En un mes de vigencia de la medida de pico y placa para carros de servicio especial (automóviles, camionetas y camperos con capacidad máxima de cuatro pasajeros sin incluir al conductor) se han impuesto 39 comparendos con seis inmovilizaciones por incumplir la norma.
Esta medida, que empezó a regir el 29 de julio con multa de 344.700 pesos, buscaba que salieran de las vías cerca de 3.000 de estos carros diariamente, de los 15.000 que hay en la ciudad, según datos de Movilidad. Al día, la restricción se aplica a 2 dígitos, de lunes a sábado de 5:30 a. m. a 9 p. m.
Para Darío Hidalgo, experto en la medida, el bajo número de comparendos podría deberse a que se está acatando la restricción.
Otra cosa considera Lupoani Sánchez, presidente de la Asociación Colombiana de Transporte Terrestre Automotor Especial (Acoltés), para quien “este número de comparendos es una respuesta, la cual indica que las empresas aumentaron su parque automotor y lo que se hizo fue disminuirle el ingreso económico al propietario del carro, y para suplir la demanda las empresas han traído vehículos de otras ciudades que no tengan pico y placa”.
El gerente de servicios de la empresa de transporte Sociedad JAR S. A. S., Diego Burbano, manifiesta que si un carro antes trabajaba 30 días al mes, ahora con esta medida se bajó a 25 y esos cinco días son descontados a la camioneta... “y para su reemplazo se contrata otro vehículo, lo que hace que la operatividad tenga mayor desgaste y los recursos económicos sean mayores”.
Daniel Paéz, experto en movilidad de la U. de los Andes, considera apropiada esta medida, ya que el Gobierno Nacional, que es el responsable, no está haciendo nada. “El secretario Juan Pablo Bocarejo y el alcalde Enrique Peñalosa no tuvieron otra opción que actuar operativamente para tratar de ofrecer un mercado justo tanto a taxis como a los que prestan servicio con Uber. Sin embargo, esto no es sostenible en el largo plazo”, agrega Páez.
BOGOTÁ
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