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Peso por peso, así se invertirá la plata del Rescate Social
Pesos colombianos

El proyecto se aprobó esta semana en el Concejo de Bogotá.

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Andrzej Rostek - iStock

Peso por peso, así se invertirá la plata del Rescate Social

El proyecto se aprobó esta semana en el Concejo de Bogotá.

Serán 1,9 billones de pesos que se destinarán a TransMilenio y a un paquete social.

Una vez la alcaldesa Claudia López firme el decreto 265 de 2021, que contiene el Plan de Rescate Social, comenzarán a ejecutarse los 1,9 billones de pesos que el Concejo le aprobó esta semana a la Alcaldía de Bogotá.

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En esencia, el dinero se dividirá en dos partes. Una, por un monto de 1,15 billones de pesos, se entregará a TransMilenio, y otra, por un monto de 769.412 millones de pesos, se destinará a un paquete social que financiará transferencias monetarias, programas de educación y generación de empleo, subsidios de vivienda, atención a primera infancia, mejoramiento vial y de espacio público y apoyos al sistema de salud pública (ver gráfico).


Esto es lo que usted debe saber de la millonaria inversión que hará la ciudad en los próximos cuatro meses.

TransMilenio

El 71 por ciento de los costos operativos se cubrían mediante el pago del pasaje, y el 29 por ciento lo cubría el Distrito a través del FET


La empresa TransMilenio indicó que los 1,15 billones de pesos que les correspondieron del Plan de Rescate se utilizarán para cubrir el diferencial tarifario en lo que resta de 2021. Recuerde que los costos de operación de TransMilenio y el SITP se pagan con los ingresos que se generan (por pago de pasajes, publicidad, etc.) y con el Fondo de Estabilización Tarifaria (el dinero con el que se completa lo que no terminan de cubrir los ingresos).

Según cifras de TransMilenio, en 2019, “el 71 por ciento de los costos operativos se cubrían mediante el pago del pasaje, y el 29 por ciento lo cubría el Distrito a través del FET”. Pero esa relación se invirtió en 2020 por la baja de pasajeros (mientras menos pasajeros, menor ingreso de pago por tiquetes) y quedó así: “el 35 por ciento de los costos se cubrieron con el pago del pasaje y el 65 por ciento lo asumió el Distrito mediante el FET”.

Esto aumentó el hueco financiero que ya existía antes de la pandemia. Y podía seguir creciendo; TransMilenio sostiene que en el segundo semestre de este año se tenían proyectadas necesidades de recursos para el FET por 1,27 billones de pesos (además de los 1,2 billones que, en una situación normal, se hubieran proyectado para este año).

De acuerdo con la empresa, hasta este momento, “el sistema cuenta con un saldo de 153.000 millones en el FET, lo que corresponde de manera aproximada a los costos de tres semanas de operación”. Sostienen que si no se hubieran aprobado estos recursos, solo se hubiese tenido dinero para operar después de septiembre.

Sin embargo, el dinero que autorizó el Concejo –con posiciones muy divididas– tiene unas condiciones. El Plan de Rescate, en su artículo 9, exige que el Distrito desarrolle en el próximo mes un “modelo de alertas y prevención de ataques a la infraestructura” en situaciones de vandalismo como las que, en los últimos meses, han dejado daños avaluados en 23.371 millones de pesos.

De otro lado, el artículo 11 exige la instalación de una mesa de revisión de contratos con los concesionarios del sistema y, además, se debe elaborar un informe que plantee qué tan viable es, o no, modificar los contratos de manera unilateral. Sin embargo, expertos han advertido que eventuales renegociaciones de contratos pueden tardar hasta 10 años e incluso acarrear demandas.

(Para seguir leyendo: El drama de TransMilenio: colados no le temen a la ley)

El paquete social

Los otros 769.412 millones de pesos del paquete están listos para invertirse en distintas estrategias.

La mayor parte (389.303 millones de pesos) se la llevarán las transferencias monetarias, que, se espera, permitirán que 150.000 familias salgan de la pobreza y 250.000, de la pobreza extrema a través del programa de Ingreso Mínimo Garantizado, que se ejecuta mes a mes desde que empezó la pandemia. Entre febrero y agosto de 2021, por ejemplo, 751.560 familias han recibido transferencias monetarias con recursos del Distrito o de la Nación.

Sin embargo, el panorama sigue siendo crítico. Según las cifras del Dane, 3’357.585 habitantes de Bogotá están en pobreza monetaria (ganan menos de 455.030 pesos) y 1’108.836 personas, en pobreza extrema (ganan menos de 178.607 pesos mensuales).

Pero, para mitigar los efectos desde acciones más sostenibles en el tiempo, el Distrito invertirá 114.277 millones en educación y generación de empleo, de los que al menos la mitad se destinarán a jóvenes y mujeres, dos poblaciones golpeadas económicamente por la pandemia del covid-19.

Adicionalmente, el plan de rescate prevé también inversiones en materia de hábitat. Según el Distrito, se invertirán 91.982 millones de pesos en subsidios de vivienda que se traducirían en 6.500 soluciones de vivienda para familias vulnerables.

Finalmente, la Secretaría Distrital de Hacienda indica que otros “41.000 millones irán para atención a primera infancia; 33.000 millones, para el mejoramiento de malla vial y espacio público en barrios de la ciudad, y 100.000 millones, al Fondo Financiero Distrital de Salud, para apoyar a las subredes del sistema (ampliamente afectado por el covid)”.

El Concejo de Bogotá le advirtió al Distrito que este era un voto de confianza y que ahora la responsabilidad estaba en la correcta ejecución por el Distrito del millonario presupuesto.

La nueva polémica

Como ya lo había anticipado EL TIEMPO, uno de los puntos que iba a generar polémica en la última votación del Plan de Rescate Social sería la inclusión de una partida de 5.000 millones de pesos para la Personería y la Contraloría de Bogotá.

Las concejales Marisol Gómez y Ati Quigua propusieron suprimir esa adición presupuestal, iniciativa que fue respaldada por concejales como Susana Muhamad y Carlos Fernando Galán. Sin embargo, al final los votos no permitieron eliminar ese monto.

EL TIEMPO ya había consultado con ambos entes de control por qué habían pedido el dinero y en qué invertirían estos recursos. La Contraloría respondió que “los recursos contemplados se destinarán al fortalecimiento de la capacidad institucional de la Contraloría de Bogotá, con el fin de continuar fortaleciendo los procesos de vigilancia y responsabilidad fiscal que son de su competencia”.

Por el lado de la Personería, el ente de control dio varios argumentos. Uno de ellos se refiere a una “reducción significativa de presupuesto” en los últimos dos años.
Específicamente, el ente dijo que se “vio la necesidad de contar con los recursos necesarios” en el Grupo para el Acompañamiento en Escenarios de Posible Vulneración de Derechos (GAEOVD), a fortalecer una meta de desarrollo y administración de servicios TIC, a fortalecer la “promoción y defensa de los DD. HH. y el DIH” y la “potestad disciplinaria” pues, dicen, la alta demanda de solicitudes ciudadanas muchas veces “exceden los niveles de evacuación óptimos”.

EL TIEMPO 

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