Aunque los antitaurinos reconocen que cada vez quedan menos caminos en su lucha contra la fiesta brava, consideran también que los que están por recorrer son más claros que cuando comenzaron.
Natalia Parra Osorio, líder animalista, ambientalista y directora de la plataforma Animales Libres de Tortura (Alto), dijo que van a continuar impulsando las iniciativas legislativas ante el Congreso para que se debilite este tipo de eventos, hasta al desmonte total.
Si bien piensa que aliviar el dolor de los toros (morigerar) es una opción, como muchos lo han contemplado, ella asegura de forma tajante que el reto es la abolición total de lo que consideran es “una tortura animal”.
En la actualidad –dice– hay tres proyectos de ley radicados en el Congreso, dos de ellos buscan que se sigan realizando corridas, pero sin lastimar al toro.
Un tercer proyecto, que lleva la firma de 15 senadores, pide que se aplique la observación que Naciones Unidas le hizo a Colombia sobre alejar a los menores de edad de las corridas de toros y del entrenamiento del toreo porque representa un daño psicológico.
Precisamente, una de las iniciativas en curso lleva el sello de la administración Peñalosa que, de la mano del senador Carlos Fernando Galán, pretende evitar el daño al toro y que no se usen los bienes públicos (como la Santamaría). Además, autoriza a los concejos municipales, a través de cabildos abiertos, para que puedan prohibir estas faenas en sus territorios.
La posición de la actual administración distrital, que se opone a las corridas de toros, pese a que el fallo de la Corte Constitucional obligó al Distrito a reabrir la Santamaría, fue aplaudida por la líder Parra Osorio.
En este sentido sostiene que han sido testigos de los esfuerzos que diferentes entidades distritales han realizado frente a este tema. También porque la Corte, dice la antitaurina, obliga al Estado a desestimular este tipo de espectáculos.
Otra esperanza es que el Congreso eche para atrás la excepción que hizo en 1989 a la Ley 84 o Estatuto de protección de animal, que no tipificó como maltrato las corridas, el rejoneo ni las peleas de los gallos.
Los animalistas también están a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre una demanda a la excepción que existe en la Ley 1774 (de maltrato animal) contra los toreros por maltrato animal, un caso que independiente del sentido del fallo va a levantar ampolla.
Y, por supuesto, esperan que la misma Corte se pronuncie también a favor de la viabilidad de la consulta antitaurina.
BOGOTÁ
