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Bogotá

¿Qué opinan los gremios y políticos del POT por decreto?

Claudia López y María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación, firmaron el decreto del POT.

Claudia López y María Mercedes Jaramillo, secretaria de Planeación, firmaron el decreto del POT.

Foto:Alcaldía de Bogotá.

La mayoría alerta sobre las inconsistencias que trae la norma y ponen en duda su legitimidad. 

Guillermo Reinoso
La firma del decreto que adopta el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) originó una serie de críticas contra la norma y la alcaldesa Claudia López. Desde varios sectores, tanto gremios como académicos y políticos lamentaron que la hoja de ruta de la ciudad para los próximos no haya salido producto de la concertación, como reclamaron, y advirtieron que dicho texto tiene “errores” e “inconsistencias”.
Pero, además, la idea de que vía decretos se ajustará y precisará la norma, como lo anunció la mandataria, también causa preocupación por que puede generar “inseguridad jurídica” y no se sabe cuántos cambios, en qué temas y durante cuánto tiempo se van a hacer los ajustes.
Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, señaló que el POT por decreto y hacerle ajustes posteriores con más decretos para corregir el texto aprobado “significa más incertidumbre jurídica. La alcaldesa aprobó el documento original, y no se sabe cuáles artículos van a cambiar, ni cómo ni cuándo. Tampoco es claro qué se puede cambiar por decreto y cuáles requieren una modificación excepcional vía Concejo”.
En el mismo sentido se refirió el urbanista Mario Noriega, quien señaló que “de los 608 artículos que tiene la norma, hay comentarios de expertos, gremios y concejales sobre 380 (el 62 %). ¿Se van a ajustar y precisar todos? Esto genera más inestabilidad”. Agregó que también hay comentarios sobre 66 planos de los 133 que tiene el Plan, y preguntó: ¿Se va a cambiar el 49 por ciento de la cartografía? ¿Cuál es el plazo para que estos cambios no generen parálisis en la ciudad?”.
La concejala Lucía Bastidas sumó su voz de rechazo señalando que el POT expedido “no tuvo participación”, que no contempla la ALO Norte, lo que afectará al norte de la ciudad y a los municipios de Cundinamarca; crea las UPL, a pesar de estar demandadas, y que “va a generar caos en las curadurías urbanas”. En su opinión, se necesita un POT, pero “no de afán”, y anunció que demandará el decreto y que “están en juego la renovación urbana, la movilidad y la norma jurídica”.
La alcaldesa Claudia López ya se había referido a esto el miércoles, durante la presentación del POT. “Se ha de todo, menos de afán (...). Este es un POT que se ha discutido muchísimo, es el POT que ha tenido mayor número de personas participando y mayor número de propuestas. Pero no solo es cantidad, recibimos 37.000 -y en las anteriores propuestas se recibieron 30.000 y 9.000- y fue un 95 por ciento incidente”, sostuvo López y resaltó, “no es que se acabó la participación incidente, continúa”.
No obstante, para María Carolina Castillo, presidenta de Probogotá, haber adoptado el POT por decreto “fue decirles a los bogotanos que sus observaciones no son relevantes”. “Adoptó el texto que contiene problemas técnicos enormes y que generarán un gran impacto negativo en la calidad de vida de los bogotanos”.
La Cámara de Comercio de Bogotá, por su parte, hizo un llamado a que Bogotá “tenga normas que brinden estabilidad y seguridad jurídica” y que “el decreto, sin su discusión democrática en el Concejo, omite importantes avances generados en las concertaciones de las ponencias y las propuestas que se generarían en los respectivos debates”.
Alejandro Callejas, presidente de Camacol Bogotá, señaló que la norma “tiene errores graves que producirán efectos muy negativos. Todos a una voz pedimos sensatez. Bogotá no se merece tal improvisación”.
Carolina Arbeláez, exconcejala y candidata a la Cámara de Representantes, afirmó que el decreto “tiene muchas incoherencias” y expresó su preocupación porque, aseguró, se establecerán bicicarriles “por toda la ciudad” y por la eliminación de la extensión de la avenida Ciudad de Cali, de la Boyacá hasta Chía y de la ALO Norte. Precisó que “en la concertación del POT (entre los concejales ponentes y la Alcaldía) la ALO Norte y las UPL no quedaron”. También dijo que demandará la norma expedida.
El exalcalde Enrique Peñalosa (2016-2019) les dijo ayer a los medios que el POT tiene “problemas muy graves para la vida de los ciudadanos” y errores como no contemplar la prolongación de la ALO Norte, la Boyacá hacia Chía y la Ciudad de Cali. Sostuvo que las congestiones en el norte van a “aumentar más” y que se van a expulsar más bogotanos hacia los municipios, por causa de los trancones, las distancias que las personas deben recorrer y los mayores costos que tendrá hacer vivienda por no disponer de más suelo y por las altas cargas establecidas a los constructores.
El exalcalde Lucho Garzón no se refirió al decreto, pero sí aseguró que la ciudad necesitaba implementar un POT que reemplace el que él expidió en 2004. Coincidió con la alcaldesa en que no se podía seguir dilatando la discusión y explicó que el escenario político de 2022 y 2023 no era favorable para que la Alcaldía volviera a presentar el proyecto el año entrante. “El POT es legal hoy, porque la alcaldesa tenía facultades, pero su legitimidad dependerá del reconocimiento que tenga la Alcaldía y la posibilidad de interlocutar con los actores que se sienten afectados”.
La concejala Marisol Gómez (Nuevo Liberalismo) consideró que el POT por decreto “estaba cantado” ante las recusaciones y llamó la atención en que la división de la ciudad en 33 localidades, con un leve aumento del presupuesto para ellas, lo que hará es “repartir la pobreza. Eso no va a cambiar la vida de la gente”.
GUILLERMO REINOSO
Guillermo Reinoso
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