“La llegada de los habitantes de la calle nos cambió la vida”. Claudia Espinosa, asesora comercial en maquinaria pesada, tiene vivos los recuerdos de aquella tarde cuando fue testigo de cómo una horda de habitantes de la calle le arrancaron los espejos a varios carros, atracaron a transeúntes y luego, con los elementos robados bajo sus harapos, se escondieron en el caño de Los Comuneros, sobre la calle 6.ª con carrera 30. (Ver: Se complica el desafío en manejo de habitantes de la calle en Bogotá)
“Hay una afectación y una gran zozobra emocional. Ya antes lo habíamos visto pero no en esta magnitud”, dice la comerciante impactada por la llegada de más de 200 personas de esa población que provienen, primero del ‘Bronx’ y luego del barrio La Estanzuela, y que se han tomado la zona baja del anillo vial de tres pisos en la NQS con la avenida Los Comuneros, a pocos pasos de su oficina.
Ahora esta mujer y todos los comerciantes, trabajadores y habitantes del sector tienen que soportar el verlos defecar sobre el andén, sentir el olor dulzón del bazuco y quejarse en silencio de la gran cantidad de basura que arrojan al caño en su afán por lograr algún elemento reciclable que sirva para vender o cambiar por droga. Y claro, el miedo de ser atacados en cualquier momento.
Todos los entrevistados por este diario se quejan del grave deterioro de la zona y sienten que ya no pueden salir a la calle con la misma tranquilidad de antes. De hecho, los horarios de cierre de los establecimientos se adelantaron una hora y la mayoría de los comerciantes asegura que los clientes ya no vienen a la zona porque sienten que van a ser atacados.
Y no solo sufren los comerciantes, que suman unos 230 establecimientos. Los residentes, unos 1.500, también se sienten atemorizados.
Andrés Perdomo, habitante del sector, camina con su hija de 11 años. La niña se aferra a la mano de su padre. Lo mira.
“Me da miedo”, dice ella. Y su papá añade que “ahora las niñas no pueden salir ni ir al colegio solas, porque están en peligro”.
Yesid Barbosa, de 38 años y quien vive solo en un modesto apartamento de la calle 6B, dice que no es fácil levantarse todos los días y ver que ahora la entrada de su casa es un dormitorio, que tiene que pedir permiso para entrar o salir, cuando no es que la entrada se la dejan convertida en un baño público. (Leer también: El asedio de los 'sayayines' continúa en el barrio La Estanzuela)
Pero el hombre se conduele, como lo hicieron muchos de los entrevistados: “Son seres humanos y necesitan ayuda y tratamiento”, dice este trabajador.
Lucy Vergara, que tiene un almacén de lujos para carros, asegura que en esta semana perdió más de 5 millones de pesos y pide mano firme: “Aquí la permisividad en la defensa de los derechos humanos ha llevado a que ya no se pueda ni corregir a un niño. Y eso es un error porque mire en lo que termina todo esto”.
El clima entre los vecinos de la carrera 30 con 6.ª está revuelto, tenso, y ya se anuncian marchas de protesta, igual que lo hicieron hace un par de semanas los comerciantes de La Estanzuela que lograron, con apoyo de la Policía, sacar a los habitantes de calle, luego de saqueos a almacenes, enfrentamientos y múltiples episodios de intimidación.
Estos habitantes de calle son tan solo 200 o quizá 300 de los miles que deambulan de un lado para otro en la ciudad. La diferencia está en que esos están concentrados en un solo sitio y a la vista de todo el mundo.
Hoy no se sabe a ciencia cierta cuántos habitantes de calle hay en Bogotá. Un censo del 2011 realizado por la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) reveló que eran 9.614 pero de esa época a la fecha han pasado seis años y no se sabe si son 10.000 o más de 15.000.
El programa ‘Bogotá, Cómo Vamos’ (BCV) hizo un análisis de lo que ha pasado con esa población en los últimos años y advierte que 4 de cada 10 habitantes de la calle son niños, niñas y adolescentes y que el 39 por ciento llegó a esta condición siendo menor de edad.
BCV lanzó también una alerta aún más preocupante: hay un incremento del 44 por ciento de los homicidios a habitantes de calle al pasar de 61 casos en el 2014 a 88 en el 2015.
Con base en un estudio de georreferenciación de ‘parches’ y ‘cambuches’ de la SDIS realizado en el 2014, BCV indica que las tres localidades donde más se concentran los habitantes de la calle son Puente Aranda, con el 11,7 por ciento, Kennedy, 11,2 por ciento y Los Mártires, 10 por ciento.
En un reporte oficial de la SDIS se indica que entre enero y agosto del 2016, el Distrito reportó la prestación de servicio social a 10.600 habitantes de la calle en toda la ciudad.
La administración informó que va a estar presente en la calle 6.ª con 30 con todos los servicios sociales. Sin embargo el subsecretario de Seguridad, Daniel Mejía, advirtió que no va a dar tregua para que las mafias retornen y formen otra vez ‘repúblicas independientes’ como tampoco van a permitir que detrás del drama humano se escondan los delincuentes.
En todo caso la decisión de recibir atención social es voluntaria tal y como lo dejó en claro la Corte Constitucional al garantizar las libertades de los habitantes de la calle.
Toda esta situación que se evidenció en Bogotá se inició el pasado 28 de mayo tras una acción decidida del alcalde Enrique Peñalosa contra las organizaciones criminales que tenían el control de la calle del ‘Bronx’ a través del poder de la droga, la prostitución, los asesinatos, el secuestro, entre otros delitos, según las autoridades.
Allí operaban los ‘ganchos’, bandas que controlan el tráfico de drogas y que fueron identificadas como ‘Mosco’, ‘Manguera’ y ‘Payaso’. Ellos ejercían control a través de sus brazos armados, ‘los Sayayines’.
Cifras oficiales estiman que en un día se movían 130 millones de pesos en estupefacientes sin contar con lo que producía las máquinas tragamonedas, la explotación sexual (más de 200 mujeres entre ellas 8 niñas menores de 14 años fueron encontradas en esa zona), secuestros, venta de armas, entre otros vejámenes en medio de una población flotante de más de 3.500 personas, de las cuales se calcula que 2.051 eran habitantes de la calle.
Esto es lo que precisamente las autoridades quieren evitar, que esas mafias recuperen su clientela y retomen el poder que les daba la venta de bazuco a los habitantes de la calle para someterlos y tenerlos en un solo sitio donde venderles.
Y esto, dice el alcalde Peñalosa, no lo va a permitir. El problema es que la administración local tampoco tiene una fórmula mágica para resolver el grave problema de los habitantes de calle y sigue atrapada en una suerte de juego del ‘gato y el ratón’.
HUGO PARRA GÓMEZ
Redactor de EL TIEMPO
