Hasta ahora, el proyecto de presupuesto de 2022 para la ciudad no ha salido incólume del ambiente enrarecido que se vive en el Concejo de Bogotá alrededor de la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT). Anoche, cuando todo estaba previsto para iniciar hoy la discusión del articulado, se conoció una nueva recusación, con lo que, por ahora, no se podrá avanzar con la iniciativa. Primero se debe resolver el recurso interpuesto a última hora.

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Si bien los concejales indican que la ciudad necesita que se apruebe y salga por acuerdo el presupuesto, el trámite apenas pudo comenzar el sábado y domingo pasados, con la presentación formal de la Administración, pero el lunes y ayer no continuó la discusión. Debieron suspender para resolver recusaciones y un debate sobre las JAC.

“Confiamos en que se va a surtir el trámite. Estamos dentro de los tiempos para su aprobación y esto garantiza que se discutan los proyectos que tendrá la ciudad con los 24,36 billones de pesos de inversión que requiere para la inversión social y la reactivación económica”, le dijo a EL TIEMPO Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda.

La dificultad para iniciar la discusión es porque los impedimentos –la mayoría por dos tutelas– y recusaciones presentadas alrededor del trámite del POT solo se pueden resolver en la plenaria. Mientras tanto, se ha ido aplazando el debate.

El concejal de los ‘verdes’ Andrés Onzaga contabiliza 176 recursos, una cifra inédita en la corporación distrital. Es por eso que no solo los tiempos ya son difíciles para el POT, sino también para el presupuesto.

“Si radican un nuevo impedimento, inmediatamente me toca suspender y que programen plenaria para resolver ese impedimento”, había advertido en la tarde de ayer la concejala Luz Marina Gordillo (Liberal), presidenta de la Comisión de Hacienda. La nueva recusación es contra la concejala Sara Castellanos (Liberal) y fue interpuesta por la ciudadana Vanessa Sierra, quien argumenta un supuesto conflicto de interés con varios temas del POT.

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Pero más allá del nuevo inconveniente, el trámite del proyecto de presupuesto debe superar sus propios enredos. No se ha surtido la unificación de ponencias –puede ser por acuerdo de los tres ponentes o por votación de los concejales–, pero mientras esto no suceda, la comisión deberá esperar para adelantar la discusión. Los concejales Óscar Ramírez (Centro Democrático) y Andrés Onzaga presentaron sus ponencias positivas, aunque con diferencias, y Carlos Carrillo (Polo Democrático) la niega.

Y si logra superar esta situación, tampoco está dicho todo sobre el futuro de la iniciativa. Las cuentas de la concejala Gordillo son que, hasta ayer, el presupuesto contaba con ocho o nueve votos a favor, de 15 posibles, lo que es un margen pequeño y puede cambiar durante el debate.

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Además, hay un asunto que para algunos concejales es un inconveniente logístico. La sede del Concejo, que tiene una zona en construcción, cuenta con dos salones –Comuneros (el principal) y el Rodrigo Lara Bonilla, que no ofrecería las condiciones–, por lo que, según Carrillo, no es posible adelantar dos sesiones en paralelo: la del Plan con POT y la de Hacienda con presupuesto.

Pero igual que el Plan, el proyecto de presupuesto tiene los días contados y cualquier inconveniente lo pone en riesgo de hundirse. El plazo para que sea discutido vence el 9 de diciembre; sin embargo, si se tienen en cuenta los términos del reglamento, se necesitaría que el presupuesto sea discutido y aprobado esta misma semana.

“Si todo sale bien, la comisión lo estaría entregando este jueves y tendríamos tres días para que los ponentes radiquen (ponencias) en la plenaria y dos de publicación, eso da el día 7 (de diciembre). Así tendríamos el 8 y el 9 para discusión y aprobación en plenaria”, explica Gordillo. Pero con lo sucedido anoche, el presupuesto quedó en el limbo.

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En el caso de que no sea discutido ni aprobado en comisión ni en plenaria, el presupuesto del 2022 se vería reducido en unos 4 billones de pesos, según el concejal Carrillo y la presidenta de la comisión. Esto, explican, porque aunque la Administración lo puede expedir por decreto, debe tomar el del año anterior (2020) y aplicarle un aumento del 10 por ciento. No obstante, la Alcaldía y el concejal Onzaga creen que pueden expedir el radicado y las modificaciones que se le hagan en el corto debate que tenga.

Pero, además de los tiempos, hay temas en la iniciativa que generan división. Por ejemplo, Onzaga y Ramírez han criticado la reducción para programas sociales y de seguridad, y en sus ponencias hacen una redistribución en rubros de seguridad, con lo que se destinan 1.400 millones de pesos a CAI Móviles y asignan cerca de 90.000 millones de excedentes del FET (generados los recursos del Gobierno Nacional) para adultos mayores, comedores y niños y adolescentes. Además, Ramírez radicó un proyecto que saca del presupuesto los recursos para los subsidios en servicios públicos de los estratos 1, 2 y 3.

Carrillo, junto con otros concejales, cuestiona la venta del 9,4 por ciento de acciones del Grupo Energía de Bogotá (GEB), los recursos destinados para movilidad –puntualmente para tapar el hueco del Fondo de Estabilización Tarifaria (FET) y las nuevas troncales de TransMilenio– y que se siga aumentando el endeudamiento (del cupo de 10,8 billones aprobado en 2020) de la ciudad.

GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
Twitter: @guirei24