La Procuraduría General de la Nación le dio luz verde a la Secretaría de Movilidad de Bogotá para que decida el futuro de la licitación de la modernización semafórica de Bogotá y anunció que ese organismo de control “no es ni será un palo en la rueda ni una luz roja para el desarrollo de la ciudad”.
El Ministerio Público hizo el pronunciamiento en un comunicado, tras una reunión en la que el Procurador Delegado para la Vigilancia Judicial y la Policía Judicial escuchó al secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, tras la suspensión de la licitación que se hizo por petición de la Procuraduría.
La adjudicación de este negocio, por 235.000 millones de pesos para modernizar toda la red de semáforos de Bogotá, estaba planeada para el martes pasado, pero 24 horas antes la Procuraduría anunció en un comunicado que había abierto investigación disciplinaria contra el secretario de Movilidad y otros funcionarios que han participado en el proceso, al tiempo que pedía suspender la adjudicación.
El secretario de Movilidad acató la solicitud mientras respondía las inquietudes de la Procuraduría, pero advirtió de los riesgos económicos y de conveniencia que enfrentaría la ciudad, pues de caerse el proceso, se perderían las vigencias futuras de los años 2017, 2018 y 2019 que fueron aprobadas en el Concejo, y tocaría empezar el proceso de cero y atrasar cuatro años más la solución al problema de los semáforos.
Tras el encuentro, la Procuraduría dijo que da por “agotado el objeto de la solicitud de suspensión” y aseguró que “es competencia de las autoridades administrativas”, en este caso la Secretaría de Movilidad, “decidir la suerte del proceso licitatorio”.
El comunicado afirmó que esta decisión se tomó sin perjuicio de que “en el curso del proceso disciplinario y si las circunstancias lo requieren, puedan ordenarse otras medidas cautelares”.
El organismo de control también defendió su competencia de prender la luz amarilla cuando considere que hay “amenazas a la legalidad y al patrimonio público”, y además advirtió que “es responsabilidad de la Secretaría de Movilidad evaluar los riesgos y contingencias asociadas a las decisiones que adopten sobre el futuro de la licitación”.
Entre las dudas que ha manifestado la Procuraduría está el hecho de que Bogotá quiera cambiar los 1.131 controladores electrónicos que garantizan la operación de los cambios de luces de los semáforos de la ciudad, cuando hay 417 de estos dispositivos que todavía tienen vida útil y de cambiarlos se podría incurrir en un detrimento. El Ministerio Público también ha expresado su desacuerdo con que la Secretaría de Movilidad quiera separar su red de cables de los semáforos de la red de comunicaciones de la ETB.
“El acompañamiento de la Procuraduría General a procesos contractuales y actuaciones administrativas es un ejercicio de control y vigilancia, y no puede ser interpretado como un mero trámite de validación de las decisiones de la administración”, dice la Procuraduría sobre su papel de vigilancia de la licitación.
“En ningún caso el cumplimiento de la función constitucional del Ministerio Público puede entenderse, y menos mostrarse a la opinión, como un intento por paralizar la administración. Esta Procuraduría no es ni será un palo en la rueda ni una luz roja para el desarrollo de la ciudad”, aseguró la entidad.
BOGOTÁ
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