Un debate quedó planteado el lunes luego de conocerse que el juez Leonardo Antonio Castañeda, el mismo que suspendió la venta de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB), había sido contratista de la pasada administración.
Castañeda, quien se desempeñó como abogado especialista de la Unidad de Mantenimiento Vial, también se había pronunciado en el pasado a favor de un proyecto de renovación urbana cuando era juez segundo de Bogotá, bajo la administración de Gustavo Petro.
Aunque para algunos el hoy juez cuarto debió declararse impedido o, en su defecto, la Alcaldía debió haberlo recusado, fuentes del gobierno le dijeron a EL TIEMPO que ninguna de las dos acciones está contemplada en las normas legales vigentes.
“No hay razón para que la Alcaldía recuse al juez. Nosotros seguimos en el proceso de apelar la decisión que se adoptó en contra de la venta de la ETB y no acudiremos a otra instancia distinta”, manifestó la fuente de la Alcaldía.
Para el Distrito son claros los argumentos que posibilitaron que el Concejo aprobara la enajenación de la empresa.
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