La licitación para que Bogotá tenga semáforos inteligentes está en vilo luego de que la Procuraduría General de la Nación advirtiera al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, que las respuestas que dio a las inquietudes del ente regulador sobre inconsistencias en el proceso no fueron claras y suficientes. La entidad plantea a Bocarejo evaluar la revocatoria de la licitación.
En días pasados el Procurador Fernando Carrillo envió una carta al Distrito requiriendo el informe de consultoría contratada, por un valor de $5.499 millones, para la elaboración de estudios para el uso de semáforos inteligentes durante 40 años. Toda la licitación suma alrededor de $235.000 millones.
“Solicito a su despacho la suspensión de la licitación pública 030 de 2017 hasta que se aclaren las inconsistencias y anomalías encontradas por la Procuraduría General de la Nación como así se ha advertido desde el pasado 20 de septiembre”, dijo Carrillo.
Entre las inquietudes que plantearon estaba la modificación al componente técnico licitariorio inicial, un posible conflicto de intereses entre los equipos que han hecho parte de la estructuración del proyecto y la manera como se transformará el nuevo sistema en la infraestructura de transporte público.
En el comunicado, el ente de control dijo que "para la entidad tampoco se presentaron cambios en la armonización del nuevo sistema semafórico con las políticas, planes o procesos de modernización de los sistemas de infraestructura y transporte (metro, TransMilenio, SITP, seguridad vial), así como el Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES) de la ciudad".
Agregó que los cambios hechos en el proceso ponen en riesgo de manera inmediata más de 16.000 millones de pesos, por lo que solicitó a la Secretaría de Movilidad buscar la mejor salida para la ciudad y dejó abierta la puerta para que Bocarajo evalúe la alternativa de revocar esta licitación.
De acuerdo con la Procuraduría, con esta solicitud “(…) busca anticiparse y evitar la ocurrencia de actuaciones que afecten derechos, mediante la detección y advertencia de riesgos en la gestión pública; de ningún modo implica coadministración o injerencia en las decisiones administrativas, financieras, técnicas o jurídicas de las entidades públicas o de los particulares que ejercen funciones públicas”.
Por último, la Procuraduría pidió que la respuesta a esta comunicación sea publicada en el SECOP para que los ciudadanos puedan hacer un seguimiento real a este proceso licitatorio.
Redacción BOGOTÁ
Comentar