Inhabilitan exalcaldes de Kennedy, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal

Inhabilitan exalcaldes de Kennedy, Rafael Uribe Uribe y San Cristobal

Los disciplinados enfrentan irregularidades en suscripción y ejecución de convenios de asociación. 

Personería de Bogotá

Según la Personería de Bogotá, los tres "desconocieron los principios de transparencia, moralidad y selección objetiva en la contratación estatal".

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Personería de Bogotá

Por: Bogotá
08 de julio 2019 , 08:05 p.m.

La Personería de Bogotá destituyó e inhabilitó por 10 años a los exalcaldes Luis Escobar Franco de Kennedy y a Diana Mabel Montoya Reina de Rafael Uribe Uribe. También inhabilitó por 12 años a Jairo León Vargas de San Cristóbal por irregularidades en la suscripción y ejecución de convenios de asociación con el fin de contratar de forma directa servicios y bienes, los cuales deben ser adjudicados por concurso público.

A través de estos convenios de asociación, las entidades estatales pueden impulsar programas y actividades previstas en los planes de desarrollo –sin ánimo de lucro– que busquen promover derechos de personas en situaciones vulnerables; derecho a la educación, a la paz, a las manifestaciones artísticas, culturales y deportivas.

Sin embargo, ese tipo de convenios no se pueden suscribir para adquirir, abastecerse de un bien, producto o servicio, en los cuales el contratista cumple órdenes expresas de la entidad estatal, como ocurrió en los casos de los tres exalcaldes locales.

Kennedy

El exalcalde de Kennedy Luis Fernando Escobar Franco ejecutó dos convenios de asociación, según el ente de control, eludiendo la licitación pública. En ambos casos se contrató el suministro de bienes y servicios con órdenes expresas de la alcaldía local.

El primero fue con la Fundación Olimpus para desarrollar las actividades de carrera ciclística, atlética y juegos comunales vacaciones recreativas. El contrato superó los 649 millones de pesos, de los que 590 millones fueron aportados por la Alcaldía y los 59 millones restantes provinieron de la Fundación Olimpus.

El segundo fue con la Fundación Somos Afro para desarrollar actividades de torneo de painball, campeonato de baloncesto, festival de porras y copa talentos de Kennedy, con un plazo de ejecución de 5 meses por más de 423 millones de pesos. De estos, 385 millones fueron aportados por la alcaldía Local y más de 38 millones puestos por la Fundación.

La investigación disciplinaria en contra de Escobar Franco había sido asumida por la Oficina de Asuntos Disciplinarios de la Secretaría de Gobierno, quien lo encontró responsable y lo inhabilitó por 15 años, en primera instancia. Sin embargo, la Alcaldía Mayor de ese entonces declaró la nulidad del fallo y después la Personería de Bogotá asumió el poder preferente del proceso.

San Cristóbal

El exalcalde de San Cristóbal Jairo León Vargas contrató de manera directa y ejecutó un convenio de asociación con la Fundación Camino Verde ONG social, cultural y ambiental (FUNDCAVE)  para realizar acciones de resignificación y apropiación de los territorios ambientales por más de 318 millones de pesos.

En este caso se evidenciaron obligaciones a cargo del contratista, quien debía ejecutar las acciones de socialización, elaboración de talleres, módulos pedagógicos, entre otros. Esa situación obligó a la Fundación a ejecutar actividades tales como la adquisición de bienes y servicios y contratación a personal de apoyo administrativo, situación que requiere otra forma de contratación, evadiendo así la convocatoria pública de selección objetiva para escoger al mejor proponente. Asimismo, se omitió la publicidad del proceso en el portal de contratación estatal, Secop.

Rafael Uribe Uribe

La exalcaldesa de Rafael Uribe Uribe Diana Mabel Montoya Reina eludió la selección objetiva del contratista y suscribió el convenio de asociación con la Corporación Volver a la Gente. Este contiene obligaciones que no corresponden a la naturaleza del convenio de asociación.

Se ejecutó con el fin de fortalecer procesos organizativos locales, de elección y participación de consejos y mesas con un contrato que supera el valor de 116 millones de pesos en un plazo de ejecución de cinco meses. De estos, la localidad aportó 104 millones y la corporación más de 11 millones.

De acuerdo con el ente de control, con la firma de los convenios de asociación en mención, se vulneraron los principios de transparencia, publicidad, moralidad y selección objetiva de la contratación estatal.

Contra la decisión de primera instancia procede el recurso de apelación, el cual será resuelto por la personera de Bogotá, en segunda instancia.

BOGOTÁ

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