En la incertidumbre. Así quedó la ciudad desde el martes pasado, cuando se conoció el fallo que suspende de manera provisional el decreto 555 del 29 de diciembre de 2021, mediante el cual la Alcaldía de Bogotá expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que traza la hoja de ruta para los próximos 14 años.
El Tribunal Superior de Bogotá tiene 20 días para pronunciarse sobre la decisión del Juzgado Quinto Administrativo Oral. Pero si bien ese plazo lo da la ley (el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), los magistrados pueden tomarse más tiempo del indicado.
Lo cierto es que los últimos antecedentes de revocatorias de medidas cautelares, que si bien se han prolongado 3 meses o incluso un año, han salido a favor de la Administración distrital. Esos fueron los casos de la suspensión de las obras en las avenidas 68 y Villa Alsacia y la creación del operador de transporte público, según el secretario Jurídico de Bogotá, William Mendieta, quien espera que el Tribunal le dé la razón a la Alcaldía. Por ahora, se espera que la alcaldía presente mañana o a más tardar el próximo martes la apelación.
En su decisión, el juez Samuel Palacios Oviedo le dio la razón al exsecretario de Gobierno y senador electo Miguel Uribe Turbay, quien en su demanda argumentó que la expedición del POT por decreto era improcedente porque no se habían cumplido el trámite de los 90 días que tenía el Concejo para discutir y aprobar o negar el proyecto. Si se tiene en cuenta el tiempo dedicado al trámite de recusaciones e impedimentos, según Uribe, al cabildo distrital le faltaron 48 días de discusión.
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“No se tuvieron en cuenta en el acto administrativo las suspensiones del proceso administrativo de conocimiento del Concejo, mientras se tramitaban y decidían los impedimentos, que en efecto fueron resueltos entre los meses de septiembre y noviembre de 2021. Además, tampoco se tuvo en consideración para el conteo de los términos en el acto impugnado, que para la fecha en la que se expidió el decreto distrital, aún existían cuatro recusaciones pendientes de resolver, luego el término ni siquiera había sido reanudado cuando el Distrito Capital se arrogó la facultad de adoptar los ajustes y revisiones del POT mediante decreto distrital”, señaló fallo del juzgado.
La alcaldesa Claudia López se mostró ayer en desacuerdo con la decisión judicial e insistió en que apelará. “El POT cumplió todos los requisitos, todos los trámites y los 90 días de término perentorio. Lamento mucho que por ese juego politiquero se presentaran 66 recusaciones (...) infundadas (...) para no dejar debatir”, insistió la mandataria, quien recordó que este es el tercer intento por cambiar el POT. En 2014, al alcalde Gustavo Petro el Consejo de Estado le tumbó el decreto y en 2019 a Enrqiue Peñalosa el Concejo le hundió la iniciativa. Ahora, la norma de Claudia López está pendiente de un fallo.
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Pero mientras hay una decisión de fondo, analistas y altos funcionarios de la Alcaldía consideran que algunas cosas pueden moverse más rápido, como sería el caso de proyectos de vivienda que podrían enfrentar mayores exigencias en cargas con el nuevo POT. La construcción de vivienda es, de hecho, un sector que viene creciendo y en el cual, según López, seguirá esa tendencia por decisiones como la habilitación de suelo a través de los planes parciales y que los bogotanos han decidido invertir sus ahorros en compra de vivienda.
No obstante, Alejandro Callejas, gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, le dijo ayer a este diario que “no se ha expedido licencia alguna” bajo el decreto 555 y que el cronograma de reglamentación planteado por la misma Alcaldía no se ha cumplido. Y agregó que por falta del desarrollo normativo y la dificultad en la interpretación de la norma “es imposible aplicar el POT” de Claudia López.
Para el analista Ómar Oróstegui, director del centro de pensamiento Futuros Urbanos, lo preocupante es que se está creando un escenario de incertidumbre jurídica, donde la planeación y la gestión del suelo aprobada con el 555 quedan en el limbo. “Eso afecta el desarrollo urbano y el otorgamiento de licencias de construcción hasta no contar con un fallo definitivo. Sin mencionar los impactos que pueden tener otras demandas que también están haciendo tramite”.
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Normas en suspenso
Pero otros temas podrían entrar en una especie de suspenso. Esto último se aplicaría para los decretos y resoluciones que se han expedido con el fin de desarrollar el POT 2022-2035. Es el caso, según fuentes de la Administración, de las condiciones para el traslado de las bodegas de reciclaje y las acciones para la adecuación de las ECA (estaciones de clasificación y aprovechamiento); la aclaración sobre la aplicación del área mínima para las viviendas de interés social y de interés prioritario, así como la regulación de los procedimientos para la localización y el desarrollo de equipamientos dedicados al cuidado de la salud y de los servicios sociales, de seguridad ciudadana y defensa.
Los que no tendrán ningún tipo de suspensión, de acuerdo con William Mendieta y Felipe Jiménez, secretario de Gobierno, serán los grandes proyectos de infraestructura, como la construcción de la primera línea del metro, las troncales de TransMilenio de la avenida 68 y la Ciudad de Cali, los cables y los proyectos del corredor verde en la carrera séptima y la segunda línea del metro.
Tampoco se afectará el sistema de cuidado ni la conformación de la región metropolitana. “Todos esos proyectos ya están andando, y los vamos a poder sacar adelante. El metro, por ejemplo: tiene más reversa el río Bogotá”, asegura Jiménez, quien, no obstante, respecto al impacto en temas claves en la norma suspendida como la estructura ecológica principal de la ciudad y la no expansión del área urbana, señaló que la Alcaldía está analizando con los equipos jurídicos de la secretarías de Planeación, Hábitat y Ambiente los efectos de la suspensión de la hoja de ruta.
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El funcionario, quien también se mostró confiado en que el Tribunal Superior de Bogotá se pronuncie en 20 días, señaló que antes de la decisión del juzgado estaba en camino el cronograma para la expedición de la normativa y regulación del POT, en el sentido de que la regulación se hiciera de cara a la ciudadanía y los gremios.
No obstante, la concejal María Fernanda Rojas, quien durante la discusión del proyecto fungió como presidenta del cabildo distrital, advierte que la decisión del juez quinto administrativo oral es “retroceder 20 años”. Se ponen en riesgo, agrega, temas en los que la ciudad estaba avanzando con el decreto 555, como el modelo de transporte basado en una red férrea, la protección ambiental y a los moradores en los procesos de renovación urbana, así como los instrumentos y las cargas para la actividad de la construcción.
Pero, más allá de los temas que se puedan ver suspendidos o frenados con la decisión judicial, mientras no haya un fallo de fondo, la ciudad queda en muchos aspectos en una especie de incertidumbre sobre cuál será su carta de navegación para los próximos años, si el decreto 555 de 2021 o el 190 de 2004.
GUILLERMO REINOSO RODRÍGUEZ
Editor de Bogotá
@guirei24
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