“Las rejas de los conjuntos se convirtieron en pasadizos de agua, alcohol, alimentos y municiones. El administrador del conjunto instaló una polisombra para evitar esa situación, pero los vándalos la quitaron. Al ver esto, les dije: ‘¿Qué les pasa?’. Y se armó el problema. Salieron los vecinos que los apoyan y nos agredieron a mi familia y a mí; en eso, uno de los de la primera línea me miró y me dijo: ‘Los tenemos en la mira y si no se van, los quebramos’ ”.

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Pero Bermúdez y su familia no son los únicos afectados por esta situación. De acuerdo con la administración del conjunto, son cerca de 60 familias las que en los últimos meses han desocupado sus viviendas, bien sea porque han sido amenazadas o porque las condiciones de vida, seguridad y transporte se deterioraron.

Este año no hay adornos navideños en las ventanas; en su lugar se ven filas de letreros de ‘Se vende’ o ‘Se arrienda’ pegados en las ventanas de las viviendas, y se teme que al inicio del 2022 puedan ser más.

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Los residentes de Las Margaritas –la UPZ 83, donde quedan 33 conjuntos residenciales de vivienda multifamiliar– y de los barrios Britalia, El Carmelo, Bosa Brasil y Patio Bonito, todos en la frontera entre Bosa y Kennedy, han denunciado que vivir en la zona “es un acto de fe”, como lo asegura Marco Ruiz, líder comunitario del sector, quien, además, plantea que la crisis de seguridad que vive el lugar no solo ha hecho que la gente abandone sus hogares, sino que ha “tirado al piso el valor de los predios”.

Por ejemplo, dice Ruiz, “por las casas que antes se vendían a 200 millones ahora no están ofreciendo ni 120 millones, eso se ha bajado al 50 por ciento, porque nadie quiere comprar en el sector y la gente ha tenido que irse a vivir a otros lados y poner las casas en arriendo, pero tampoco las toman en arriendo; por un arriendo que antes valía 700.000 pesos, ahora por ahí están ofreciendo 500.000 por un mes”.

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No obstante, según información que conoció EL TIEMPO, en algunos casos los apartamentos que se toman en arriendo son ocupados por los mismos violentos para tener allí sus centros de operación. Así, como indicó una fuente que solicitó mantener su identidad en reserva, “el conflicto se ha trasladado al interior de las zonas residenciales y no sé puede hacer nada”.

Recientemente la alcaldesa Claudia López manifestó que “el portal Américas está totalmente recuperado desde que fue destruido y vandalizado. Hemos realizado la recuperación con los mismos jóvenes del lugar y el sector está fluyendo. Hemos hecho una recuperación de toda la zona de Britalia y de Chicalá (…) los vecinos del sector merecen una Navidad tranquila y desde junio hasta diciembre todo lo que destruyeron está recuperado".

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Pero la realidad que manifiesta la mandataria no es la misma que los vecinos del sector viven desde que empezaron las manifestaciones y que se repite todos los días 28 de cada mes. El líder comunitario Marco Ruiz dice: “Lo único que se ha hecho es arreglar las instalaciones del portal y el Supercade. Pero el problema real que la alcaldesa no ve y que parece no le interesa está en los barrios con el microtráfico y el vandalismo”.

Según los vecinos del sector, la crisis se expandió y lo que se inició como jornadas de protesta y ollas comunitarias para expresar la inconformidad frente a políticas nacionales ahora se tomó los parques del sector, las cuadras, los conjuntos residenciales, y poco a poco se diluyó y fue reemplazada por delincuencia y microtráfico.

Por ejemplo, una mujer residente del sector contó que “la plazoleta del portal era un mercado persa de droga, hasta que los desplazaron y se fueron hacia el parque El Mundo, que ahora es el epicentro”.

Uno de los hechos que más han consternado a la comunidad es la formación de un grupo delictivo denominado ‘el Renacer’, que se ubica en la bomba Terpel, junto a la Iglesia Bíblica de Jesucristo, desde la calle 49 sur con avenida Ciudad de Cali hasta la carrera 89.

Según los vecinos, ese grupo se reúne por las noches y “cuando hay muchos cierran la calle, piden peaje para pasar, comercializan droga y roban toda la noche a las personas que pasan por ahí. Por ejemplo, las personas que caminaban desde el portal hasta Las Margaritas ya no lo pueden hacer porque si caminan les roban y si se montan en bicitaxis también resultan sin sus cosas”, contó Rojas.

Esta situación la han denunciado concejales como Lucía Bastidas, quien afirma que lo que se ve en la zona “es una total pérdida de la autoridad, tanto de la Policía como de la Alcaldía, además de una incapacidad de exigencia de la Personería”.

Según Bastidas, la única que puede presionar a la Administración Distrital para actuar en esta zona es la entidad de control; sin embargo, “parece que la Personería tuviera miedo de tomar acción; los he visto cuestionando la acción del Esmad, pero nunca los he visto investigando las bombas de los vándalos”.

A esto, la Personería de Bogotá respondió que desde abril hasta agosto de este año se realizaron varias jornadas de concertación entre la primera línea, el episcopado, la Secretaría de Gobierno y la institucionalidad para llegar a acuerdos de convivencia en el marco del paro nacional, y que, incluso, ellos mismos se han visto agredidos.

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Esmeralda Caro, coordinadora del Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de los Derechos de la Personería, explica que luego de estas reuniones se empezó a dar una dinámica de transporte ilegal, extorsión y pago de peajes ilegales, además de un asentamiento de microtráfico en los parques vecinales.

Para la funcionaria, hubo una reconfiguración de la dinámica delictiva: “Los escenarios de los últimos meses son de consumación de la violencia, donde no hay manifestación sino intenciones de atacar a la Fuerza Pública y a los funcionarios de la Personería y la Defensoría, con la finalidad de sacarlos del territorio para que la delincuencia se pueda apropiar del espacio”.

La institución indica que entre abril y el 1.º de diciembre, en el portal Américas y los barrios aledaños se han realizado cuatro restituciones de espacio público, cinco reuniones vecinales, 10 acompañamientos en jornadas de conflicto, 26 PMU y 40 acciones de monitoreo.

Así mismo, la alcaldesa local de Kennedy, Yeimy Agudelo, afirma que se han adelantado acciones de reparación del espacio público y labores de captura y judicialización de grupos vandálicos. Según la funcionaria, “se ha realizado un trabajo interlocal con Bosa para mitigar el impacto de los encuentros”.

Aunque las instituciones reportan acciones, líderes consultados por este diario dicen que esperan que “las autoridades tomen el control del sector” porque, de lo contrario, como asegura el líder Marco Ruiz, puede seguir creciendo el desplazamiento, y quienes no puedan abandonar la zona deberán resignarse a “aguantar y seguir intentando que los escuchen”.

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JONATHAN TORO CON REPORTERÍA DE DIEGO LOZANO*
EL TIEMPO