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Bogotá

¿Por qué hubo suspensión provisional del POT de Chía?

Se aprobaron acuerdos técnicos de ordenamiento territorial entre los municipios de Choachí, La Calera, Ubaque, Sesquilé, Fusagasugá, Sibaté, Soacha, Cajicá, Chía, La Calera, Tabio, Zipaquirá, Funza y el Distrito Capital, que permitirán trabajar en la armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial de estos municipios.

Se aprobaron acuerdos técnicos de ordenamiento territorial entre los municipios de Choachí, La Calera, Ubaque, Sesquilé, Fusagasugá, Sibaté, Soacha, Cajicá, Chía, La Calera, Tabio, Zipaquirá, Funza y el Distrito Capital, que permitirán trabajar en la armonización de los Planes de Ordenamiento Territorial de estos municipios.

Foto:Alcaldía de Chía

Un juez de Zipaquirá tomó la decisión en el estudio de una demanda de nulidad de ciudadanos.

Una suspensión temporal y preventiva deja sin efecto a partir de este miércoles el acuerdo 100 de 2016, mediante el cual se aprobó el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Chía. Es decir que, mientras no se levante la medida, el municipio se regirá por el acuerdo 17 de 2000, el anterior.
Esta decisión responde a una demanda interpuesta por un grupo de ciudadanos que veía con preocupación cómo el POT de 2016 había aprobado una serie de decisiones sin socializarlas oportunamente con la comunidad.
Aunque este POT sí había pasado por manos de la CAR, agremiaciones y por la comunidad, dos días antes de pasar a aprobación fue objeto de modificaciones que la ciudadanía no alcanzó a conocer.
La decisión del Juzgado de Zipaquirá así lo reconoce: “Uno es el documento objeto de socialización durante los años 2012, 2013 y 2014, otro el presentado en febrero del año 2015 ante la CAR, otro el que finalmente fue objeto de concertación ambiental adoptado en la Resolución CAR No. 3024 del 30 de diciembre de 2015, y otro el que fue objeto de modificación y concertación ambiental en 2016”. En últimas, el POT aprobado no sería el que conoció la ciudadanía.
Ahora, según veedores, entre las modificaciones coladas hay varias que ponen en riesgo a Chía en lo ambiental y urbanístico.
Por ejemplo, denuncian que se aprobaron 299 hectáreas de expansión urbana que en realidad son suelos de clases agrológicas I y II. Es decir que se pretendía construir más de lo permitido en zonas rurales protegidas. También indican que la propuestas del POT no se soportó en “un análisis serio” que tuviera en cuenta el crecimiento sostenible de Chía y sus impactos en vías de transporte y servicios públicos.
“Planteaba una expansión desmedida. Chía no resiste una urbanización más: ese POT era un ‘ecocidio'”, dijo Luis Correa, uno de los veedores. Agregó que la comunidad que respaldó la demanda celebra la decisión del juzgado, pues significa “ganar, en parte, la pelea al grupo de grandes urbanizadores de la sabana de Bogotá”.
Quien sí lamenta la decisión es el alcalde municipal Leonardo Donoso. “Es un retroceso muy grande para Chía. Volvemos más de 20 años atrás en el desarrollo del territorio”, afirmó. Según Donoso, con esto quedan congeladas obras como la troncal del Darién, la troncal del río y el Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
“El impacto es ambiental, fiscal y legal. Con el POT del 2000 se va a disparar la construcción en los suelos rurales de protección, las rondas de los ríos no tendrán protección, tampoco los cerros orientales”, agregó.
Dijo que el viejo POT no está en consonancia con la sentencia del río Bogotá, por lo que muchos temas ambientales quedan abiertos y en riesgo. Por ahora, Donoso aseguró que, aunque acata la decisión, la apelará ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
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