Por qué la Contraloría embargó el sueldo de presidenta del GEB

Por qué la Contraloría embargó el sueldo de presidenta del GEB

No hay soportes de gastos reembolsables y se pagaron viáticos sin soportes en contrato con BGR.

Los tres proyectos a los que les apostará la EEB

Astrid Álvarez, presidenta de la Empresa de Energía de Bogotá, espera mejorar el gobierno corporativo de la entidad.

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Cortesía EEB

Por: Redacción Bogotá 
08 de febrero 2020 , 09:20 a.m.

La Contraloría Distrital ordenó el embargo del sueldo de la presidenta del Grupo Energía Bogotá (GEB), Astrid Álvarez, por dos supuestas irregularidades encontradas en la ejecución del contrato del grupo bogotano con Berkeley Research Group (BRG).

La primera, porque no hay soportes o facturas de los gastos reembolsables, y la segunda, por el pago de viáticos sin los soportes de las actividades realizadas en dicho contrato.

Según el ente de control, en el contrato, cuyo objeto era obtener un “dictamen especializado”, se causó un detrimento al Distrito de 2.040 millones de pesos de un total de 3.000 millones que se cancelaron. El organismo, además, habría compulsado copias a la Fiscalía y la Procuraduría.

En un breve comunicado, el GEB señala que la medida de embargo “está siendo objeto de estudio por parte de los abogados con el fin de evaluar las acciones legales a las que haya lugar”.

En el mismo documento asegura que a la fecha no ha sido notificado de dicho proceso de responsabilidad fiscal y le pide al contralor distrital “la notificación personal del auto de apertura”.

El caso tiene que ver también con un episodio de chuzadas que se habrían hecho desde la firma BRG a varias personas, entre ellas al presidente de Enel Colombia (socio del grupo de energía bogotano), Lucio Rubio, con quien la GEB sostiene un pleito ante tribunales de arbitramento.

Según el grupo de energía de la capital, BRG fue contratado para que adelantara trabajos de “búsqueda de información y análisis que le permitieran asegurar que existían razones fundadas para activar reclamaciones judiciales en defensa del patrimonio público”, y que en ningún momento estaban relacionadas con actividades ilegales.

En el caso de las chuzadas se encuentra privado de la libertad el exdirector de inteligencia del DAS Laude Fernández, quien también oficiaba como director general de BRG.

En un segundo comunicado, el GEB se refirió ayer al proceso de responsabilidad fiscal y señaló que funcionarios de este organismo de control tuvieron acceso a “información confidencial” obtenida en el desarrollo del contrato.

“No obstante lo anterior, el Grupo puso a disposición de la Contraloría Distrital los informes, por lo que sus funcionarios tuvieron acceso pleno al contenido de estos”, manifiesta el GEB.

El grupo bogotano, que fue considerado por la alcaldesa Claudia López la “joya del distrito”, reitera que el estudio elaborado por BRG es de carácter “eminentemente técnico” y se ocupó primordialmente de analizar el futuro del negocio de las energías renovables y sus proyecciones de crecimiento en la región”.

Por su elaboración se acordaron “varios pagos que se realizarían contra la entrega y verificación de los soportes”.

En su segundo comunicado, el GEB finaliza insistiendo en que “no ha sido notificado de ningún tipo de investigación fiscal que involucre a nuestros colaboradores”.

Redacción Bogotá

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