Como si fueran pocos los problemas que tiene por las fallas en la operación y que les ha valido multas, sanciones e investigaciones, ahora tres proveedores del operador del relleno sanitario de Doña Juana, donde se arrojan las basuras que se producen en Bogotá, denunciaron que no les han pagado lo que les deben por obras civiles.
Según el radicado 22867-2 del 28 de octubre del 2016, el ingeniero Gustavo Velandia le reitera al Distrito que el Centro de Gerenciamiento de Residuos (CGR) le debe más de 1.691 millones de pesos por obras entregadas.
Velandia cuenta que después del derrumbe del 2 de octubre del 2015 donde se desplomaron más de 750.000 toneladas de basura que quedaron al descubierto y que causaron olores, moscas y roedores, lo contrataron para la construcción de una celda adecuada para los residuos.
El ingeniero afirma que conoce el relleno sanitario hace 27 años porque ha realizado, dice, múltiples obras civiles, y que su experiencia le indica que el mal manejo técnico (amontonamiento de basura) fue lo que provocó ese derrumbe y no descarta que se pueda presentar de nuevo.
A esta denuncia del no pago se suma la de Ligia Eugenia Rodríguez Salazar, gerente general de la firma Rex Ingeniería, quien reclama poco más de 2.469 millones de pesos por el contrato de obra CGR-DJ-091-2014 para el movimiento de tierra para la adecuación de tres terrazas y la conformación del dique ambiental para mitigar el impacto, en cumplimiento de lo ordenado por la Corporación Autónoma Regional (CAR).
Rodríguez Salazar advierte que el 8 de septiembre del 2016, “firmamos un acta de conciliación y acuerdo de pago sobre el contrato de obra 091 con el representante legal, Mauricio Bernal, pero no nos cumplieron”.
Ante esta situación, Rex Ingeniería demandó al operador del relleno y el pasado 20 de febrero, el juzgado 44 civil del circuito ordenó el embargo de los dineros, utilidades y rentas a Doña Juana.
En esa misma situación estaría Estella Rodríguez de la firma de servicios de ingeniería Simcon S.A.S. Según su relato, a ella la contactó el exgerente de CGR, un brasileño, a quien le suministro la piedra para el manejo de los lixiviados para atender también el derrumbe del 2015. Ella dice que pagó de su bolsillo el transporte. De ese negocio, sostuvo, el juzgado 26 civil del circuito ordenó pagar 128 millones de pesos.
Estos ingenieros advierten que CGR no tiene bienes de valor sobre los cuales practicar medias cautelares que cubran las deudas.
EL TIEMPO intentó hablar con el representante legal de CGR, Mauricio Bernal, para conocer su opinión pero fue incapacitado por 8 días debido a problemas de salud. Sin embargo, en varias oportunidades, Bernal ha reconocido los problemas y las deudas, y en declaraciones anteriores a este diario indicó que ya tienen acuerdos de pago por 30.000 millones de pesos.
Entre tanto, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (Uaesp) respondió que desde el año 2011, los derechos económicos están en una fiducia de tal manera que no se le pueden embargar. Así mismo, la tarifa con la que se paga la operación es un servicio público y es inembargable.
Doña Juana también está en la mira de la Fiscalía y de la Corporación Autónoma Regional (CAR) por presuntos delitos ambientales. Además, la Superintendencia de Servicios Públicos, la semana pasada, le impuso una multa de 1.060 millones de pesos y adelanta dos investigaciones, una por planes de emergencia y contingencia y otra por el estado de las vías.
En este sentido se espera que para antes de octubre, la Superservicios entregue una evaluación integral de Doña Juana para establecer si se abre pliego de cargos que puede terminar en un posible programa de gestión.
La Uaesp, que la semana pasada le impuso una multa de 110 millones de pesos por fallas en la gestión técnica, dispuso de cinco profesionales que estarán todos los días en el relleno, ejerciendo labores de supervisión de la operación con el fin de mejorar la operación de la disposición de las 6.500 toneladas de basura que a diario arrojan los bogotanos y siete municipios aledaños a ese sitio, que hoy está bajo la lupa de todas las autoridades.
BOGOTÁ
