas de investigación sobre personas vinculadas con estos ilícitos y al parecer hay involucrados algunos exfuncionarios, funcionarios activos y contratistas, y en este sentido la Administración está en toda la disposición de entregar todo la información”, agregó.

Una denuncia anónima, radicada el 27 de febrero pasado ante la corregidora del sector de Mochuelo, que ya tiene en su poder la Fiscalía, que es pieza clave en las indagaciones, y a la que tuvo acceso EL TIEMPO, dice que la abogada, en compañía de su pareja sentimental, un hombre que trabajaría en la misma alcaldía local, estarían facilitando estas ocupaciones.

“Han crecido las construcciones ilegales patrocinadas por la doctora de la alcaldía Indira Caicedo Zuluaga (…) le pido a la corregidora de la zona que haga presencia y no deje más que se metan porque ahora están llegando exguerrilleros y ladrones (…) los invasores les dan una parte a ella y al marido por cada lote vendido, y además cobran cuotas mensuales a los que ya compraron”, se lee de la carta en poder de la Fiscalía.

Además de estas acusaciones formales, varias fuentes (entre ellos líderes sociales, comunidad y un exfuncionario de la alcaldía de Ciudad Bolívar) que prefirieron ocultar su identidad por seguridad, explicaron cuál sería el rol de la contratista en las ocupaciones.

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Aprovechando su cargo, Caicedo se enteraba de los comunicados que la Secretaría de Hábitat le remite a la alcaldía local avisando sobre invasiones ilegales en algunos polígonos para que recuperen la zona y presuntamente enviaba a un delegado, antes de llevar a cabo cualquier acción oficial para, al parecer, exigir dinero a los ocupantes.

Un abogado que representa desde hace cinco años a una de las supuestas víctimas dijo que “cuando al despacho de la alcaldía local llegan las advertencias de la Secretaría de Hábitat sobre invasiones que deben recuperase, Indira manda un notificador, que llega a donde las personas que pusieron su casita ilegal, y les dice: ‘Bueno, aquí viene una orden de desalojo para ustedes, si no quieren que los desalojemos, consigne una plata’ ”, explicó.

Según las denuncias que tienen en su poder las autoridades, a cada familia humilde le cobrarían entre 100.000 y 300.000 pesos para no sacarlos de allí, y estos montos serían pagados a través de giros vía Baloto, Efecty o Dimonix.

¿Notaría involucrada?

EL TIEMPO tiene en su poder una promesa de compraventa autenticada por la Notaría 61 de un lote ubicado en lo que fue la antigua finca El Purgatorio, de 20.000 metros cuadrados aproximadamente, “cuyos linderos son: norte, con el recuerdo Alto; sur, con el barrio Santa Marta y Villa Paula; oriente, con la cantera Villa Paula, y occidente, con el barrio Santa Marta”.

Lo inquietante de esta promesa de compraventa es que en la Circular 327 del 2015, la Superintendente Delegada para el Notariado les pide a los notarios del círculo de Bogotá que, debido al fenómeno de ocupaciones ilegales que está tomando fuerza en la capital del país, deben, “con el objeto de prevenir, impedir y sancionar los actos de ocupación y enajenación ilegal”, tomar algunas prevenciones, como “verificar los inmuebles ubicados en los polígonos de monitoreo, para evitar protocolizar escrituras o autenticar documentos como promesas de compraventa”.

Según denunció el abogado, la participación de Indira Caicedo sobre la invasión de este terreno sería desacatar la orden emanada del juzgado 20 Penal del Circuito de Bogotá con Función de Conocimiento, donde desde el 2016 se le ordenó a la alcaldía local realizar las acciones necesarias para dejar libres varios terrenos, entre los cuales se encuentra El Purgatorio, predio que en la actualidad estaría ocupado en su gran mayoría por reinsertados de grupos paramilitares.

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Para el caso del terreno en mención, la Notaría 61 no tuvo en cuenta que este lote hace parte de los 40 polígonos de monitoreo conformados por 638 hectáreas en Ciudad Bolívar y, en consecuencia, tramitó una autenticación de una venta de un predio en zona de riesgo. Los lotes que se roban, poniendo a operar toda esa estructura, son posteriormente publicados en páginas de internet de venta de inmuebles por valores que rondan los 10 millones de pesos.

¿Canteras corruptas?

Pero volvamos a Indira. Un exfuncionario de la alcaldía de Ciudad Bolívar le contó a este diario que en la época en que fue inspectora en Mochuelo, la abogada habría ayudado a una empresa minera a desaparecer unos documentos en medio de un pleito por una servidumbre.

Por esto hay un proceso abierto en la Fiscalía 211 seccional en contra de ella, de César Ernesto Duarte y Adriana Janeth Blanco, dueños de la empresa Miner Group SAS, titular del título minero n.° 16432 conocido como cantera Villa Paula.

No obstante, este no es el único proceso. Una persona que trabajó para la empresa minera, en un interrogatorio de la Fiscalía al que tuvo acceso EL TIEMPO, explica cómo sus antiguos jefes la habrían obligado, entre el 15 de julio y el 15 de agosto del 2015, a conseguir un dinero para tratar de evitar que saliera una resolución de la CAR que ordenaba el cierre de la cantera por no cumplir con algunos requisitos legales.

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Fragmento del Interrogatorio de Indiciado, realizado el 8 de agosto del 2018, y que EL TIEMPO tiene en su poder.

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Archivo particular

En conversación con este medio, la persona que ofreció esa indagatoria, y quien habría sido de la entera confianza de César Duarte, manifestó que Indira le anticipó a su jefe que la resolución de cierre de la cantera estaba por salir de la CAR; incluso, le habría enviado el borrador de esa decisión. El monto para lograr que no se cerrara la mina habría sido de 80 millones de pesos.

“Conseguir el dinero me llevó semana y media, el dinero es contado y embalado por mí y entregado a mi jefe, yo sé por lo que se comentó en el conteo del dinero entre César y Janeth, que la plata sería entregada a la señora Indira Caicedo, y ella se reuniría con el señor Néstor Franco, en una cafetería en la calle 34, al lado de la CAR, allí sería entregado con el fin de evitar que se profiriera la resolución”.

No obstante, en octubre de ese año la resolución llegó, pero el ‘resuelve’ era distinto al borrador al que habría tenido acceso César. Ese proceso iba muy adelantado, por lo que no fue posible detenerlo en su totalidad. El soborno alcanzó, según las denuncias, para modificar el ‘resuelve’, que terminó siendo un cierre preventivo de extracción de materiales de construcción, y no cierre de todas las actividades mineras, tal y como estaba en el borrador que habría conocido el propietario de la mina.

Néstor Franco, exdirector de la CAR, en conversación con EL TIEMPO manifestó, al preguntarle sobre la mención que hacen sobre él en el interrogatorio, que no tenía ninguna noticia sobre eso.

Agregó que la localidad de Ciudad Bolívar no es jurisdicción de la CAR, sino de la secretaría de Ambiente de Bogotá. Además, señaló que la relación de expedientes de esa cantera “se han llevado y sustanciado en la dirección regional CAR Bogotá La Calera”.

Sobre su relación con la funcionaria, respondió que: “A esa persona la conocí en algún momento por ser inspectora de policía en esa localidad, participaba en reuniones referidas al relleno sanitario Doña Juana exclusivamente. Jamás tuve trato distinto a ello”.

Altos de la Estancia

66 familias han sido beneficiadas con apoyos de la Alcaldía. El desalojo se inició el 2 de mayo.

Foto:

César Melgarejo. EL TIEMPO

Finalmente, el abogado dijo que está siendo amenazado por su trabajo de defensa a una víctima. “Hay dos bastiones. Uno, los que invaden y otros los que trafican drogas. Los que trafican me tienen amenazado, y ellos surten y distribuyen armas a las personas que invaden; y como esos terrenos son tan grandes y a muchos dueños no les interesa protegerlos, porque los sacaron amenazados, ellos tienen vía libre, y a quienes los contenemos, nos amenazan”, concluyó.

Pese a que desde el pasado 19 de mayo se intentó hacer contacto con Indira a través de la secretaría de Gobierno, nunca contestó las preguntas enviadas. El 20, 23 y 24 de mayo se volvió a insistir, pero tampoco fue posible. Ayer, 3 de junio, se hizo un último intento, sin obtener respuesta al cierre de esta edición.

Crisis en el parque Entrenubes

Una situación similar a la de Altos de la Estancia podría estar ocurriendo en el parque Entrenubes, en el suroriente de la ciudad. Pese a la captura de nueve presuntos tierreros que estaban incendiando el martes pasado un predio allí, ayer un nuevo grupo de delincuentes ingresó a la zona para prender fuego y de esta manera tratar de invadir predios que son de reserva ambiental.

Carolina Urrutia, secretaria de Ambiente, manifestó que por esto se han afectado 80.000 árboles y 18 hectáreas. La alcaldesa Claudia López también se refirió a este tema. “Es tremenda la devastación humana y ambiental que deja la alianza de tierreros y narcos al invadir, quemar y pretender urbanizar zonas de alto riesgo y reserva ambiental manipulando la necesidad de familias humildes. Este año se han presentado más de 400 intentos de invasión”, publicó en su cuenta de Twitter.

BOGOTÁ
EL TIEMPO
Twitter: @BogotaET

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