En Bogotá hay 1.580 iglesias de diferentes denominaciones y creencias que cuentan con personería jurídica, de acuerdo con el Ministerio del Interior. Este número va en aumento y le planteó a la Administración asumir la construcción y puesta en marcha de la primera política pública de ‘Libertades fundamentales de religión, culto y conciencia del país’. 

Este documento busca, entre otros objetivos, generar condiciones que permitan un ambiente de sana convivencia entre estos sitios y las comunidades donde están ubicados, generalmente afectadas por excesos de ruido e invasión del espacio público.

Precisamente, la bulla y el irrespeto de las zonas públicas son los principales ‘pecados’. Por ejemplo, en la iglesia Santa Marta, en la carrera 21 con calle 50, los conflictos se dan por los vehículos que se estacionan en los alrededores a las horas de los servicios religiosos, los martes y domingos. Los comerciantes del sector alegan que se parquean frente a sus negocios, pero nadie hace nada por resolver esto.

Para materializar la política pública que ayudará a atender y aliviar este tipo de situaciones –que es además una exigencia de la Resolución 0889 de junio del 2017 del Ministerio del Interior– se realizaron 116 reuniones con delegados de 287 comunidades religiosas que manifestaron, desde sus experiencias, las dificultades a las que se ven enfrentadas por promulgar sus creencias.

De 517 líderes espirituales encuestados por la Secretaría de Gobierno a través de la Universidad Nacional, el 47,4 por ciento dijo haber tenido conflictos de convivencia con los vecinos y el 84,5 se ha visto involucrado en casos de intolerancia, discriminación y persecución por su dogma.

Los resultados son subjetivos pues solo cuentan una parte de la historia. Según William Mauricio Beltrán, magíster en Sociología y sociólogo de la U. Nacional, quien estuvo a cargo de la encuesta, en la ciudad y en el país los líderes llevan los altercados de convivencia a otro plano: “Pueden confundir la intolerancia con los problemas de convivencia ciudadana”, explicó el académico.

Por esta razón, dice, cada conflicto se debe estudiar de manera detallada y así determinar cuáles son sus verdaderas causas. Pese a esto, Beltrán afirma que sí existe persecución religiosa o de intolerancia.

En los números que arrojó el diagnóstico de los representantes religiosos se estableció que el 27 por ciento de ellos han enfrentado una o más veces altercados por causa de ruidos durante el culto, y un 29 por ciento señaló que en una o más ocasiones han tenido problemas por fieles que parquean mal.

El pastor Ricardo Rubio, de la iglesia Trompetas de Libertad en Gloria, localidad de Engativá, sostuvo que en los 12 años que lleva guiando la comunidad ha notado que la gente es cada vez más tolerante cuando se trata de las ideas de los demás: “Estamos evolucionando al respecto”, y agregó que los problemas van más por el ruido, “pero no tanto por la creencia de la persona”.

No todos los casos son negativos. En el Salón del Reino de los Testigos de Jehová, en la carrera 21 con calle 49, a pocos metros de la iglesia Santa Marta, los vecinos cuentan que los fieles son respetuosos y no han tenido inconvenientes con vehículos o ruido. En parte, porque las instalaciones cuentan con parqueadero.

Similar es la realidad en la mezquita central de Bogotá, en la calle 80 con carrera 30. Allí acuden musulmanes sunitas y, dice la comunidad, no generan molestias.

La mayoría de los encuestados hacen parte de la tipología de protestantes evangélicos. Fueron 250 líderes, mientras que el segundo lugar lo ocuparon los católicos, con 130. Beltrán explicó que los grupos que más se ven involucrados en problemas con la comunidad son los testigos de jehová, los musulmanes, los mormones y los hare krishna. “Entre más se alejan de la cultura cristiana hay más sensación de que son raros, de que son peligrosos, entonces terminan enfrentando este tipo de situaciones”, aseveró el investigador.

De acuerdo con Miguel Uribe, secretario de Gobierno de Bogotá, lo que se busca con la oficina de asuntos religiosos es garantizar la libertad de culto y los derechos, pero también canalizar el apoyo directo de los líderes religiosos, que trabajan por la comunidad.

“Tenemos un acuerdo con 175 líderes que están listos a prestar apoyo cuando institucionalmente no es posible”, dijo Uribe.

Frente a la problemática de convivencia, el funcionario comentó que una de las tareas de esta dependencia es trabajar para mitigar el impacto de las situaciones externas al culto, y así mejorar las condiciones de los fieles y los vecinos.

Por tal motivo se trabaja de la mano de la Secretaría de Planeación, para que en la construcción del nuevo plan de ordenamiento territorial se tenga “una discusión concreta y profunda sobre cuál es el papel de las confesiones, de los cultos, en dónde pueden y dónde no pueden hacerlo, el manejo del espacio público, el ruido y el tema de movilidad. Eso lo direccionamos y lo canalizamos a través de la oficina de asuntos religiosos”, concluyó Uribe.

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