El proyecto de ley para lograr la conformación de la Región Metropolitana, que pretende crear una figura de asociación real entre Bogotá y municipios de Cundinamarca que quieran vincularse, está entrando en su etapa decisiva.
La iniciativa, que nació a finales del año pasado y comenzó su carrera en el Congreso, ya superó en su quinto debate y debe terminar los tres restantes antes del 20 de junio, para lograr convertirse en parte de la constitución a partir de una reforma.
Pero desde ya comenzó a hacer historia. La semana pasada, en un hecho sin precedentes para la legislación nacional, este proyecto de ley fue aprobado en quinto debate de manera 100 % virtual.
Juanita Goebertus, representante a la Cámara por Bogotá y una de las impulsoras de la iniciativa, junto a las bancadas de Bogotá y Cundinamarca, espera que esta vez la capital sí esté cerca de lograr una verdadera integración regional. “Nos quedan la aprobación en la plenaria de la Cámara y dos aprobaciones más en el Senado. Tengo menos miedo por el proceso que he visto construir, pero soy consciente que esto aùn no está ganado todavía”, aseguró Goebertus en entrevista con EL TIEMPO.
Recordemos, ¿qué significa Región Metropolitana?
Es una nueva figura de asociatividad regional para que entre Bogotá y municipios aledaños de Cundinamarca se pueda dar una planeación organizada a largo plazo. La vida real nos ha demostrado que, en últimas, Bogotá y Cundinamarca son interdependientes. Pero no planeamos el desarrollo de forma articulada.
El acto legislativo es una reforma constitucional, porque hasta el momento no teníamos una figura jurídica en la Constitución que permitiera a Bogotá y a municipios articularse. Con esto se podría formar un consejo regional en el que tienen asiento y voto las partes para discutir temas de región y tomar decisiones de superior jerarquía. El reto que viene luego de la aprobación es construir comunalmente esa ley orgánica.
Después se podrán discutir temas de comunidad en la región: cómo tratar los residuos sólidos, como avanzar en la descontaminación del río Bogotá...
¿Cómo queda finalmente el tema del voto? Si fuera 1-1, podría haber escenarios en que Bogotá esté en desventaja...
En el texto aprobado en primera vuelta había una disposición en la que se interpretaba como si cada ente territorial tuviera el mismo peso. Parecía que si entraban 23 municipios, iba a ser un poco la dictadura de las minorías: 23 municipios vs. Bogotá. Esa expresión se eliminó, porque ni Bogotá va a vetar a Cundinamarca ni Cundinamarca debe imponer decisiones sobre Bogotá. Se va a crear un mecanismo de votación en la ley orgánica que buscará promover el consenso. En el área Metropolitana de Medellín, si bien la capital tiene derecho de veto, en la práctica el 99 % de las decisiones se toman por consenso, es decir, se hacen procesos grandes antes de llegar a la junta. Con eso se evita la imposición de uno sobre otro. Hay un ejemplo que nos interesó, y es que el sistema de votación le da mayor peso a un territorio si a este lo va a afectar especialmente esa decisión. Por ejemplo, si vamos a decidir sobre el uso de suelo de Subachoque, el voto de Subachoque tendría mayor peso. Pero todo eso está para evaluar.
Juanita Goebertus, representante a la cámara por Alianza Verde
Archivo El Tiempo
¿Quiénes pueden ser parte de la región? En un principio se habló de municipios circunvecinos, pero tenemos entendido que el concepto se amplió...
La reforma no predetermina cuáles municipios van a ser parte de la Región Metropolitana. Esto es una puerta, y ellos deben decidir si entran o no; es confianza, no imposición. Hay distintos estudios de distintas escalas de asociadas, algunos de los más aceptados hablan de 23 municipios, que son los aledaños a Bogotá. Hicimos el cambio para que no sean solo los circunvecinos, en la medida que la escala sea un poco más grande habrá otros que podrán estar incluidos.
(Lea: El proyecto que busca crear la Región Metropolitana de la Sabana)
¿Qué pasaría con la Rape y la CAR?
Hay distintas formas de asociatividad. Ya existía la Rape y tenía otras funciones, pero con decisiones no vinculantes. Aunque este y otros mecanismos significaron avances, ninguno permite la creación de agencias regionales ni toma de decisiones de superior jerarquía. Pero el acto es legislativo: la Rape y la CAR siguen existiendo. Además, este proyecto garantiza que Bogotá no pierda sus recursos de financiación. Por otra parte, planteamos hacia adelante la discusión de si hay o no una agencia regional ambiental.
¿No se crea competencia entre la CAR y esa posible agencia ambiental?
El proyecto no crea la agencia regional ambiental, ni lo ordena ni lo prohíbe. Lo que permite es que la ley orgánica distribuya competencias. Yo seré la primera en defender que no puede haber duplicidad de funciones, que tenemos que garantizar que no generamos más burocracia, sino que distribuimos bien funciones.
Mientras Bogotá y Cundinamarca reconozcamos ser interdependientes, y que ninguno quiere imponerse sobre el otro, esto tiene chance de salir adelante
Bogotá aporta la mayoría de recursos, pero la inversión se hace en municipios, ¿no cabe la posibilidad de ser más equitativo y que los municipios con capacidad se metan la mano al bolsillo?
El proyecto parte del principio de interdependencia. Si nos articulamos y planeamos mejor nuestro desarrollo, entendiendo los servicios ecosistémicos que le presta Cundinamarca a Bogotá, entonces la relación es de bastante interdependencia. Bogotá paga unos costos bien altos económicamente, pero Cundinamarca le presta servicios bien grandes (páramo, calidad del aire, etc.). Como en toda negociación, que todos tenemos que ceder un poco si queremos construir un acuerdo. En últimas, es una solución de consenso, pues tiene que estar dispuesto a ceder y a buscar esas lógicas gana-gana entre ambos sectores. Eso implica también, uno a renunciar a lo que uno creería que era como su misión óptima.
La ley permite generar agencias regionales de agua o movilidad, por ejemplo, para que contribuyamos financieramente y participemos de forma más optimizada. Al final, hay una potencia económica enorme que, si se organiza, puede ser efectiva. La región ocupa el 30,4 % del valor agregado de productividad del país.
¿Esto podrá controlar ese crecimiento desordenado por la región, acompañado de corrupción?
Totalmente. Si logramos pensar en desarrollo integralmente, sabremos que necesitamos un determinado número de vivienda, pero también bordes ambientales con servicios ecosistémicos. No será cada quien lucrándose con el cambio del uso del suelo. Eso pasa por la armonización de planes de ordenamiento.
¿Cómo evitar que los alcaldes sientan un poco invadida su órbita? Algunos logran grandes ingresos en sus propios municipios y otros están acostumbrados a "hablarle" al alcalde o Gobernador de turno para tener su chequera gruesa...
Eso que describes son lógicas históricas de corrupción, de clientelas. Esto no cambia con una reforma constitucional, no cambia con una ley orgánica. Depende de que estas realidades se transformen y que en la medida en la que empecemos a pensar como como región. Supone una madurez como votantes, claro. Esto puede fracasar si quienes son gobernantes son malos gobernantes, si elegimos malos gobernantes claro que pueden tratar de bloquear.
Usted ha dicho que esta pandemia le dejó lecciones a Bogotá-Región, ¿a qué se refería?
Uno de los retos más grandes de este proyecto ha sido tratar de responder a la pregunta de cómo le cambia la vida a la gente, por qué este proyecto le interesa el ciudadano en común. Hay que remar para explicar.
Yo siento que la pandemia nos lo ha puesto a todos súper claro, Bogotá no se alimentación sin Cundinamarca y los cundinamarqueses no van a tener cómo enfrentar la pandemia con solos, necesitan contar con servicios de alta calidad en salud y deben poder confiar en que puede ser atendidos en Bogotá.
Entonces, esa pregunta para el ciudadano de a pie de porque eso es útil o no, lo vimos todos mucho más de frente cuando nos enfrentamos a la pandemia.
¿Cuáles son sus mayores temores en este punto?
Hemos tenido una relación armónica en el proceso. Mientras reconozcamos que somos interdependientes y si superamos los problemas legislativos, salimos adelante.
El reto que nos queda es el consenso a nivel nacional, de que el presidente del Senado sepa que es posible jurídica y tecnológimente votar. El solo hecho de que podamos citar a plenaria se ha discutido.
Decidir sobre temas legislativos en las sesiones virtuales es jurídicamente posible y necesitamos impulsar eso, nos interesa que el congreso funcione. Es el momento de qué el congreso esté activo con sus funciones de control político y sus controles legislativos, y no que sigan discutiendo si vale la pena sesionar virtual o presencialmente
ERNESTO CORTÉS Y ANA PUENTES
