El Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió en la noche del miércoles acoger una petición de la Procuraduría en el sentido de revisar las 107 revocatorias de mandatos que se tramitan actualmente en el país.
“La Sala Plena del CNE acogió la solicitud presentada por la Procuraduría General; de esta manera, tanto la sala como los ponentes autorizaron revisar los casos de manera individual”, señaló el presidente del tribunal electoral, Alexánder Vega, al término de la reunión.
“Hoy mismo se está haciendo el reparto de todos los 107 expedientes”, agregó Vega.
La petición del ente de control se centra en que se cumplan los requisitos que plantea la ley para que se pueda dar una revocatoria, que básicamente se reduce al incumplimiento del programa de gobierno por parte del mandatario.
A través de una carta enviada al presidente del CNE, Alexánder Vega, el procurador delegado y presidente de la Comisión Nacional de Control y Asuntos Electorales, Jorge Enrique Sanjuan Gálvez, pidió que de acuerdo con lo establecido por la ley se entre a considerar, “para cada situación en particular, los motivos, requisitos constitucionales y legales y documentos allegados por los promotores, mandatarios y peticionarios”.
En la misiva, igualmente, le recomienda “que se verifiquen las circunstancias fácticas de cada una de las iniciativas con el fin de determinar si corresponden a quejas disciplinarias, denuncias penales o detrimentos fiscales que eventualmente pueden tener una naturaleza diferente al mecanismo de participación ciudadana”.
Este es el punto clave sobre el cual se ha centrado el debate, como quedó claro en la audiencia pública que sobre el tema realizó este lunes y martes el CNE.
Allí fueron varias las voces que se escucharon en el sentido de que la revocatoria estaba siendo utilizada como mecanismo de retaliación por parte de quienes perdieron las pasadas elecciones. Incluso, se habló de casos de chantaje.
Desde ese mismo día, el CNE empezó a hablar que era necesario revisar una por una cada revocatoria para ver si los motivos que se establecían para promoverla realmente eran los contemplados en la ley.
A esto hay que agregar que el Ministerio de Hacienda ha expresado su preocupación porque no hay recursos para hacer las revocatorias y las nuevas elecciones.
Según cálculos iniciales de la Registraduría, estos costos estarían por encima de los 200.000 millones de pesos.
El CNE anunció que este jueves decidirá si suspende las dos revocatorias que están previstas para este fin de semana en Ocaña (Norte de Santander) y El Copey (Cesar), mientras estudia si las razones por las que se convocaron son las establecidas en la ley.
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