Cerca de 282 hectáreas, que conforman 84 predios, fueron solicitadas desde el 2012 por campesinos de Cundinamarca, quienes reclamaban las tierras que tuvieron que abandonar, en su mayoría, tras ser víctimas de desplazamiento forzado en sus municipios.
La Palma es una de las poblaciones que resultó más afectada por el fenómeno de la violencia o la injerencia de grupos armados, y allí, tras largos procesos jurídicos, 50 de las 53 sentencias dictadas por jueces de la República, que tienen a su cargo los procesos de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, les devolvieron sus predios.
Las tres sentencias restantes para Cundinamarca se dictaron a favor de habitantes de San Juan de Rioseco, Yacopí, Topaipí, y todas ellas les permitieron a 76 familias retornar a sus hogares. A su vez, la Unidad de Restitución de Tierras ha destinado más de 823 millones de pesos para impulsar en estas tierras proyectos productivos que permitan volver a activar los trabajos de cultivo.
Sin embargo, son las únicas familias que en los cuatro años en los que lleva vigente la Ley de Víctimas han sido restituidas, y algunos afectados han expresado que los recursos son pocos para todo el trabajo que hay por delante.
Frente a este cuestionamiento, Fabián Oyaga, director territorial para Bogotá de la Unidad para la Restitución de Tierras, explicó que tras estas 53 sentencias, hay otros 553 procesos pendientes para que campesinos sean restituidos.
“Desde el 2012, la Unidad ha recibido 2.911 solicitudes en Bogotá y el departamento, de las cuales 2.338 se han resulto así: 263 fueron desistidas por los solicitantes, 689 no fueron iniciadas porque en el proceso se identificó alguna inconsistencia, 601 no fueron incluidas en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas Forzosamente porque no se cumplió con todos los requisitos y 785 sí los cumplieron”, explicó Oyaga.
Entre este último número están las que ya se fallaron a favor de los campesinos, como es el caso de un predio de 30 hectáreas ubicado en zona rural de Yacopí, en el cual dos hermanos, con sus respectivas familias, fueron desplazados en 2002 por los enfrentamientos entre las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y frentes de la guerrilla de las Farc.
Entre el 2002 y el 2009, estas familias tuvieron que trasladarse de Yacopí a La Palma, y de ahí hacia Bogotá. El hijo de uno de los hermanos fue asesinado, y otro familiar, secuestrado. Este año recuperaron sus tierras y con el apoyo financiero de la Unidad mandaron a limpiar el terreno para producir maíz, actividad a la que se dedicaban antes de ser desplazados.
Cada proyecto productivo seleccionado por el Ministerio de Agricultura recibe en promedio 27 millones y medio de pesos.
“Hay una preocupación por parte de las víctimas con el tema de que los recursos no alcanzarán. Sin embargo, estos montos no son los únicos; en el caso específico de la Gobernación de Cundinamarca, también se ha destinado un rubro para apoyar la restitución de las víctimas”, explicó Oyaga.
Esos recursos son esenciales para apoyar proyectos productivos como el que maneja Hilda María, de una vereda del municipio de La Palma y quien regresó con su familia el año pasado, luego de que una sentencia le devolvió su predio.
“Hoy tenemos proyectado sembrar 5.000 plantas de café, 2.000 de plátano, y tenemos 200 plantas de aguacate, además de una huerta casera que nos da hortalizas para alimentarnos”, explicó la mujer.
Cada proyecto productivo seleccionado por el Ministerio de Agricultura recibe en promedio 27 millones y medio de pesos
Por su parte, Oyaga agregó que otro de los puntos en los que se ha avanzado con la restitución es en el alivio de pasivos fiscales con los que reciben los predios las víctimas.
“Muchas retornan a sus tierras, pero tienen deudas con bancos, o con las mismas alcaldías por el impuesto predial, por lo que garantizamos que se entrega el terreno saneado económica y jurídicamente, si se comprueba que la mora fue producto del conflicto armado”, concluyó.
Según el reporte de la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas (Uariv), en Cundinamarca están registradas 139.512 víctimas del conflicto armado. Los municipios que más han reportado ciudadanos afectados por este flagelo, según las cifras oficiales, son Viotá (5.464), Fusagasugá (8.633), Soacha (41.318) y La Palma (7.249).
En este último municipio es donde más se ha avanzado en el proceso de restitución de tierras.
Entre los hechos victimizantes más comunes se encuentra el desplazamiento forzado (80 %), el homicidio (11,1 %), amenaza (3,8 %) y desaparición forzada(1,9 %).
BOGOTÁ
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