De la respuesta de la Corte Constitucional a una carta enviada por el secretario de Salud, Luis Gonzalo Morales, depende la puesta en marcha del plan piloto de una nueva iniciativa que busca desintoxicar a los consumidores de bazuco que habitan en las calles de Bogotá.
En la carta enviada a principios de este año, la entidad le pide a la Corte que reconozca que un adicto a las drogas en recuperación debe permanecer internado bajo supervisión médica, sin que sea necesario contar con su consentimiento.
Esta propuesta se implementaría, en un principio, en los hospitales de la ciudad mientras dotan los albergues de Idiprón e Integración Social –que atienden a estas personas– de recursos y personal médico para poder brindarles a los adictos un tratamiento de desintoxicación.
Pese a que puede parecer una propuesta polémica e incluso parecida a la del pasado gobierno, cuando se propuso crear centros de consumo controlado en las zonas donde más se evidenciaba el microtráfico y consumo en la ciudad, el secretario de Salud aclaró que no se parecen “en nada”, pues la actual tendría un respaldo médico y científico.
“Esta propuesta es una cosa muy vieja en la medicina, estamos hablando de un tratamiento de desintoxicación para un paciente consumidor de sustancias que producen adicción física, en especial el bazuco, pues es la droga que más consumen los habitantes de la calle”, afirmó el funcionario y añadió que “el tratamiento médico para estas personas se hace sin suspenderles la droga de manera abrupta, sino reduciendo paulatinamente la dosis de droga, hasta que llegue a cero”.
En la primera parte del tratamiento, que es la desintoxicación, los profesionales de la salud deberán suministrarles a los pacientes medicamentos que sustituyan el efecto que produce el bazuco en el cuerpo de los adictos o la misma droga, para evitar que se genere el síndrome de abstinencia en los consumidores y los pueda conducir a la muerte. Falta que se defina también qué tipo de medicamentos sustitutos se van a usar o cómo conseguir el bazuco para uso médico.
Después de eso vendría la etapa de resocialización y entrenamiento laboral para que aprendan a hacer algo, puedan trabajar y no recaigan.
Según cifras manejadas por el secretario Morales, de los 10.000 habitantes de calle que hay en la ciudad, entre 4.000 y 5.000 consumen bazuco, y serían los que se verían beneficiados con esta propuesta, para la que no tienen costos precisos todavía, pero se calcula que la rehabilitación de un paciente dura aproximadamente un año y cuesta cerca de 100 millones de pesos.
“Es un proceso que estamos buscando hacer en los albergues para proteger a estas personas; no estamos hablando de crear centros donde lleguen y reciban su dosis de bazuco. Si yo dejo que los pacientes entren y salgan y vengan por su dosis, todos los días van venir a que les demos bazuco, nos volvemos un proveedor gratuito y no es lo que queremos”, dijo el funcionario.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Daniel Mejía, se pronunció sobre el tema este miércoles durante ‘Cátedra x Bogotá’, un evento organizado por el Concejo para hablar sobre seguridad. “En un foro en la Universidad de los Andes me preguntaron sobre la propuesta del representante a la Cámara Samuel Hoyos, que propone crear estos lugares y yo dije que apoyaba esa discusión porque nos favorecería para reducir la criminalidad”.
El proyecto al que se refiere Mejía es la Ley 161 del 2016, aprobada en primer debate por la Comisión Séptima de la Cámara, el pasado mes de mayo, y en el que lo que se propone es un modelo diferente de rehabilitación, como un problema de salud pública que, además, ayudaría a reducir la delincuencia en el país.
En el 2012, el exalcalde Gustavo Petro lanzó una propuesta que generó polémica en el país: crear centros de consumo regulado y así hacerle frente al microtráfico. Representantes de diferentes sectores se pronunciaron en contra, y hasta el destituido procurador Alejandro Ordóñez dijo: “Se la fumó verde”.
De dicha propuesta solo quedaron los Centros de Atención Médica para los Adictos (Camad).
BOGOTÁ
