¿Por qué sigue en suspenso el arranque del taxi inteligente?

¿Por qué sigue en suspenso el arranque del taxi inteligente?

El Ministerio de Transporte tiene en sus manos la solución de la parálisis del proyecto.

Imagen taxis inteligentes

Esta imagen fue captada en tiempo real con los taxis que se han vinculado al sistema de tabletas. En azul el origen de los servicios y en rosado el destino al que llegan.

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Imagen: Movilidad

Por: Bogotá 
07 de noviembre 2018 , 06:11 a.m.

El programa de taxi inteligente de Bogotá, mediante el cual el Distrito quiere garantizar que haya transparencia en la tarifa que se cobra al usuario y un registro de conductores e información del servicio en tiempo real, quedó atascado en un error de procedimiento del Ministerio de Transporte.

Ese error consistió en que dicha entidad expidió la resolución que reglamentó el servicio de taxi de lujo (2163 del 2016) sin contar con un concepto de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), que era requisito para que esa norma cursara, en la cual se fundamentó Bogotá para reglamentar su servicio, entre el 2016 y el 2017.

La resolución 2163 se expidió el 27 de mayo del 2016, y el concepto de la SIC llegó el 20 de junio, pero este error del Ministerio se hizo público solo el 30 de abril del 2018, cuando, en una demanda de nulidad, el Consejo de Estado suspendió los efectos de la norma del ministerio, por no haber tenido en cuenta el concepto de la SIC.

En ese momento, Bogotá ya había expedido tres decretos, pues la norma nacional daba la opción de que los gobiernos locales aplicaran las plataformas inteligentes en el servicio básico de taxi.

El primero fue el decreto 630 del 2016, con medidas para “la adecuada operación, inspección, vigilancia y control del servicio de taxi en Bogotá”; el segundo, el 456 del 2018, que implementaba las plataformas tecnológicas para la atención y el reporte de información del servicio de taxi en el nivel básico, y el tercero, el 568 del 2017, que adoptó el sistema de cobro de la tarifa con plataforma inteligente, a cambio de taxímetro.

Hoy, más de 90.000 conductores están registrados, 5.640 taxis ya están utilizando plataformas inteligentes para el cálculo de la tarifa y se han hecho más de 378.000 registros de servicios de taxi inteligente. En los reportes del Distrito, conocidos por el Ministerio de Transporte y la SIC, consta que 52 de 57 empresas autorizadas para prestar el servicio de transporte individual se han vinculado al proceso de taxis inteligentes.

Todo esto –que para los empresarios de taxis y dueños de vehículos ha implicado inversiones por más de 15.000 millones de pesos y para Movilidad de más de 1.700 millones– está frenado, aunque el 18 de agosto pasado el Distrito logró que el Consejo de Estado revocara la suspensión de la resolución 2163.

Pero está paralizado porque el Consejo de Estado levantó la suspensión con la condición de que el Ministerio de Transporte subsanara el error de no haber tenido en cuenta el concepto de la SIC, y la entidad nacional no ha hecho el trámite, por el momento sin explicaciones de por qué no ha cumplido con la orden judicial.

En esta polémica terció la SIC, que, ante una consulta del Ministerio de Transporte, sacó a relucir que la entidad ha hecho caso omiso de los cuestionamientos que este organismo de vigilancia y control dice tener desde el 2015 sobre las normas que ha expedido el Gobierno Nacional en torno al taxi de lujo.

La consulta del ministerio a la que responde la SIC estaba encaminada a preguntar si la solicitud específica de dispositivos y otras disposiciones de parte de las autoridades locales constituyen restricciones de la libre competencia del mercado o el derecho de los consumidores al acceso al servicio básico de transporte individual.

Fuentes de la Secretaría de Movilidad le dijeron a EL TIEMPO que la SIC se extralimitó porque dedicó el concepto a analizar si los decretos de la Alcaldía de Bogotá estaban destinados a asegurar los principios rectores del transporte, cuando ese asunto no es de su competencia.

La SIC dice en su concepto que las medidas de Bogotá se fundamentaron en normas nacionales de las que la Superintendencia “advirtió potenciales efectos negativos sobre la libre competencia y los consumidores, sin que en su momento hayan sido adoptadas las recomendaciones”. Acerca de los decretos del Distrito, la SIC asegura que regulan “de forma excesiva las plataformas tecnológicas, sin que en algunos casos sean evidentes las fallas del mercado que se pretenden resolver con el exceso de carga regulatoria, y en otros, tampoco se observa un claro beneficio a favor de los usuarios”.

A Movilidad le llama la atención que en el pasado, la SIC ha manifestado que ellos no son competentes para definir el mecanismo de cobro y ahora sí lo hacen, y que cuestiona a Bogotá que está trabajando en el tema y no a las demás ciudades que no tienen mecanismos de cobro fidedignos.El Ministerio de Transporte aún no se ha pronunciado sobre este tema.

Cuatro preguntas a la Secretaría de Movilidad sobre el taxi inteligente

Algunas críticas de la SIC que responde el Distrito

Hay sobrerregulación de Movilidad hacia las plataformas que inhibe la competencia.

Movilidad utilizó las características de las plataformas establecidas en la resolución 2163 de 2016 y adicionó el algoritmo de cobro de la tarifa para el Distrito. El Ministerio de Transporte ha habilitado más de 23 plataformas, y el impulso se dio por la expedición de la normativa distrital, donde funcionan diez plataformas, así que ha habido innovación y competencia.

Las plataformas tecnológicas como mecanismo de cobro no están debidamente justificadas.

Movilidad ha seguido los lineamientos del Gobierno Nacional en cuanto a la reglamentación del servicio de taxi. El cambio en el mecanismo de cobro se estableció en el Ministerio de Transporte desde el 2015, y lo reiteró en el 2016.

Desdibuja la diferencia entre nivel básico y de lujo (de taxi) por uso de plataformas en ambos.

El Ministerio de Transporte dio libertad de utilizar las plataformas tanto en el básico como en el de lujo y exigió a las empresas que tuvieran a disposición las plataformas para el básico. Las características del servicio básico de accesibilidad y tarifa son diferentes a las del servicio de lujo.

Posibilidad de que los conductores usen cualquier plataforma.

Desconoce la reglamentación del sector transporte, pues son las empresas las responsables de la prestación del servicio y no el conductor.
Permitir al conductor escoger la plataforma desdibuja la cadena de control, ya que las sanciones están establecidas por ley para las empresas y el esquema legal se encuentra fundamentado en las empresas.

Redacción Bogotá 
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