A tres días de cumplirse un año de la intervención de la antigua zona del ‘Bronx’, en el centro de Bogotá y que se había convertido en uno de los más grandes expendios de drogas y armas del país, las organizaciones Parce y el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT), con el apoyo de la Universidad de los Andes y la fundación alemana Friedrich-Ebert- Stiftung, lanzan el informe ‘Destapando la olla: informe sombra sobre la intervención en el Bronx’.
Este es un análisis de los impactos que tuvo el desmonte de esta zona del centro de la ciudad, pero desde la perspectiva de derechos humanos de la población habitante de la calle, “garantías y libertades democráticas y otros aspectos de tipo político y procedimental”, señala el estudio.
En el documento, de 120 páginas, se valora el proceso realizado el 28 de mayo del año pasado, así como las consecuencias que este trajo para la ciudad. Además, se exponen recomendaciones para el Gobierno Distrital en cuatro áreas, específicamente: seguridad, derechos humanos, renovación urbana y políticas públicas de habitantes de la calle y de drogas.
Aunque la Alcaldía de Bogotá señaló que tras este operativo se atendieron, solo el año pasado, 2.053 habitantes de la calle, con los programas del Distrito, y desde mayo del 2016 hasta hoy 860 han dejado esta condición, el estudio pide revisar el enfoque de esas políticas, el acceso a los servicios y la estigmatización a esta población, entre otros.
El evento de lanzamiento se realizará este jueves a las 4:30 p. m., en el auditorio Mario Laserna de la Universidad de los Andes. Contará con la participación de panelistas expertos en renovación urbana y segregación socioespacial, así como habitantes de la antigua zona del ‘Bronx’. La entrada es libre para todo el público.
El estudio hace una valoración de la intervención en dos niveles: los resultados inmediatos que dejó el operativo y los efectos en la seguridad de las zonas cercanas a la olla, en donde, aunque aclaran que no es objetivo de la investigación hacer una evaluación de impacto, contrastaron datos de delitos en tres años y encontraron que algunos delitos, como los hurtos de vehículos y a personas, no se redujeron después del operativo, y otros como el homicidio ya venían con una tendencia de reducción.
Por tal razón, y teniendo en cuenta los problemas de desplazamiento que dejó el operativo, reflexionan que la recuperación del espacio público no puede significar desplazar a la población.
En cuanto a las políticas públicas para la atención de población habitante de la calle, el estudio hace una radiografía de qué tanto han cambiado estas políticas de una administración a otra.
Lo que demuestran es que la ciudad pasó de tener estrategias para reducir los daños que generan los estupefacientes a los consumidores, y reducir las barreras de acceso a la salud de estas personas mediante la atención en centros de atención móvil, a tener una política de abstinencia que pretende sacarlos de la calle e integrarlos al sistema de salud, dirigiéndolo a las EPS.
Por eso, los investigadores plantean varias opciones para moldear dichas políticas: crear varios modelos de intervención y atención, pues no todos son aplicables a los mismos usuarios; definir, con ayuda del Minsalud, los lineamientos de atención y reducción de la barrera de acceso a los habitantes de la calle, y que la Secretaría de Salud tenga estrategias para atenderlos.
Uno de los planes de la Administración Distrital es recuperar la zona en donde quedaba el ‘Bronx’ por medio de un proyecto de renovación urbana, para el cual se invertirán en los próximos dos años 130.000 millones de pesos, y actualmente se avanza en la demolición de algunos de los predios que se encontraban en extinción de dominio.
Sin embargo, los investigadores señalan que para el proyecto de renovación es importante “concertar con las comunidades los procesos de transformación urbanística”; además, que el desarrollo urbano promovido debe responder al interés general, basado en el reparto equitativo de cargas, que incluye a propietarios de suelos, habitantes de la zona y a la población flotante. También deberá estar basado en un urbanismo incluyente.
El informe fue realizado por el Centro de Pensamiento y Acción para la Transición (CPAT), organización sin ánimo de lucro en la que participan economistas y filósofos y que se encargó de recopilar y analizar información oficial.
También, por Pares en Acción Reacción Contra la Exclusión Social (Parces ONG), que trabaja con poblaciones históricamente excluidas, que durante ocho meses hizo trabajo de campo con los habitantes de la calle y articuló la información cualitativa.
La investigación fue apoyada por la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes y la organización alemana Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol).
En el trabajo de acompañamiento que efectuó la organización Parces a los habitantes de la calle que “fueron expulsados de la L” (como también se conocía al ‘Bronx’) señalan que se presentaron siete tipos de violencia contra esta población:
“1) física; 2) verbal; 3) simbólica; 4) desplazamiento forzoso; 5) utilización de gases lacrimógenos en una zona pacífica y con limitada circulación de aire; 6) amenaza de muerte; 7) desnudos en vía pública”.
Entre las recomendaciones que plantean en el estudio está la creación de una mesa de seguimiento permanente que esté integrada por las entidades del Estado responsables de garantizar los derechos humanos, como la Defensoría del Pueblo y la Personería Distrital, entre otras.
También, que se revisen los protocolos de requisa a los habitantes de la calle para evitar vulneraciones de la integridad de esta población, y que se cree una ruta de acceso para que esta población pueda denunciar abusos de autoridad, pues
este también es su derecho.
BOGOTÁ
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